30/11/2000 – Sentencia de la Cámara Unica del Trabajo de Córdoba – SALA VI.
Comisiones médicas. Constitucionalidad. Trámite administrativo revisable por la justicia federal con competencia en cada provincia, revisable a su vez por la Cámara Federal de la Seguridad Social. Protección de los derechos del trabajador y cumplimiento de las exigencias de los arts. 14 bis. y 18 de la CN.
En la ciudad de Córdoba, a treinta días del mes de noviembre del año dos mil, clausurado el debate se reunió a deliberar en sesión secreta el tribunal de la Sala Sexta de la Exma. Cámara de Trabajo, integrada por los señores Jueces de Cámara Carlos Alberto Federico Eppstein, José Narciso Rey Nores y Juan José Alba Crespo, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en autos “GONZÁLEZ IGNACIO W. C/ SUL AMÉRICA ART – Incapacidad”, de los que resulta:
I.- Que a fs. 1/7 comparece Ignacio Waldo González promoviendo demanda en contra de Sul América ART, actualmente absorbida por LIBERTY ART., persiguiendo el cobro de nueve mil setecientos sesenta y un pesos con treinta centavos en concepto de indemnización equivalente al diecinueve coma setenta y cuatro por ciento de incapacidad laboral parcial y permanente sobre la t.o., fundándola en lo dispuesto por los arts. 8º, 9º apart. 2 y 14 apart. 2 inc. a de la Ley 24.557. Sostiene haberse desempeñado a las órdenes de la Empresa B.A.E.S.A., con quién la actual demandada suscribió contrato de afiliación en los términos del art. 3 inc. 3 de la LRT y Dto. Reglamentario 334/96 para cubrir las contingencias previstas en dichas normativas, desde el diez de diciembre de mil novecientos setenta hasta el mes de junio de mil novecientos noventa y ocho, desempeñándose como operario múltiple de la actividad del sector – elaboración y venta de bebidas gaseosas – con un ingreso mensual base de un mil ciento catorce pesos;; denuncia sesenta y tres años al momento del distracto por lo que el coeficiente etario resulta 1,0317. Detalla las distintas tareas cumplidas durante la vigencia de la relación en ambientes con altos decibles sonoros causantes de su actual afección de hipoacusia neurosensorial bilateral inducida por ruido, que le produce la ya señalada incapacidad laboral equivalente al 19,74 de la T.O. y que médicolegalmente ha sido calificada como enfermedad profesional de acuerdo al certificado de fs. 1. Sostiene que la competencia del tribunal resulta de lo establecido en el art. 1º, de la ley 7987 planteando la inconstitucionalidad del trámite administrativo previo ante las comisiones médicas y la posterior intervención de la justicia federal que consagran los arts. 8 apart. 3, 21, 22 y art. 46 de la ley 24557, y arts. 10 y 28 del Dto. 717/96.
II.- Que en la audiencia prevista en el art. 47 de la ley 7987, fue imposible lograr el avenimiento de las partes, por lo que el actor se ratificó de su demanda, mientras que la demandada LIBERTY A.R.T. S.A. la contestó (fs.21). En el memorial respectivo (fs. 15/20), opuso como excepción de fondo la excepción de incompetencia del Tribunal ratione materiae y subsidiariamente contestó la demanda. Negó que el actor hubiera desempeñado las tareas señaladas en la demanda, que ellas fueran la causa de las dolencias que dice padecer, como también que éstas existieran y fueran determinantes de incapacidad alguna. Se opone, también, al planteo de inconstitucionalidad articulado por el accionante.
III.- Que abierta a prueba la causa, la parte actora ofreció confesional, testimonial, documental-instrumental y periciales médica, técnica y contable (fs.23/24); la demandada confesional, testimonial y subsidiariamente propone punto de pericia médica (fs. 25). Diligenciadas las pertinentes ante el juzgado de conciliación interviniente, los autos fueron elevados a esta Sala y, celebrada la vista de la causa (fs. 141 y 157), quedaron en condiciones de dictar sentencia. El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA: ¿Es competente el Tribunal para intervenir en el reclamo del actor, y en su caso que suerte debe correr su pretensión indemnizatoria? SEGUNDA: ¿Qué resolución corresponde dictar? Practicado el pertinente sorteo, resultó que los señores jueces emitirían sus votos en este orden: Carlos Alberto Federico Eppstein, Juan José Alba Crespo y José Narciso Rey Nores.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CAMARA CARLOS A.F.EPPSTEIN DIJO: El demandado a opuesto la excepción de incompetencia del Tribunal, y esa es la primera materia que debe ser resuelta. El problema se plantea debido a que el actor ha fundado su pretensión de reparación con fundamento en los arts. 8º, 9º ap. 2 y 14º ap. 2 a) de la Ley 24.557, y para poder hacerlo pide la declaración de inconstitucionalidad “del tramite administrativo frente a la comisiones médicas y la posterior intervención de la justicia federal” (sic, fs. 7 3r. párrafo) que exige la ley en cuestión. Da como razón de su solicitud “la violación al principio del juez natural y al de la garantía del debido proceso” (art. 18 CN). A partir del tercer párrafo de fs. 5 vta. ha desarrollado sus argumentos sobre este tópico. No los comparto. Bueno es señalar que las comisiones médicas provinciales y la Comisión Médica Central a que alude el art. 21 de la Ley 24.557 fueron creadas por el art. 51 de la nueva Ley Previsional 24.241 con el fin de evaluar las situaciones planteadas en las solicitudes de jubilaciones por invalidez. Así, con la sola intervención de estas se han unificado los criterios médicos, y consecuentemente evitado los conflictos que anteriormente se originaban derivados de las distintas resoluciones contradictorias de los diferentes institutos que integran la seguridad social, como por ejemplo ocurría respecto a la incapacidad absoluta establecida en el 4º párrafo del art. 212 del RCT y la de la Ley Previsional 18.037. A mi juicio la solución dada en el actual derecho positivo resulta correcta al ser en el ordenamiento previsional y en el de riesgos del trabajo el mismo órgano el que evalúa las incapacidades a través de las comisiones médicas provinciales, cuyas conclusiones son recurribles ante la Comisión Médica Central, o ante el juez federal con competencia en cada provincia, y a su vez estas ante la Cámara Federal de la Seguridad Social (art. 46 LRT). No me parece que la ley 24557 no cumpla con la exigencia de los arts. 14 bis y 18 de la C.N. ya que el hecho de haberse establecido un nuevo sistema especial no implica una desprotección del trabajo, sino, por el contrario, que el legislador siguiendo un nuevo criterio de política legislativa que le es propio, a creado otro distinto teniendo en consideración todos los elementos actuales de la actividad productiva. En definitiva, reitero que la ley 24.557 ha implantado un nuevo sistema de cobertura de los infortunios laborales, en el que no advierto irrazonabilidad reglamentaria que pueda considerarse que repugna con cláusulas constitucionales de manera clara, manifiesta e indudable, como para declarar su inconstitucionalidad, acto éste de suma gravedad institucional, ya que las leyes debidamente sancionadas y promulgadas, gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente, lo que obliga a un uso sobrio y prudente de tal atribución por parte de los jueces, ya que ella -como también ha dicho la Corte Suprema- debe ser considerada como “la última ratio del orden jurídico” (C.S. en “Rallien y otros s/ contrabando”, Sentencia del 7-5-91). Por todo lo expuesto considero que el Tribunal es incompetente para entender en la presente causa. Así voto.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CAMARA JUAN JOSE ALBA CRESPO DIJO: Comparto los argumentos y conclusiones del vocal preopinante, por lo que doy mi voto en esos mismos términos.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CAMARA JOSE N. REY NORES DIJO: Me adhiero a lo expresado por quien votó en primer término por estar de acuerdo totalmente con lo por él expresado.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CAMARA CARLOS A.F.EPPSTEIN DIJO: Atento al sentido del voto dado a la cuestión anterior, corresponde declarar la incompetencia del Tribunal para entender en la presente causa. Dada la novedad del asunto y sus características, considero que el actor pudo considerarse asistido por razones suficientes para litigar como lo hizo y las demandadas de citar a su aseguradora y, en consecuencia, que no obstante el rechazo de la demanda las costas deben ser impuestas por el orden causado (art. 28, Ley 7987). Los honorarios de los abogados intervinientes deben regularse de manera definitiva y de acuerdo a lo establecido en los arts. 29, 31, 34, 36 y 94 de la ley 8226; los de los peritos, conforme al art. 47 de la misma ley. Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CAMARA JUAN JOSE ALBA CRESPO DIJO: Que coincidía con lo dicho por el vocal preopinante, votando en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR JUEZ DE CAMARA JOSE N. REY NORES DIJO: Que estaba de acuerdo con los términos del voto dado a esta cuestión por el doctor Eppstein, por lo que se adhería a ellos y votaba en idéntico sentido. Por el resultado de los votos que anteceden y por unanimidad, el Tribunal RESUELVE:
I.- Declarar la incompetencia del Tribunal para intervenir en la presente causa.
II.- Imponer las costas por el orden causado.
III.- Regular de manera definitiva el honorario de los apoderados del actor Dres. Mario Rolando Martin y Verónica Finello, en conjunto y proporción de ley, en trescientos sesenta y ocho pesos; el del apoderado de la demandada Dr. Gonzalo Paulí, en dos mil ciento cuarenta pesos; el de los peritos oficiales contador José Agustín Picardo, ingeniero Juan Carlos A. Paesani y médica Antonia María Estela Gambino de Soria, en trescientos pesos para cada uno;; el del médico Julio E. Crembil Achaval, en ciento cincuenta pesos para cada uno. Protocolícese.
FDO.: Eppstein – Rey Nores – Alba Crespo
