Decretos

RÉGIMEN DE FONDOS DE ASISTENCIA LABORAL 

Decreto 1228/2026 

DECTO-2026-1228-APN-PTE – Decreto Nº 408/2026. Modificación. 

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2026 

VISTO el Expediente Nº EX-2026-100721418-APN-CGDTEYS#MCH, la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 y el Decreto Nº 408 del 29 de mayo de 2026, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Título II de la referida Ley N° 27.802, entre otras cuestiones, se crearon los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), como instrumentos orientados a la cobertura de determinadas obligaciones derivadas de la extinción de las relaciones laborales. 

Que por el Decreto N° 408/26 se reglamentó el precitado Título II, con el objeto de posibilitar su efectiva implementación y establecer las condiciones necesarias para la adecuada administración y funcionamiento de los Fondos de Asistencia Laboral. 

Que a través de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA N° 1276/26, se establecieron las políticas de inversión aplicables a los referidos Fondos, determinándose los activos elegibles para la inversión de los recursos administrados y los lineamientos que deberán observar durante su vigencia. 

Que, posteriormente, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, y la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), entidad autárquica actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, dictaron, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas aclaratorias y complementarias necesarias para avanzar en la implementación del Régimen de los Fondos de Asistencia Laboral, mediante la Resolución General CNV N° 1167/26 y la Resolución General ARCA N° 5907/26. 

Que por la Resolución de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) N° 109/26 se incorporó un tratamiento regulatorio específico para los Fondos de Asistencia Laboral, adecuando la normativa vigente a las particularidades del régimen establecido por la Ley N° 27.802. 

Que en virtud de la citada normativa, los Fondos de Asistencia Laboral deberán instrumentarse a través de Fondos Comunes de Inversión Abiertos y Fideicomisos Financieros sujetos a la competencia de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), por tratarse de vehículos aptos para la canalización y administración de los recursos. 

Que, la instrumentación de los mentados Fondos mediante los referidos vehículos del mercado de capitales requiere el desarrollo e implementación de nuevos procedimientos, herramientas y procesos operativos, así como la adecuación de los sistemas informáticos necesarios para su funcionamiento. 

Que si bien dichos procesos cuentan con antecedentes en el mercado de capitales, requieren una implementación gradual durante un período razonable, a fin de verificar su adecuado funcionamiento y detectar y corregir eventuales errores, inconsistencias o demoras. 

Que la implementación del régimen constituye una innovación de significativa relevancia, en tanto involucra, por su alcance y naturaleza, a un universo amplio de empleadores y requiere la articulación de diversos sujetos, organismos públicos, entidades del mercado de capitales y proveedores de servicios tecnológicos y operativos. 

Que el régimen resultará aplicable a los empleadores del sector privado, quedando únicamente excluidas aquellas relaciones laborales mencionadas en el último párrafo del artículo 58 de la Ley N° 27.802 y a las relaciones laborales del Sector Público, entendiéndose por tal el definido en los términos del artículo 8° de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, y/o en las normas dictadas por las provincias, la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y las municipalidades, según corresponda. 

Que la puesta en funcionamiento del régimen requiere, asimismo, la actuación coordinada de distintos organismos, entre ellos el MINISTERIO DE ECONOMÍA, la SECRETARÍA DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO, la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV) y la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), cada uno en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Que el marco normativo y operativo necesario para la implementación del régimen ha sido desarrollado en un período reciente y en forma progresiva, encontrándose aún en proceso de adecuación determinados procedimientos, sistemas y herramientas indispensables para su funcionamiento integral. 

Que la CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (CAFCI), la CÁMARA ARGENTINA DE FIDEICOMISOS Y FONDOS DE INVERSIÓN DIRECTA EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS (CAFIDAP) y la CÁMARA DE AGENTES DE BOLSA (CADAB), las cuales nuclean a los principales actores que deben instrumentar los Fondos de Asistencia Laboral, solicitaron a través de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (CNV), que se evaluara la posibilidad de prorrogar el plazo de entrada en vigencia previsto en el Decreto N° 408/26 y de ampliar el período de carencia establecido en la Ley N° 27.802. 

Que en atención a la complejidad y alcance del nuevo régimen, resulta conveniente otorgar un plazo adicional que permita completar las implementaciones necesarias y realizar las pruebas correspondientes, procurando asegurar las condiciones adecuadas de funcionamiento al momento de su efectiva entrada en vigor. 

Que por el artículo 77 de la referida Ley N° 27.802 se estableció el 1° de junio de 2026 como fecha de entrada en vigencia del régimen relativo a los Fondos de Asistencia Laboral, facultando al PODER EJECUTIVO NACIONAL a prorrogarla por un plazo máximo de SEIS (6) meses. 

Que, en ejercicio de dicha facultad, por el artículo 27 del Decreto N° 408/26 se prorrogó la entrada en vigencia del régimen hasta el 1° de noviembre de 2026. 

Que, habiéndose verificado la necesidad de contar con un plazo adicional, resulta conveniente disponer una nueva prórroga de la entrada en vigencia del aludido régimen. 

Que, por otra parte, a través del artículo 65 de la mencionada Ley N° 27.802, entre otras cuestiones, se establece un período de carencia respecto de la aplicación del régimen y faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a establecer un plazo mayor. 

Que mediante el artículo 15 del Decreto N° 408/26 se estableció el cómputo del período de carencia previsto en el artículo 65 de la mentada Ley N° 27.802, fijando un plazo mínimo de SEIS (6) períodos mensuales. 

Que el establecimiento de un período de carencia responde a la necesidad de que los Fondos de Asistencia Laboral cuenten con un período inicial de acumulación de recursos que permita conformar un nivel de patrimonio suficiente para atender, de manera gradual y sostenible, las obligaciones que constituyen su objeto. 

Que, en particular, tratándose de un régimen de alcance general y de aplicación progresiva, la relación entre el nivel de contribuciones efectivamente integradas y las obligaciones que eventualmente deban ser atendidas por tales Fondos constituye un elemento relevante para preservar su adecuada solvencia, liquidez y estabilidad financiera. 

Que la modificación del período de carencia, a su vez, resulta, necesaria para contemplar las características propias de la etapa inicial de funcionamiento del régimen, durante la cual dichos Fondos se encontrarán en proceso de formación y acumulación de los recursos provenientes de las contribuciones de los empleadores. 

Que la extensión del período de carencia permitirá que, antes de que los Fondos de Asistencia Laboral deban atender las obligaciones previstas por el régimen, se haya conformado una base inicial de recursos que contribuya a una adecuada correspondencia entre los fondos acumulados y las obligaciones potenciales a cubrir. 

Que la experiencia y las solicitudes técnicas de las cámaras del sector evidenciaron que el plazo originario de SEIS (6) períodos mensuales resulta insuficiente para la conformación del patrimonio inicial, tornando necesario extender con carácter general dicho período a DOCE (12) períodos mensuales. 

Que, en función de lo expuesto, resulta razonable establecer que el período de carencia se compute por el término de DOCE (12) períodos mensuales contados desde el mes calendario en el que se registre ante la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) la efectiva integración de la primera contribución del empleador al citado Fondo. 

Que las medidas propiciadas no alteran los objetivos sustantivos perseguidos por la referida Ley N° 27.802, sino que procuran asegurar las condiciones operativas necesarias para su adecuada y efectiva implementación. 

Que, de este modo, la prórroga de la entrada en vigencia y la modificación del período de carencia constituyen medidas conducentes a preservar la seguridad jurídica, previsibilidad y adecuada operatividad del régimen, en beneficio de los sujetos alcanzados y de los organismos y entidades responsables de su implementación y funcionamiento. 

Que han tomado la intervención que les compete los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y los artículos 65, segundo párrafo, y 77 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el artículo 15 del Decreto N° 408 del 29 de mayo de 2026, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 15.- Plazo y cómputo del período de carencia. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 65 de la mentada Ley N° 27.802, el período de carencia mínimo será de DOCE (12) períodos mensuales y se computará desde el mes calendario en que se registre en la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) la efectiva integración de la primera contribución del empleador al Fondo de Asistencia Laboral, y abarcará DOCE (12) períodos de devengamiento y pago completos y consecutivos”. 

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 27 del Decreto N° 408 del 29 de mayo de 2026, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 27.- Prorrógase al 1° de diciembre de 2026 la fecha de entrada en vigencia del régimen establecido en el Título II – Fondo de Asistencia Laboral de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802”. 

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

MILEI – Diego César Santilli – Sandra Pettovello – Luis Andres Caputo 

e. 20/10/2026 N° 77829/26 v. 20/10/2026 

Fecha de publicación 20/10/2026 

JUSTICIA

Decreto 1067/2026

DECTO-2026-1067-APN-PTE – Acéptase renuncia.

Ciudad de Buenos Aires, 21/09/2026

VISTO el Expediente Nº EX-2026-84357317-APN-DGDYD#MJ, y

CONSIDERANDO:

Que la doctora Laura Cristina CASTAGNINO ha presentado su renuncia, a partir del 1° de noviembre de 2026, al cargo de JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 4 DE LA CAPITAL FEDERAL.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de noviembre de 2026, la renuncia presentada por la doctora Laura Cristina CASTAGNINO (D.N.I. N° 18.204.923) al cargo de JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 4 DE LA CAPITAL FEDERAL.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

MILEI – Juan Bautista Mahiques

e. 22/09/2026 N° 69087/26 v. 22/09/2026

Fecha de publicación 22/09/2026

PODER EJECUTIVO 

Decreto 409/2026 

DECTO-2026-409-APN-PTE- Régimen de Promoción del Empleo Registrado. 

Ciudad de Buenos Aires, 29/05/2026 

VISTO el Expediente N° EX-2026-38493652-APN-DGDA#MEC y el Título XXII de la Ley N° 27.802, y 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Título XXII de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 se contempla la Promoción del Empleo Registrado y, con ese objetivo, se prevé que los empleadores podrán regularizar las relaciones laborales vigentes del sector privado no registradas o deficientemente registradas, iniciadas hasta la fecha de promulgación de la referida ley. 

Que, en ese marco, por el artículo 169 de la mencionada ley se establece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL reglamentará los efectos que producirá la regularización de las relaciones laborales indicadas, los que podrán comprender, entre otros, la condonación de la deuda por capital e intereses que tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la Seguridad Social que allí se detallan e, igualmente, respecto de aquellos regímenes laborales o de la Seguridad Social que determine la Reglamentación de la ley. 

Que, asimismo, se prevé que dicha Reglamentación determinará los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse a las sumas adeudadas. 

Que, en razón de lo expuesto, resulta necesario reglamentar aquellos aspectos necesarios para la efectiva y correcta aplicación del referido Título XXII, conforme los objetivos dispuestos por la ley que integra. 

Que, en este marco, la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), ente autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, deberá implementar un Plan de Facilidades de Pago para la deuda que no resulte condonada, junto con los demás aspectos que estime pertinentes. 

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del H. CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los decretos delegados dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del H. CONGRESO DE LA NACIÓN tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos delegados, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles. 

Que los servicios de asesoramiento jurídico pertinentes han tomado la intervención que les compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 169 de la Ley N° 27.802. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Los beneficios del Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) establecido por el Título XXII de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 aplicarán a las obligaciones originadas en aportes, contribuciones y cuotas a que se refiere el primer párrafo del artículo 3° de la presente Reglamentación, que se encuentren vencidas hasta el último día, inclusive, del mes en que se presente la solicitud de regularización, sin perjuicio de las previsiones específicas para el inciso b) del artículo 169 de dicha ley. 

Las relaciones laborales incluidas en el referido régimen serán objeto de los beneficios previstos en los artículos 169 y 170 de la mencionada ley y de lo dispuesto, a tales efectos, por esta Reglamentación, sin que corresponda por ello efectuar compensaciones con recursos del Tesoro Nacional a los destinos mencionados en el primer párrafo del artículo 3° de este decreto. 

ARTÍCULO 2°.- La regularización de las relaciones laborales producirá los efectos contemplados en los incisos a), b) y c) del artículo 169 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 que por la presente se reglamenta. 

En el marco del citado inciso a) la extinción de la acción penal procederá en la medida en que no exista sentencia firme a la fecha de adhesión al presente Régimen de Regularización por los delitos mencionados en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario, establecido por el Título IX de la Ley N° 27.430 y sus modificatorias y equivalentes de la Ley N° 24.769, en todos los casos, si las imputaciones se vinculan con las obligaciones incluidas en el presente régimen. 

A los fines de lo dispuesto en el mencionado inciso a) del artículo 169 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, deberá considerarse el último día, inclusive, del mes en que se presente la solicitud de regularización, mientras que, a los efectos de lo señalado en el inciso b) de dicho artículo, la baja del REGISTRO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL), creado por la Ley N° 26.940 y sus modificaciones, se producirá con relación a las infracciones cometidas o constatadas hasta el 6 de marzo de 2026. 

ARTÍCULO 3°.- La condonación a la que hace referencia el inciso c) del artículo 169 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 comprende, además de los destinos allí detallados, al Régimen de Obras Sociales establecido por la Ley N° 23.660 y sus modificaciones, al Régimen de Riesgos del Trabajo de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO) establecido por el Decreto N° 1567 del 20 de noviembre de 1974 y sus modificatorios, en los porcentajes establecidos en el artículo 4° de la presente Reglamentación. 

Lo dispuesto en el referido inciso c) no alcanza a aquellas deudas que tengan origen en la falta de pago de aportes y contribuciones por la aplicación de alícuotas adicionales previstas en regímenes previsionales diferenciales y especiales de la Seguridad Social. 

ARTÍCULO 4°.- El porcentaje de condonación de la deuda que fuera determinada por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), ente autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en los términos del inciso c) del artículo 169 de la Ley N° 27.802, que alcanza a todos los destinos allí comprendidos, excepto para aquellos que se prevea un porcentaje diferente, así como al Régimen de Obras Sociales, es el siguiente: 

a) Micro y Pequeñas Empresas y Entidades sin fines de lucro: NOVENTA POR CIENTO (90 %). 

b) Medianas Empresas, tramo 1 y tramo 2: OCHENTA POR CIENTO (80 %). 

c) Demás empleadores: SETENTA POR CIENTO (70 %). 

A estos fines, los empleadores comprendidos en los incisos a), con excepción de las Entidades sin fines de lucro, y b) del citado artículo deberán acreditar su condición con el “Certificado MIPyME” vigente a la fecha de adhesión al Régimen de Regularización, obtenido de conformidad con lo dispuesto por la Resolución de la ex-SECRETARÍA DE EMPRENDEDORES Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del entonces MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO N° 220 del 12 de abril de 2019 y sus modificatorias. 

El porcentaje de condonación de la deuda será del CIEN POR CIENTO (100 %) cuando tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino al Régimen del Sistema Nacional del Seguro de Salud, previsto en la Ley N° 23.661 y sus modificaciones, de las cuotas destinadas al Régimen de Riesgos del Trabajo establecido en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones y de las cuotas correspondientes al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO) establecido por el Decreto N° 1567 del 20 de noviembre de 1974 y sus modificatorios. 

ARTÍCULO 5°.- El goce de los beneficios previstos en el artículo 2° del presente resultará procedente en la medida en que el empleador cancele la deuda referida en el artículo anterior que no haya sido condonada conforme a las disposiciones allí previstas, bajo alguna de las siguientes modalidades: 

a) Pago al contado, en las condiciones que establezca la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en cuyo caso la deuda de capital vencida hasta el último día, inclusive, del mes en que se presente la solicitud de regularización y de intereses devengada hasta la fecha de adhesión al Régimen de Regularización que no hubiera sido condonada se verá reducida en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %), o 

b) A través del Plan de Facilidades de Pago que, a estos fines, disponga la mencionada AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) dentro de los parámetros previstos en el artículo 172 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. 

ARTÍCULO 6°.- El período incluido en la regularización, en los términos del artículo 170 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, será considerado como tiempo de servicio y será computado a los fines de acreditar: 

a) El mínimo de años requeridos para la obtención de la Prestación Básica Universal prevista en el inciso a) del artículo 17 de la Ley N° 24.241, sus modificaciones y complementarias; 

b) La condición de aportante, en los términos de los incisos a) o b) del artículo 95 de la Ley N° 24.241, sus modificaciones y complementarias, para la obtención de la Prestación de Retiro Transitorio por Invalidez o de la Pensión por Fallecimiento del afiliado en actividad que prevén los artículos 97 y 98 del citado cuerpo legal; y 

c) El tiempo de servicio exigido para acceder a las prestaciones por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013 y sus modificaciones y de la Ley del Sistema Integrado de Prestaciones por Desempleo para Los Trabajadores Comprendidos en el Régimen Nacional de la Industria de la Construcción N° 25.371 y para determinar su duración. La cuantía de la prestación dineraria será calculada sobre un monto mensual equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de adhesión al Régimen de Regularización, excepto que se trate de una relación laboral deficientemente registrada en lo que hace a la real remuneración del trabajador, en cuyo caso se tendrá en cuenta la remuneración declarada si esta resulta mayor a dicho salario mínimo. En todos los supuestos resultarán procedentes los límites mínimo y máximo a que se refiere el último párrafo del artículo 118 de la Ley N° 24.013 y sus modificaciones. 

ARTÍCULO 7°.- El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 8°.- Dese cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del H. CONGRESO DE LA NACIÓN. 

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

MILEI – Manuel Adorni – Luis Andres Caputo 

e. 01/06/2026 N° 36993/26 v. 01/06/2026 

Fecha de publicación 01/06/2026 

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA 

Decreto 144/2026 

DECTO-2026-144-APN-PTE – Designación. 

Ciudad de Buenos Aires, 11/03/2026 

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 6 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el doctor Daniel Roque VÍTOLO (D.N.I. Nº 10.155.674) al cargo de Inspector General de Justicia de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA. 

ARTÍCULO 2º.- Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo. 

ARTÍCULO 3°.- Desígnase, a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Inspector General de Justicia de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA dependiente de la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES de la SECRETARÍA DE JUSTICIA del MINISTERIO DE JUSTICIA al doctor Alejandro Horacio RAMÍREZ (D.N.I. N° 30.557.996). 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

MILEI – Juan Bautista Mahiques 

e. 12/03/2026 N° 14417/26 v. 12/03/2026 

Fecha de publicación 12/03/2026 

Decreto 137/2026

DECTO-2026-137-APN-PTE – Promúlgase la Ley Nº 27.802.

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2026

En uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, promúlgase la Ley Nº 27.802 (IF-2026-22610607-APN-DSGA#SLYT) sancionada por el H. CONGRESO DE LA NACIÓN en su sesión del día 27 de febrero de 2026.

Dese para su publicación a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, gírese copia al H. CONGRESO DE LA NACIÓN y comuníquese al MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO. Cumplido, archívese.

MILEI – Manuel Adorni – Sandra Pettovello

e. 06/03/2026 N° 12834/26 v. 06/03/2026

Fecha de publicación 06/03/2026

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Decreto 135/2026

DECTO-2026-135-APN-PTE – Desígnase Secretario de Finanzas.

Ciudad de Buenos Aires, 05/03/2026

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 27 de febrero de 2026, la renuncia presentada por el licenciado en Economía Alejandro Daniel LEW (D.N.I. N° 23.888.706) al cargo de Secretario de Finanzas del MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase, a partir del 2 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el licenciado en Economía Federico Matías FURIASE (D.N.I. N° 29.697.231) al cargo de Director del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 3°.- Agradécense a los funcionarios renunciantes los servicios prestados en el desempeño de sus cargos.

ARTÍCULO 4°.- Desígnase con carácter ad honorem, a partir del 2 de marzo de 2026, en el cargo de Secretario de Finanzas del MINISTERIO DE ECONOMÍA al licenciado en Economía Federico Matías FURIASE (D.N.I. N° 29.697.231).

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

MILEI – Luis Andres Caputo

e. 06/03/2026 N° 12833/26 v. 06/03/2026

Fecha de publicación 06/03/2026 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Decreto 133/2026 

DECTO-2026-133-APN-PTE – Desígnase Ministro. 

Ciudad de Buenos Aires, 04/03/2026 

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 4 de marzo de 2026, la renuncia presentada por el doctor Mariano CÚNEO LIBARONA (D.N.I. N° 14.222.256) al cargo de Ministro de Justicia. 

ARTÍCULO 2°.- Agradécense al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo. 

ARTÍCULO 3°.- Desígnase, a partir del 5 de marzo de 2026, en el cargo de Ministro de Justicia al doctor Juan Bautista MAHIQUES (D.N.I. N° 28.143.289). 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

MILEI – Manuel Adorni 

e. 05/03/2026 N° 12397/26 v. 05/03/2026 

Fecha de publicación 05/03/2026 

JUSTICIA 

Decreto 126/2026 

DECTO-2026-126-APN-PTE – Acéptase renuncia. 

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2026 

VISTO el Expediente Nº EX-2026-12356123-APN-DGDYD#MJ, y 

CONSIDERANDO: 

Que la doctora María Luján GARAY ha presentado su renuncia, a partir del 1º de marzo de 2026, al cargo de JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 41 DE LA CAPITAL FEDERAL. 

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2026, la renuncia presentada por la doctora María Luján GARAY (D.N.I. N° 17.007.379) al cargo de JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 41 DE LA CAPITAL FEDERAL. 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

MILEI – Mariano Cúneo Libarona 

e. 03/03/2026 N° 11609/26 v. 03/03/2026 

Fecha de publicación 03/03/2026 

JUSTICIA 

Decreto 124/2026 

DECTO-2026-124-APN-PTE – Acéptase renuncia. 

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2026 

VISTO el Expediente Nº EX-2026-11461013-APN-DGDYD#MJ, y 

CONSIDERANDO: 

Que la doctora Beatriz Ethel FERDMAN ha presentado su renuncia, a partir del 1° de marzo de 2026, al cargo de VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA V. 

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1° de marzo de 2026, la renuncia presentada por la doctora Beatriz Ethel FERDMAN (D.N.I. N° 13.465.064) al cargo de VOCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA V. 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

MILEI – Mariano Cúneo Libarona 

e. 03/03/2026 N° 11608/26 v. 03/03/2026 

Fecha de publicación 03/03/2026 

JUSTICIA 

Decreto 123/2026 

DECTO-2026-123-APN-PTE – Acéptase renuncia. 

 

Ciudad de Buenos Aires, 02/03/2026 

 

VISTO el Expediente Nº EX-2026-14365715-APN-DGDYD#MJ, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la doctora Mónica Alicia COPANI ha presentado su renuncia, a partir del 1º de abril de 2026, al cargo de JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 62 DE LA CAPITAL FEDERAL. 

 

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

 

Por ello, 

 

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.- Acéptase, a partir del 1º de abril de 2026, la renuncia presentada por la doctora Mónica Alicia COPANI (D.N.I. N° 14.447.577) al cargo de JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO N° 62 DE LA CAPITAL FEDERAL. 

 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

 

MILEI – Mariano Cúneo Libarona 

 

  1. 03/03/2026N°11606/26 v. 03/03/2026 

 

Fecha de publicación 03/03/2026