Otras Normativas

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Acordada 30/2026 

 

Ciudad de Buenos Aires, 16/10/2026 

 

Los Señores Ministros que suscriben la presente, 

 

CONSIDERARON: 

 

1. Que corresponde designar a las autoridades que ejercerán funciones como jueces y secretarios de feria durante el mes de enero de 2027

 

2023. Que, en atención a la naturaleza de la decisión, resulta aplicable la excepción prevista en el punto dispositivo 6 de la acordada 15/2023. Asimismo, y en razón de la cantidad de Ministros habilitados que participan, la medida se adopta de acuerdo a lo establecido, en lo pertinente, en el punto dispositivo segundo de la acordada 12/2024.

 

Por ello, 

 

ACORDARON: 

 

1°) Designar como autoridades de feria del mes de enero del año 2027: 

 

– Al doctor Carlos Fernando Rosenkrantz, del 1 al 8; al doctor Horacio Daniel Rosatti, del 18 al 31; al doctor Ricardo Luis Lorenzetti del 25 al 31 y al doctor Diego Barroetaveña (en su carácter de presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y al solo efecto de su intervención en la providencia que resuelva un eventual pedido de habilitación de feria), del 9 al 17. 

 

– Al doctor Alejandro Rodríguez del 1 al 10; al doctor Sergio Miguel Napoli del 11 al 24 y al doctor Damian Ignacio Font, del 25 al 31 de enero, como secretarios de feria. 

 

2°) Establecer el horario de atención al público de lunes a viernes, desde las 7:30 hasta las 13:30 hs. 

 

3°) El personal que preste funciones durante la feria judicial deberá acreditarlo mediante certificación otorgada por los señores secretarios de feria. 

 

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se comunique, se publique en el Boletín Oficial, en la página web del Tribunal y se registre en el libro correspondiente; de lo que doy fe. 

 

Horacio Daniel Rosatti – Ricardo Luis Lorenzetti – Luis Sebastian Clerici 

 

1. 20/10/2026 N° 77468/26 v. 20/10/2026

 

Fecha de publicación 20/10/2026 

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO 

Resolución General 5913/2026 

RESOG-2026-5913-E-ARCA-ARCA – Seguridad Social. Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Decreto N° 407/26. Empresas de Servicios Eventuales. Régimen de retención. Resolución General N° 3.983 (DGI) y su modificatoria. Su abrogación. 

Ciudad de Buenos Aires, 19/10/2026 

VISTO el Expediente Electrónico Nº EX-2026-03190562- -ARCA-DILEGI#SDGASJ y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Resolución General N° 3.983 (DGI) y su modificatoria, se estableció un régimen de retención para el ingreso de las contribuciones patronales a cargo de las empresas de servicios eventuales, correspondientes al personal suministrado a las empresas usuarias, y se determinaron los requisitos, condiciones y plazos que estas últimas debían observar a fin de practicar las retenciones sobre los importes que les fueran facturados en concepto de sueldos, jornales o cualquier otra denominación con la que se identifiquen las remuneraciones del personal. 

Que dicho régimen fue instrumentado oportunamente por el Decreto N° 342 del 24 de febrero de 1992 y sus modificatorios, que reguló el funcionamiento de las empresas de servicios eventuales y que luego fue derogado por el Decreto N° 1.694 del 22 de noviembre de 2006, mediante el cual se sustituyó el régimen allí previsto y se mantuvo la obligación de las empresas usuarias de actuar como agentes de retención de las obligaciones derivadas de los regímenes de la seguridad social. 

Que, posteriormente, el Decreto N° 407 del 29 de mayo de 2026, por el cual se reglamentaron las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, adecuó la reglamentación del régimen de las empresas de servicios eventuales al nuevo marco legal vigente, derogando el Decreto N° 1.694/06. 

Que, en ese contexto, el artículo 8° del Anexo II -Reglamentación de Empresas de Servicios Eventuales- del referido Decreto N° 407/26 dispuso que las empresas de servicios eventuales abonarán en forma directa las obligaciones derivadas de los regímenes de la seguridad social, las cuotas sindicales a los sindicatos que correspondan y las retenciones legales aplicables a la actividad de la empresa usuaria. 

Que, en función de lo expuesto, el régimen de retención a cargo de las empresas usuarias establecido por la Resolución General N° 3.983 (DGI) y su modificatoria resulta inaplicable, por lo que corresponde proceder a la abrogación de dicha norma. 

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Recaudación y Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024, y por el artículo 8° del Decreto N° 13 del 6 de enero de 2025 y su modificatorio. 

Por ello, 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Abrogar las Resoluciones Generales Nros. 3.983 (DGI) y su modificatoria, y 4.003 (DGI). 

ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese. 

Andres Edgardo Vazquez 

e. 20/10/2026 N° 77722/26 v. 20/10/2026 

Fecha de publicación 20/10/2026 

AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

Resolución General 5912/2026

RESOG-2026-5912-E-ARCA-ARCA – Seguridad Social. Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Recibo de Pago. Resolución General N° 3.693, sus modificatorias y complementarias. Norma modificatoria.

Ciudad de Buenos Aires, 13/10/2026

VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2026-02899710- -ARCA-DVNREC#SDGREC y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.844 y sus modificaciones instituyó el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, aplicable a las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores que presten tareas en casas particulares.

Que el inciso e) del artículo 72 de dicho cuerpo normativo estableció que los trabajadores del mencionado régimen se encuentran comprendidos en el Régimen Especial de Seguridad Social regulado por el Título XVIII de la Ley N° 25.239, y facultó a este Organismo a modificar las contribuciones y aportes previsionales y de obra social preceptuados en dicho Título.

Que, por su parte, la Resolución General N° 3.491 y su modificatoria creó el “Registro Especial del Personal de Casas Particulares” en el marco del Programa de Simplificación y Unificación Registral, a efectos de contar con datos específicos respecto de dicha actividad y permitir el acceso de los trabajadores a la información de las coberturas previstas por los distintos subsistemas de la seguridad social.

Que, asimismo, por medio de la Resolución General N° 3.693, sus modificatorias y complementarias, se establecieron las formas, plazos y condiciones para el ingreso de los aportes y/o contribuciones correspondientes a los trabajadores comprendidos en el referido régimen, así como las pautas y requisitos para el cómputo, por parte de los empleadores, de la deducción en el impuesto a las ganancias por los pagos efectuados.

Que, posteriormente, la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 introdujo modificaciones al citado régimen, entre ellas al artículo 20 de la mencionada Ley N° 26.844 y sus modificaciones, y dispuso la instrumentación del recibo de pago en forma electrónica, emitido por el sistema que determine esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Que, en virtud de ello, este Organismo modificó la aludida Resolución General N° 3.693, sus modificatorias y complementarias, mediante su par N° 5.850, y reglamentó la emisión obligatoria del recibo de sueldo de forma electrónica, promoviendo la simplificación de procesos y la sustitución del soporte papel.

Que esta Agencia de Recaudación y Control Aduanero tiene entre sus ejes estratégicos el desarrollo y la implementación de herramientas digitales orientadas a la facilitación del cumplimiento voluntario, la desburocratización de los procesos administrativos y la reducción de los costos de transacción para los ciudadanos y contribuyentes.

Que, en consonancia con esos lineamientos, es menester dotar a los empleadores del personal de casas particulares de asistentes informáticos que simplifiquen la confección de las liquidaciones de sueldos, calculando de forma automática los conceptos aplicables a cada relación laboral conforme a la normativa vigente y permitiendo al empleador visualizar su composición de forma previa a la generación del documento.

Que, a tal fin, se propicia la incorporación de una nueva funcionalidad de asistencia simplificada en el servicio “Personal de Casas Particulares” para la confección y emisión del recibo -Recibo Asistido-, por la que se pondrá a disposición del emisor el cálculo de determinados conceptos que integran la liquidación de haberes, en función de los datos obrantes en las bases informáticas de este Organismo y los suministrados por el empleador.

Que, consecuentemente, resulta necesario modificar la referida Resolución General N° 3.693, sus modificatorias y complementarias, a fin de prever la nueva funcionalidad, como asimismo, realizar ciertas adecuaciones adicionales en línea con la normativa vigente.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Recaudación, Institucional, Sistemas y Telecomunicaciones y Técnico Legal Impositiva, y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios, por el Decreto N° 953 del 24 de octubre de 2024 y por el artículo 8° del Decreto N° 13 de 6 de enero de 2025 y su modificatorio.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modificar la Resolución General N° 3.693, sus modificatorias y complementarias, en la forma que se indica a continuación:

a) Sustituir el artículo 3°, por el siguiente:

“ARTÍCULO 3°.- Los trabajadores activos de casas particulares podrán optar por ingresar mensualmente los importes en concepto de aportes que se detallan seguidamente, los cuales habilitarán las prestaciones que en cada caso se indican, siempre que se cumplan las restantes condiciones establecidas en las respectivas normas que las regulan:

a) El importe resultante de la diferencia entre la suma que corresponda ingresar en concepto de aportes por trabajadores que coticen por DIECISÉIS (16) o más horas semanales trabajadas y el monto del aporte obligatorio ingresado por el empleador o por los empleadores, de tratarse de más de uno, conforme a los importes publicados en el micrositio “Casas Particulares” del sitio web institucional, según las horas semanales trabajadas.

El ingreso mensual del importe de la aludida diferencia en concepto de aportes con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud, habilitará el acceso al Programa Médico Obligatorio a cargo del referido sistema, para el trabajador titular.

b) Una suma adicional equivalente al importe que corresponda ingresar en concepto de aportes por trabajadores que coticen por DIECISÉIS (16) o más horas semanales trabajadas, por cada integrante del grupo familiar primario del trabajador titular, lo cual permitirá acceder a la cobertura del Programa Médico Obligatorio a cargo del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

El QUINCE POR CIENTO (15%) de los importes indicados en los incisos a) y b), se destinará al Fondo Solidario de Redistribución establecido por el artículo 22 de la Ley Nº 23.661 y sus modificaciones. A su vez, dichos importes no podrán ser inferiores a la cotización mínima establecida por el artículo 24 del Anexo II del Decreto Nº 576/93 y sus modificaciones, o el que lo reemplace en el futuro, con más el aporte al Fondo Solidario de Redistribución.

El ingreso de las sumas detalladas precedentemente se efectuará mediante el volante de pago F. 575/RT.”.

b) Sustituir el séptimo párrafo del artículo 4°, por el siguiente:

“Asimismo, accediendo al servicio denominado “Personal de Casas Particulares” con Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 2 o superior, obtenida conforme el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 5.048 y sus modificatorias, se podrán visualizar los comprobantes electrónicos correspondientes a los pagos efectuados según las modalidades previstas en los incisos b) a g) del primer párrafo del presente artículo.”.

c) Sustituir el inciso a) del artículo 11, por el siguiente:

“a) Haber confeccionado el recibo electrónico de sueldo a través del servicio denominado “Personal de Casas Particulares”, previa validación de la identidad del empleador, mediante el ingreso con Clave Fiscal.”.

d) Sustituir en el artículo 13 la expresión “Los montos fijados en los artículos 2° y 3° de la presente,…”, por la expresión “Los montos fijados en el artículo 2° de la presente,…”.

e) Sustituir el artículo 14, por el siguiente:

“ARTÍCULO 14.- Los empleadores del personal de casas particulares emitirán el recibo de sueldo previsto en el artículo 20 de la Ley N° 26.844 y sus modificaciones en forma electrónica, a través del servicio denominado “Personal de Casas Particulares”, disponible en el sitio web institucional.

A tal fin, deberán ingresar al mencionado servicio con Clave Fiscal habilitada con Nivel de Seguridad 2 o superior, obtenida conforme el procedimiento dispuesto por la Resolución General N° 5.048 y sus modificatorias. La validación de identidad efectuada mediante dicho acceso constituirá el requisito de autenticidad del recibo, sin necesidad de incorporar otra modalidad de firma del empleador en el documento emitido.

Para la emisión del recibo, el empleador deberá seleccionar el trabajador que corresponda e ingresar a la opción “Generar recibo de sueldo”. Allí se visualizarán la identificación del trabajador y los datos generales de la relación laboral y del período a pagar. El empleador deberá informar en este último apartado el período a liquidar, la modalidad de liquidación, la remuneración y la cantidad de horas trabajadas.

En función de los datos obrantes en las bases informáticas de este Organismo y de la normativa vigente aplicable a cada caso, el sistema asistirá al empleador y pondrá a disposición el cálculo automático de determinados conceptos que integran la liquidación de haberes del trabajador. El empleador deberá aceptar o rechazar el importe exhibido por el sistema.

En caso de rechazo del importe, se habilitará la edición del campo y se deberá ingresar el monto correspondiente. Asimismo, en la sección “Adicionales y Descuentos” se podrán incorporar otros conceptos al recibo de sueldo electrónico, en cuyo caso, a partir de un menú desplegable, se permitirá seleccionar los conceptos predefinidos que resulten aplicables.

Luego de informar los demás conceptos que correspondan para la determinación del importe a abonar, el empleador deberá confirmar la operación seleccionando la opción “Generar recibo de sueldo”.

La puesta a disposición de los cálculos automáticos efectuados por el sistema no libera al empleador de la obligación de rectificar los importes en caso de corresponder, ni de informar todos los conceptos que integran la liquidación de haberes.

Las novedades del citado servicio, así como de la funcionalidad “Recibo Asistido” con el detalle de conceptos y su mecanismo de determinación automática, se podrán consultar en el micrositio “Casas Particulares” del sitio web de este Organismo (https://www.arca.gob.ar).

El recibo electrónico emitido a través del servicio mencionado contendrá los datos exigidos por la normativa laboral vigente, conforme lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 26.844 y sus modificaciones, garantizando tanto al empleador como al trabajador la correcta identificación de los conceptos liquidados y el acceso a la información relativa a la remuneración.

Cuando la contraprestación sea abonada en efectivo o cuando el trabajador así lo requiera, el recibo electrónico de sueldo deberá imprimirse por duplicado, entregándose el original al trabajador y conservando el empleador el duplicado, el cual deberá ser firmado por el trabajador en conformidad con el pago recibido.

Asimismo, a través del servicio señalado en el primer párrafo de este artículo, los trabajadores de casas particulares podrán acceder a los siguientes documentos:

a) La constancia del pago de aportes y contribuciones, seleccionando dentro del apartado “Ver Aportes”, la opción “Constancia de pago”.

b) El recibo de sueldo confeccionado de forma electrónica por su empleador a través del aludido servicio, seleccionando dentro del apartado “Detalle del Trabajo”, la opción “Recibos de Sueldo”.

Por su parte, mediante la utilización del sistema informático denominado “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”, los trabajadores podrán:

a) Visualizar y conocer la información relativa a los pagos de aportes y contribuciones e intereses y los saldos registrados correspondientes al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, ordenados por período mensual y concepto.

b) Calcular los intereses adeudados a una fecha determinada, respecto de los pagos registrados fuera de término.

c) Imprimir los volantes de pago F. 102/RT, F. 1350 y/o F. 575/RT para la cancelación de intereses, según correspondan a obligaciones del empleador o a pagos voluntarios del trabajador, respectivamente.”.

ARTÍCULO 2°.- Esta resolución general entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el Boletín Oficial y archívese.

Andres Edgardo Vazquez

e. 14/10/2026 N° 75962/26 v. 14/10/2026

Fecha de publicación 14/10/2026

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Acordada 28/2026 

 

Ciudad de Buenos Aires, 24/09/2026 

 

Los Señores Ministros que suscriben la presente, 

 

CONSIDERARON: 

 

23. Que en uso de las facultades conferidas por el art. 8 de la ley 23.853, mediante acordadas 13/97 y 27/01 esta Corte aranceló la ejecución de los dictámenes periciales realizados por los Cuerpos Periciales del Tribunal.

 

Que mediante Acordada 18/2025 se efectuó la última modificación. 

 

1. Que en virtud del tiempo transcurrido deviene oportuno que este Tribunal proceda a efectuar una adecuación de la suma dineraria allí dispuesta.

 

III. Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención. 

 

2023. Que, en atención a la naturaleza de la decisión, resulta aplicable la excepción prevista en el punto dispositivo 6 de la acordada 15/2023. Asimismo, y en razón de la cantidad de Ministros habilitados que participan, la medida se adopta de acuerdo a lo establecido, en lo pertinente, en el punto dispositivo segundo de la acordada 12/2024.

 

Por ello, 

 

ACORDARON: 

 

1°) Fijar el arancel para la realización de los dictámenes periciales efectuados por el Cuerpo Médico Forense, Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, Cuerpo de Peritos Calígrafos Oficiales y Peritos Tasadores, en la suma de pesos setenta mil ($ 70.000), ello de conformidad con lo dispuesto en las Acordadas 13/97 y 27/01. 

 

2°) Mantener la vigencia de los diferimientos y exenciones de pago del arancel dispuesto en el punto 1° de la presente, determinados mediante Acordadas 13/97 y 40/97. 

 

3°) Disponer la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la República Argentina, a partir de la cual entrará en vigencia el presente arancel. 

 

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunique; se publique en la página oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el Boletín Oficial de la República Argentina; y se registre en el libro correspondiente, de lo que doy fe. 

 

Horacio Daniel Rosatti – Carlos Fernando Rosenkrantz – Gerardo Gabriel Prataviera 

 

1. 28/09/2026 N° 70442/26 v. 28/09/2026

 

Fecha de publicación 28/09/2026 

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA

Resolución 3/2026

Ciudad de Buenos Aires, 16/09/2026

VISTO:

La Ley de Educación Superior N° 24.521, en particular su artículo 43; el Decreto-Ley N° 6.070/58, ratificado por la Ley N° 14.467; la Ley N° 24.557; la Ley N° 19.587 y sus decretos reglamentarios; la Resolución N° 1254/2018 del Ministerio de Educación; la Resolución N° 5/2013 de la Junta Central de Consejos Profesionales; las Resoluciones N° 4/2018 y 02/25 y 1/2026 del Consejo Profesional de Ingeniería Química; la Resolución N° 3226/1998 (Expte. N° 10- 13190/98) de la Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación; los artículos 247, 292 y 296 del Código Penal de la Nación; y toda otra normativa aplicable al ejercicio profesional, de carácter imperativo, de orden público y de alcance general.

CONSIDERANDO:

Que, se ha tomado conocimiento de la existencia de falsificaciones de instrumento privado (conducta tipificada en el artículo 292 del Código Penal) y uso de documento falso (conducta tipificada en el artículo 296 del mismo cuerpo legal), vinculadas a titularidades de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en presentaciones de Programas de Seguridad (Resoluciones SRT N° 51/97, 35/98 y 319/99), así como en otras documentaciones, tales como las planillas de RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) y RGRL (Relevamiento General de Riesgos Laborales) ante las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), las cuales se encuentran imposibilitadas de certificar la autenticidad de dicha documentación;

Que, la presentación de documentación sin el acompañamiento y respaldo de la encomienda profesional genera una situación de desigualdad para los profesionales que ejercen correctamente su actividad profesional frente aquellos que no lo hacen, así

como potenciales riesgos jurídicos para la población que deposita su confianza en el accionar profesional;

Que, el Consejo profesional de Ingeniería Química ejerce el poder de policía sobre sus matriculados, conforme al Decreto – Ley N° 6.070/58, teniendo a su cargo el control de la matrícula, incumbencias, ética y condiciones de habilitación;

Que, la encomienda profesional constituye el instrumento formal que acredita la habilitación legal del profesional, la vigencia de la matrícula, la inexistencia de sanciones disciplinarias y el cumplimiento de las obligaciones legales;

Que, la Ley N° 24.557 y la Ley N° 19.587, junto con su normativa reglamentaria, imponen la intervención de profesionales debidamente habilitados, siendo requisito esencial la acreditación fehaciente de tal condición.

Que, el Código Civil y Comercial de la Nación establece la responsabilidad por daños derivados del ejercicio profesional, exigiendo la debida diligencia y habilitación legal, mientras que el Código Penal de la Nación tipifica conductas vinculadas al ejercicio ilegal de la profesión (artículos 247, 292 y 296);

Que, la Resolución N° 3226/1998 (Expte. N° 10-13190/98), de la Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación refuerza la necesidad de garantizar la legitimidad y el control en las actuaciones profesionales, lo cual resulta plenamente aplicable a toda intervención profesional;

Que, la ausencia de encomienda impide verificar extremos esenciales de legalidad, afectando la seguridad jurídica, la responsabilidad profesional, el patrimonio, los bienes y los derechos de terceros;

POR ELLO:

El Consejo Profesional de Ingeniería Química

RESUELVE:

Artículo 1° – Obligatoriedad: Ratifíquese la obligatoriedad de la encomienda profesional previa para toda tarea, informe, dictamen, certificación, proyecto, dirección, actividad vinculada a higiene y seguridad, medio ambiente y demás incumbencias profesionales, que deba ser presentada ante Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), organismos públicos nacionales, provinciales, municipales o cualquier otra entidad comprendida dentro del ámbito de regulación profesional.

Artículo 2° – Validez institucional: Todo trabajo profesional que carezca de encomienda no será reconocido por este Consejo Profesional.

Artículo 3° – Oponibilidad y eficacia: Establecer que los trabajos realizados sin encomienda no acreditan en forma fehaciente la habilitación profesional ni resultan conducentes para demostrar el cumplimiento de obligaciones legales en materia de ingeniería, higiene y seguridad, medio ambiente y carreras afines.

Artículo 4° – Responsabilidad: Establecer que la realización de tareas profesionales sin encomienda constituye incumplimiento de las normas del ejercicio profesional, y una falta ética pasible de sanción, así como responsabilidad civil y penal.

Artículo 5° Regístrese. Comuníquese a la Junta Central y a todos los Consejos Profesionales, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Difúndase y archívese.

Sergio D. Ayala – Viviana H. Mazzucchelli.

e. 18/09/2026 N° 68109/26 v. 18/09/2026

Fecha de publicación 18/09/2026

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Resolución 3/2026 

Ciudad de Buenos Aires, 14/09/2026 

VISTO: 

La Ley de Educación Superior N° 24.521, en particular su artículo 43; el Decreto-Ley N° 6.070/58, ratificado por la Ley N° 14.467; la Ley N° 24.557; la Ley N° 19.587 y sus decretos reglamentarios; la Resolución N° 1254/2018 del Ministerio de Educación; la Resolución N° 5/2013 de la Junta Central de Consejos Profesionales; las Resoluciones N° 980/25 y 295/26 del Consejo Profesional de Ingeniería Industrial; la Resolución N° 3226/1998 (Expte. N° 10- 13190/98) de la Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; los artículos 1757 y 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación; los artículos 247, 292 y 296 del Código Penal de la Nación; y toda otra normativa aplicable al ejercicio profesional, de carácter imperativo, de orden público y de alcance general. 

CONSIDERANDO: 

Que, se ha tomado conocimiento de la existencia de falsificaciones de instrumento privado (conducta tipificada en el artículo 292 del Código Penal) y uso de documento falso (conducta tipificada en el artículo 296 del mismo cuerpo legal), vinculadas a titularidades de Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en presentaciones de Programas de Seguridad (Resoluciones SRT N° 51/97, 35/98 y 319/99), así como en otras documentaciones, tales como las planillas de RAR (Relevamiento de Agentes de Riesgo) y RGRL (Relevamiento General de Riesgos Laborales) ante las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), las cuales se encuentran imposibilitadas de certificar la autenticidad de dicha documentación; 

Que, la presentación de documentación sin el acompañamiento y respaldo de la encomienda profesional genera una situación de desigualdad para los profesionales que ejercen correctamente su actividad profesional frente aquellos que no lo hacen, así como potenciales riesgos jurídicos para la población que deposita su confianza en el accionar profesional; 

Que, el Consejo profesional de Ingeniería Industrial ejerce el poder de policía sobre sus matriculados, conforme al Decreto – Ley N° 6.070/58, teniendo a su cargo el control de la matrícula, incumbencias, ética y condiciones de habilitación; 

Que, la encomienda profesional constituye el instrumento formal que acredita la habilitación legal del profesional, la vigencia de la matrícula, la inexistencia de sanciones disciplinarias y el cumplimiento de las obligaciones legales; 

Que, la Ley N° 24.557 y la Ley N° 19.587, junto con su normativa reglamentaria, imponen la intervención de profesionales debidamente habilitados, siendo requisito esencial la acreditación fehaciente de tal condición. 

Que, el Código Civil y Comercial de la Nación establece la responsabilidad por daños derivados del ejercicio profesional, exigiendo la debida diligencia y habilitación legal, mientras que el Código Penal de la Nación tipifica conductas vinculadas al ejercicio ilegal de la profesión (artículos 247, 292 y 296); 

Que, la Resolución N° 3226/1998 (Expte. N° 10-13190/98), de la Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación refuerza la necesidad de garantizar la legitimidad y el control en las actuaciones profesionales, lo cual resulta plenamente aplicable a toda intervención profesional; 

Que, la ausencia de encomienda impide verificar extremos esenciales de legalidad, afectando la seguridad jurídica, la responsabilidad profesional, el patrimonio, los bienes y los derechos de terceros; 

POR ELLO: 

El Consejo Profesional de Ingeniería Industrial 

RESUELVE: 

Artículo 1° – Obligatoriedad 

Ratifíquese la obligatoriedad de la encomienda profesional previa para toda tarea, informe, dictamen, certificación, proyecto, dirección, actividad vinculada a higiene y seguridad, medio ambiente y demás incumbencias profesionales, que deba ser presentada ante Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), organismos públicos nacionales, provinciales, municipales o cualquier otra entidad comprendida dentro del ámbito de regulación profesional. 

Artículo 2° – Validez institucional 

Todo trabajo profesional que carezca de encomienda no será reconocido por este Consejo Profesional. 

Artículo 3° – Oponibilidad y eficacia 

Establecer que los trabajos realizados sin encomienda no acreditan en forma fehaciente la habilitación profesional ni resultan conducentes para demostrar el cumplimiento de obligaciones legales en materia de ingeniería, higiene y seguridad, medio ambiente y carreras afines. 

Artículo 4° – Responsabilidad 

Establecer que la realización de tareas profesionales sin encomienda constituye incumplimiento de las normas del ejercicio profesional, y una falta ética pasible de sanción, así como responsabilidad civil y penal. 

Artículo 5° Regístrese. Comuníquese a la Junta Central y a todos los Consejos Profesionales, publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Difúndase y archívese. 

Alejandro Martino – Pablo Leybovich 

e. 16/09/2026 N° 67044/26 v. 16/09/2026 

Fecha de publicación 16/09/2026