Normas

Buenos Aires, 08/06/2017

 

VISTO el Expediente N° 148.841/14 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 19.587, N° 24.557, el Decreto N° 617 de fecha 07 de julio de 1997, las Resoluciones S.R.T. N° 310 de fecha 22 de mayo de 2003, N° 497 de fecha 01 de septiembre de 2003, N° 743 de fecha 21 de noviembre de 2003, N° 801 de fecha 10 de abril de 2015, N° 3.359 de fecha 29 de septiembre de 2015, N° 155 de fecha 26 de abril de 2016, la Resolución de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (S.A.G. P. y A.) N° 350 de fecha 30 de agosto de 1999, las Resoluciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SE.NA.SA.) N° 264 de fecha 09 de mayo de 2011, N° 367 de fecha 20 de agosto de 2014, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) -implementado en el ámbito laboral, por la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 801 de fecha 10 de abril de 2015-, busca conformar un criterio armónico para la clasificación de sustancias y mezclas, considerando los peligros que éstas entrañan para el medio ambiente y la salud humana, a efectos de brindar toda la información necesaria para que los trabajadores puedan desempeñar sus labores de la manera más segura posible, estableciendo requisitos expresos sobre etiquetas y Fichas de Datos de Seguridad (F.D.S.).

 

Que mediante la Resolución S.R.T. N° 155 de fecha 26 de abril de 2016, se modificó el artículo 6° de la Resolución S.R.T. N° 801/15, estableciéndose un cronograma diferencial para su entrada en vigencia, restando solamente que se cumpla el plazo referido a las mezclas definidas en el ítem 1.3.3.1.2. de la quinta edición revisada del “Libro Púrpura” de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS sobre SGA/GHS y que no están incorporadas a las Resoluciones S.R.T. N° 310 de fecha 22 de mayo de 2003, N° 497 de fecha 01 de septiembre de 2003 y N° 743 de fecha 21 de noviembre de 2003 , plazo que operó el 01 de junio del corriente año.

 

Que por medio de la Resolución del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SE.NA.SA.) N° 264 de fecha 09 de mayo de 2011, se aprobó el “REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE FERTILIZANTES, ENMIENDAS, SUSTRATOS, ACONDICIONADORES, PROTECTORES Y MATERIAS PRIMAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA”, en cuyo ANEXO I, CAPÍTULO 9 “CONFECCIÓN DEL MARBETE” se determina el contenido del marbete de dichos productos.

 

Que por medio de la Resolución del SE.NA.SA. N° 367 de fecha 20 de agosto de 2014 se aprobaron las Normas para el Etiquetado de los Productos Fitosanitarios Formulados de Uso Agrícola.

 

Que los Productos Fitosanitarios Formulados de Uso Agrícola, Fertilizantes, Enmiendas, Sustratos, Acondicionadores, Protectores y Materias Primas se utilizan en el ámbito laboral.

 

Que el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Agraria aprobado por el Decreto N° 617 de fecha 07 de julio de 1997, en el artículo 48 del Anexo I establece que se deberá tender a la minimización de los riesgos en la fuente de trabajo, en tanto que hasta que dicha meta se alcance, se debe proveer de elementos de efectiva protección personal a los trabajadores de acuerdo al riesgo a que estén expuestos y capacitarlos en su modo de uso.

 

Que la norma citada en el considerando precedente, en los artículos 49 y 50 de su Anexo I establece el alcance de la capacitación que se debe brindar a los trabajadores, destacando lo relativo a la identificación de los riesgos y su impacto en la salud, en tanto que la capacitación debe brindarse a todos los trabajadores de acuerdo a la tarea que desarrollen y que la misma debe ser acorde al nivel educacional alcanzado por éstos.

 

Que teniendo en vista las normas mencionadas en los considerandos que anteceden surge una aparente superposición reglamentaria que podría inducir a error a los diferentes actores sociales respecto de las obligaciones que les incumben por la configuración o composición del etiquetado o de los marbetes y de las Fichas de Datos de Seguridad (F.D.S.) que corresponde deben contener estos productos fitosanitarios y fertilizantes.

 

Que en razón de ello, procede profundizar el desarrollo del plan integral de acción comunicacional encarado por este Organismo, para que la concientización y difusión coadyuven a la correcta implementación del SGA/GHS, en todo lo relativo al ámbito laboral respecto de los productos fitosanitarios y fertilizantes.

 

Que, asimismo, resulta necesario que las áreas competentes de ésta S.R.T. cooperen con el SE.NA.SA. con el objeto de complementar el etiquetado de los productos fitosanitarios y fertilizantes armonizando las normas emanadas de las especificaciones de la ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (F.A.O.) seguidas por el SE.NA.SA. en la elaboración de sus normas reglamentarias con las de la CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO, llevada a cabo en el año 1992, que estableció un área de interés internacional para la gestión de productos químicos y la armonización de su clasificación y etiquetado, que derivó en el desarrollo del SGA/GHS implementado, para el ámbito laboral, mediante la Resolución S.R.T. N° 801/15.

 

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le compete.

 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 2° de la Resolución S.R.T. N° 155/16.

 

Por ello,

EL GERENTE DE PREVENCIÓN

Y

EL GERENTE TÉCNICO

 

DISPONEN:

 

ARTÍCULO 1°.- Establécese que la Subgerencia de Planificación, de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) se pondrá a disposición del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SE.NA.SA.) con el objeto de complementar el etiquetado de los productos fitosanitarios y fertilizantes, armonizando las normas emanadas de las especificaciones de la ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (F.A.O.) seguidas por el SE.NA.SA. en la elaboración de sus normas reglamentarias, con las normas contenidas en el “Libro Púrpura” de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS sobre el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA/GHS) implementado -para el ámbito laboral- mediante la Resolución S.R.T. N° 801 de fecha 10 de abril de 2015.

 

ARTÍCULO 2°.- Instrúyase a la Subgerencia de Planificación, para que proceda a profundizar el desarrollo del plan integral de acción comunicacional, ya encarado por la S.R.T., para la concientización y difusión de la correcta implementación del SGA/GHS, en todo lo relativo al ámbito laboral, respecto de los productos fitosanitarios y fertilizantes.

 

ARTÍCULO 3°.- Mientras se lleven a cabo las acciones establecidas en los artículos 1° y 2° de la presente disposición y no sean modificadas las actuales Normas para el Etiquetado de Productos Fitosanitarios Formulados de Uso Agrícola y de Fertilizantes, la S.R.T. considerará como válidas, dentro de su ámbito de aplicación, las hojas de seguridad y los marbetes aprobados por el SE.NA.SA.

 

ARTÍCULO 4°.- Lo dispuesto en los artículos precedentes no eximen a los empleadores en general, ni a los empleadores autoasegurados de las obligaciones que le son impuestas por la normativa de aplicación con relación a minimizar en sus establecimientos los riesgos en la fuente de trabajo; a la provisión de elementos de efectiva protección personal a los trabajadores de acuerdo al riesgo a que estén expuestos y a la de capacitarlos en su modo de uso y al alcance de la capacitación que se debe brindar a los trabajadores de acuerdo a la tareas que deban desarrollar en forma acorde al nivel educacional alcanzado por ellos, en lo relativo a la identificación de los riesgos y su impacto en la salud.

 

ARTÍCULO 5°.- Asimismo, lo dispuesto en la presente no exime a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y a las A.R.T.-Mutuales de las obligaciones de asesoramiento, de asistencia técnica, ni de ejercer las actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, ni de capacitación previstas en la normativa reglamentaria vigente.

 

ARTÍCULO 6°. La presente disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

 

ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Alberto J. Freire, Gerente de Prevención, Superintendencia de Riesgos del Trabajo. — Diego Dequino, Gerente Técnico, Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

 

Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2017

 

VISTO el EX-2017-07568642-APN-DGRGAD#MT, la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, la Ley N° 27.348, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 40 de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, creó el COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO (LRT), el cual es presidido por el Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

 

Que en el apartado 2) del precitado artículo de dicha norma legal, se asignan las funciones que desarrollará el referido Comité, siendo las mismas de fundamental importancia para la correcta implementación de los objetivos fijados por la Ley.

 

Que por su parte, el apartado 3) dispone que en las materias indicadas, la Autoridad de aplicación deberá consultar al Comité con carácter previo a la adopción de las medidas correspondientes.

 

Que sin perjuicio de sus expresas funciones, el Comité puede operar como espacio de diálogo tripartito para evaluar las diversas alternativas que el sistema de riesgos del trabajo presenta, tanto en sus aspectos normativos como en los prácticos y operativos.

 

Que el artículo 19 de la Ley N° 27.348, establece que dentro del plazo de TRES (3) meses de su vigencia, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO deberá remitir al COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE LA LRT, un anteproyecto de ley de protección y prevención laboral conforme los lineamientos allí establecidos.

 

Que a fin de cumplir con tal mandato legal es menester convocar al mencionado COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE, con el objeto de tratar y analizar el anteproyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral propuesto por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.

 

Que el comité está conformado por CUATRO (4) representantes del Gobierno, CUATRO (4) representantes de la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO y CUATRO (4) representantes de las organizaciones de empleadores, DOS (2) de los cuales serán designados por el sector de la pequeña y mediana empresa, conforme lo dispuesto en el mencionado artículo 40 de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias.

 

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 9° de la Ley N° 27.348, la representación del sector gubernamental se integrará con DOS (2) representantes de las jurisdicciones que hayan optado por el régimen de Autoseguro Público Provincial, lo cual se formalizará oportunamente cuando se hayan operativizado las respectivas adhesiones a esa modalidad.

 

Que teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de los temas a considerar resulta atinado facultar al Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo, para que cuando resulte conveniente y oportuno convoque también, a otras entidades y especialistas para que a través de su opinión se posibilite enriquecer y fortalecer el precitado anteproyecto de ley.

 

Que en virtud de lo mencionado se impone la necesidad de designar a los representantes titulares y alternos del GOBIERNO NACIONAL y a la persona en quien recaiga la función de ejercer la Secretaría Técnica.

 

Que a los fines de completar la designación de los miembros titulares y alternos de los sectores empresariales y de trabajadores, resulta procedente solicitarles tales nominaciones.

 

Que según los artículos 2° y 4° del Reglamento interno del Comité Consultivo Permanente aprobado en su sesión del 23 de febrero de 1999, incumbe a su Presidente convocar a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias, fijando día, hora y orden del día a debatir.

 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

 

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 40 de la Ley N° 24.557 y sus modificatorias.

 

Por ello,

 

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

 

RESUELVE:

 

Integración y Convocatoria del Comité Consultivo Permanente de la Ley de Riesgos del Trabajo

 

ARTÍCULO 1°.- Convocar al COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO previsto en la Ley N° 24.557 a reunirse en Sesión Ordinaria el día 24 del mes de mayo de 2017, a las 11.00hs., en la Sede del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL sito en Av. Leandro Alem 650, Piso 18, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

 

ARTÍCULO 2°.- Designar en representación del GOBIERNO NACIONAL como miembros titulares del mencionado COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE, al Señor Secretario de Seguridad Social, Juan Carlos PAULUCCI MALVIS (DNI 4.275.779), al Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo, Cdr. Gustavo Darío MORÓN (DNI 11.837.190), a la Señora Subsecretaria de Coordinación de los Regímenes de la Seguridad Social, Act. Mercedes Liliana BOURQUIN (DNI 21.963.635) y al Señor Gerente General de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Dr. Guillermo Héctor ARANCIBIA (DNI 20.130.182) y como miembros alternos, al Señor Dr. Marcelo Raúl STAFORINI (DNI 12.076.591); al Señor Fernando Gabriel PEREZ (DNI 23.050.333); al Señor Dr. Luis Jorge César LEFEVRE (DNI 10.520.311) y al Señor Daniel Magín ANGLADA (DNI 11.956.872).

 

ARTÍCULO 3°.- Solicitar a la CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO la designación de CUATRO (4) representantes titulares y CUATRO (4) alternos para integrar en su representación dicho COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE.

 

ARTÍCULO 4°.- Solicitar a las organizaciones empresariales más representativas la designación de CUATRO (4) representantes titulares, de los cuales DOS (2) serán del sector PYMES y CUATRO (4) alternos, de los cuales DOS (2) serán también del aludido sector, para integrar el COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE.

 

ARTÍCULO 5°.- Designar al Dr. Pedro Juan María TADDEI (DNI. 12.888.802), en el cargo de Secretario Técnico del COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO.

 

ARTÍCULO 6°.- Hacer saber que la Secretaría Técnica del COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO funcionará en la sede de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO, sito en Bartolomé Mitre N° 751, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

 

ARTÍCULO 7°.- Fijar como Orden del Día para la sesión mencionada, el tratamiento del proyecto de Ley de Protección y Prevención Laboral propuesto por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley N° 27.348.

 

ARTÍCULO 8°.- Facultar al Señor Superintendente de Riesgos del Trabajo a cursar las invitaciones a entidades y especialistas que considere necesario, para participar de las sesiones del COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO en las que se trate aquellos asuntos cuya opinión sea prudente escuchar a fin de lograr una perspectiva más amplia de la problemática a considerar.

 

ARTÍCULO 9°.- Registrar, comunicar, publicar, dar a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archivar. — Alberto Jorge Tr

Ciudad de Buenos Aires, 03/05/2017

 

VISTO el Expediente N° SSN: 3231/2015 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y la Resolución SSN N° 35.615 de fecha 11 de febrero de 2011 junto a sus complementarias y modificatorias, y las Resoluciones SSN N° 39.957 de fecha 29 de julio de 2016, SSN N° 40.163 de fecha 11 de noviembre de 2016 y SSN N° 40.308 de fecha 17 de febrero de 2017, el Reglamento General de la Actividad Aseguradora y los Artículos 30 y 31 de la Ley N° 20.091, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el esquema de reaseguros estructurado oportunamente en la Resolución SSN N° 35.615 de fecha 11 de febrero de 2011 no ha cumplido con las expectativas planteadas al momento de su implementación.

 

Que contrariamente a lo esperado la consolidación del mercado de reaseguros se ha evidenciado en el mercado de Reaseguradoras Admitidas.

 

Que se ha podido constatar que el mercado de Reaseguradoras Admitidas ha brindado y brinda importantes capacidades financieras a aseguradoras, resultando asimismo necesario adecuar su régimen.

 

Que sobre esta base resulta necesario y oportuno fortalecer aquellas Reaseguradoras Locales creadas bajo el régimen de la Resolución SSN N° 35.615.

 

Que los objetivos de adecuación y fortalecimiento del mercado con nuevos requerimientos de capital, podrían generar distintos proyectos de reconversión de las Reaseguradoras.

 

Que esta particular situación de las Reaseguradoras exige previsiones técnico, legales y operativas que garanticen los derechos de las aseguradoras cedentes y el buen orden del sistema reasegurador nacional.

 

Que resulta conveniente facilitar el acceso de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras a los beneficios que ofrece la economía de escala, a fin de garantizar el sostenimiento del mercado reasegurador a largo plazo y los principios de eficiencia y eficacia que deben regir el mismo.

 

Que es función de esta Superintendencia establecer un marco reglamentario y temporal para que los proyectos de reconversión puedan elaborarse y desarrollarse bajo el control y supervisión de este Organismo de control.

 

Que el punto 30.1.2. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora establece las normas sobre capitales mínimos que deben cumplimentar las Entidades Reaseguradoras Locales autorizadas.

 

Que las Gerencias de Asuntos Jurídicos y Técnica y Normativa han tomado la debida intervención que corresponde a su competencia.

 

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el Artículo 67 de la Ley N° 20.091.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyase el punto 30.1.2 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora por el siguiente texto:

 

“30.1.2. Reaseguradoras.

Las entidades reaseguradoras locales deben acreditar un capital mínimo que surja del mayor de los DOS (2) parámetros que se determinan en los puntos 30.1.2.1 y 30.1.2.2.

 

30.1.2.1. Un capital mínimo no inferior a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 350.000.000).

 

30.1.2.2 Monto en función a las primas y recargos.

 

a) Se toman las primas netas retenidas por reaseguros activos y retrocesiones, más adicionales administrativos, emitidas en los DOCE (12) meses anteriores al cierre del estado en cuestión, el cual no puede ser inferior al CUARENTA POR CIENTO (40%) del total de primas emitidas (netas de anulaciones).

 

b) A la suma determinada se aplica el DIECISEIS POR CIENTO (16%).”.

 

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el punto 30.7 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, el que quedará redactado de la siguiente forma:

 

“30.7. Disposiciones Transitorias para las entidades constituidas y autorizadas al 31 de julio de 2016.

 

30.7.1. A los fines de acreditar el capital mínimo conforme el punto 30.1.1.1.a), en caso de resultar una mayor exigencia la Aseguradora podrá utilizar un “Régimen de Adecuación Gradual de Capitales Mínimos”, el cual consiste en acreditar las DOS TERCERAS (2/3) partes del capital requerido en el punto 30.1.1.1.a) al 31 de diciembre de 2016, y el total al 30 de septiembre de 2017.

 

30.7.2. A los fines de acreditar el capital mínimo conforme el punto 30.1.2.1. en caso de resultar una mayor exigencia, la Reaseguradora o Aseguradora con Ramo Reaseguro conforme inciso u) del punto 30.1.1.1.a) podrá utilizar un “Régimen de Adecuación Gradual de Capitales Mínimos”, el cual consiste en acreditar el capital requerido bajo el siguiente esquema:

 

• PESOS SESENTA MILLONES ($ 60.000.000) al 31 de Marzo de 2017.

 

• PESOS CIENTO TREINTA MILLONES ($ 130.000.000) al 31 de Diciembre de 2017.

 

• PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 250.000.000) al 31 de Diciembre de 2018.

 

• PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 350.000.000) al 31 de Diciembre de 2019.

 

La Reaseguradora, o Aseguradora con Ramo Reaseguro, que se haya acogido al “Régimen de Adecuación Gradual de Capitales Mínimos” deberá acreditar la decisión de tal extremo mediante Acta emanada del Órgano de Administración, que deberá presentar ante la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN en copia certificada junto a la presentación de los estados contables cerrados al 31 de marzo de 2017 en los que deberá dejarse nota y acompañar informe de auditoría.

 

30.7.2.1. La Reaseguradora, o Aseguradora con Ramo Reaseguro, que en la presentación de los estados contables al 31 de marzo de 2017 no haya adherido al “Régimen de Adecuación Gradual de Capitales Mínimos” conforme el punto 30.7.2. o no acredite el capital mínimo conforme el punto 30.2.1., podrá presentar un Plan de Reconversión en los términos establecidos en el punto 30.7.3.1.. En ese caso, deberá acreditar la decisión adoptada acompañando a la presentación de los aludidos estados contables, Acta del Órgano de Administración que dé cuenta de la decisión de presentar el Plan de Reconversión, debiéndose dejar nota en los estados contables y en el informe de auditoría.

 

Dicho Plan de Reconversión permitirá presentar los estados contables bajo el esquema de capitales mínimos exigidos al 31 de diciembre de 2016. Efectuada la presentación en estos términos la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN adoptará las medidas cautelares previstas en el Artículo 86 del la Ley N° 20.091, las que se mantendrán hasta tanto finalice el Plan de Reconversión.

 

30.7.3. PLAN DE RECONVERSIÓN.

 

30.7.3.1. La presentación del PLAN DE RECONVERSIÓN deberá incluir una detallada definición de objetivos y términos propuestos, cuyo cumplimiento no podrá superar el 30 de junio de 2018.

 

A dicha presentación deberán acompañar instrumento suscripto por los accionistas que dé cuenta del expreso compromiso de efectuar aportes de capital para sufragar todos los gastos y costos operativos de la entidad que se devenguen durante el término del Plan de Reconversión. En ningún caso podrán utilizarse recursos o activos de la entidad para otra finalidad distinta a la de satisfacer y cancelar compromisos con cedentes y/o retrocesionarios.

 

La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN deberá autorizar expresamente el Plan de Reconversión presentado. En caso de rechazo serán de aplicación las disposiciones contenidas en el Artículo 31 de la Ley N° 20.091.

 

30.7.3.2. El Plan de Reconversión deberá presentarse dentro de los SESENTA (60) días corridos contados desde el vencimiento para la presentación de los estados contables cerrados al 31 de marzo de 2017.

 

30.7.3.3. El Plan de Reconversión podrá contemplar distintas alternativas:

 

a) Fusión por absorción de la entidad por parte de otra Reaseguradora o Aseguradora.

 

b) Cesión de cartera de reaseguros a otra Reaseguradora local o Aseguradora.

 

c) Cesión de derechos a favor del Asegurador respecto del/los contratos de retrocesión celebrados con el/los retrocesionarios, neto de aquellas obligaciones de pago de prima pendientes.

 

d) Acuerdos de corte de responsabilidad —de primas, de siniestros, o de ambos— pactado con las aseguradoras cedentes y/o retrocesionarios.

 

En todos los casos deberá acreditarse la conformidad de parte de cada cedente y retrocesionario interviniente en los contratos celebrados.

 

Las entidades Reaseguradoras o Aseguradoras con Ramo Reaseguro podrán además poner a consideración de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN cualquier otra propuesta.”.

 

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyase el punto 2 del Anexo del punto 2.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, el que quedará redactado de la siguiente forma:

 

“2. CONTRATOS DE REASEGUROS Y RETROCESIONES

 

2.1. Las operaciones de reaseguro y retrocesión podrán ser realizadas tanto con Reaseguradoras Locales como con las Reaseguradoras Admitidas.

 

2.2. Las Aseguradoras podrán realizar operaciones de reaseguro pasivo automáticos y/o facultativos en todos sus ramos —a excepción de los previstos en el punto 2.3.— con Reaseguradoras admitidas conforme el siguiente esquema de contratación:

 

• Contratos con inicio de vigencia a partir del 01 de julio de 2017 hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de sus primas cedidas por contrato.

 

• Contratos con inicio de vigencia a partir del 01 de julio de 2018 hasta un máximo del SESENTA POR CIENTO (60%) de sus primas cedidas por contrato.

 

• Contratos con inicio de vigencia a partir del 01 de julio de 2019 hasta un máximo del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de sus primas cedidas por contrato.

 

Dichos porcentajes contemplan exclusivamente las operaciones de Reaseguro pasivo.

 

2.3. Los contratos de Reaseguro facultativos de riesgos individuales y los contratos catastróficos en todas sus formas, con sumas iguales o superiores a DÓLARES ESTADOUNIDENSES TREINTA Y CINCO MILLONES (U$S 35.000.000) con inicio de vigencia a partir del 01 de julio de 2017 podrán celebrarse con Reaseguradoras Admitidas en su totalidad.

 

2.4. Las Aseguradoras que efectúan operaciones de Reaseguro activo por hasta el DIEZ POR CIENTO (10%) del total de las primas de seguros directos, calculado al cierre de cada ejercicio económico, deberán realizar sus operaciones de retrocesión con Reaseguradoras Locales.

 

2.5. Las Reaseguradoras Locales no podrán transferir a empresas vinculadas o pertenecientes al mismo conglomerado financiero ubicadas en el exterior más del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la prima emitida, neta de anulaciones, al cierre del ejercicio anual. Tal límite solo podrá superarse, excepcionalmente, con previa autorización de esta Superintendencia, acreditando fehacientemente la imposibilidad de contar con cobertura a través de otros operadores del Mercado.”.

 

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyase el punto 5 del Anexo del punto 2.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, el que quedará redactado de la siguiente forma:

 

“5. REASEGURADORAS ADMITIDAS

 

5.1. Podrán ser habilitadas para aceptar operaciones de retrocesión y de reaseguro, las entidades Reaseguradoras extranjeras autorizadas al efecto en su país de origen (“Reaseguradoras Admitidas”), siempre que reúnan los siguientes requisitos:

 

a) Acrediten que se encuentran legalmente constituidas y autorizadas para reasegurar riesgos cedidos desde el exterior con indicación de la fecha de inicio de las operaciones.

 

b) Acrediten que la legislación vigente en el país de origen permite a dichas entidades cumplir con los compromisos —derivadas de los contratos de reaseguros— en el exterior, en moneda de libre convertibilidad.

 

c) Acrediten con informe de auditor externo, que cuentan con un patrimonio neto no inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MILLONES (U$S 100.000.000).

 

d) Acrediten calificación de los últimos TRES (3) años, efectuada por alguna de las siguientes calificadoras internacionales de empresas: A.M. Best: calificación mínima B+; Standard & Poor’s International Ratings Ltd: Capacidad para el Pago de Reclamos, calificación mínima BBB, Moody’s Investors Service: Solvencia Financiera, calificación mínima BBB; Fitch IBCA Ltd.: Capacidad para el Pago de Reclamos, calificación mínima BBB.

 

e) Designen un apoderado con amplias facultades administrativas y judiciales, incluso para ser emplazado en juicio, quien deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual serán consideradas válidas todo tipo de notificaciones y donde deben encontrarse a disposición de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN copias certificadas de los contratos de Reaseguro activo y toda otra documentación relacionada a los mismos. Dicho apoderado no tendrá facultades de ampliar o renunciar a la autorización para operar en Reaseguros y de transferir voluntariamente la cartera, salvo poder expreso. Tampoco podrá sustituir el mandato que le fuera conferido.

 

f) Presenten los estados contables de los últimos DOS (2) ejercicios —firmados en todas sus hojas por el apoderado a que alude el inciso anterior— con el respectivo dictamen de auditores externos.

 

g) Acrediten que se encuentran constituidas e inscriptas en:

 

1. Países, dominios, jurisdicciones, territorios o estados asociados, considerados “Cooperadores a los fines de la transparencia fiscal”, conforme lo previsto en el Decreto N° 589/2013 y reglamentación complementaria. Cuando no se encuentren constituidas e inscriptas en los términos del párrafo anterior, deberán acreditar que se encuentran sujetas al control y fiscalización de un Organismo que cumpla similares funciones a las de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, y con el cual se haya firmado memorando de entendimiento de cooperación e intercambio de información.

 

2. Se encuentren constituidas e inscriptas en países, dominios, jurisdicciones, territorios o estados asociados, cooperativos en el marco de la lucha mundial contra los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según los criterios emanados de los documentos públicos emitidos por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI).

 

Cuando no se encuentren constituidas e inscriptas en los términos del párrafo anterior, se evaluará la solicitud de autorización aplicando una mayor diligencia debida, proporcional a los riesgos, pudiendo aplicarse las contramedidas indicadas en la Recomendación 19 del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) y su Nota Interpretativa.

 

5.2. Los agrupamientos, mercados y sindicatos de Aseguradores o Reaseguradores, con reconocida y acreditada capacidad técnica y trayectoria en el mercado, podrán ser considerados como un solo sujeto reasegurador a los efectos formales y, consecuentemente, estar autorizados para suscribir notas de cobertura y contratos en tanto tengan apoderamiento suficiente. Ello sin perjuicio del cumplimiento de los restantes requisitos reglamentarios.

 

5.3. Las entidades Reaseguradoras comprendidas en el punto 5.1. y 5.2. deberán:

 

a) Presentar anualmente dentro de un plazo de NUEVE (9) meses del ejercicio económico:

 

I) Estados Contables —firmados en todas sus fojas por el apoderado a que alude el Punto 5.1.e)— con el respectivo dictamen de auditores externos.

 

II) Informe emanado de auditor independiente o de la autoridad de control del país de origen, que acredite el patrimonio neto mínimo exigido para operar.

 

III) Declaración Jurada efectuada por apoderado en la que se manifieste que las restantes condiciones exigidas para obtener su inscripción se mantienen.

 

b) Comunicar el cambio de apoderado designado o la modificación del mandato dentro de los TREINTA (30) días siguientes a su ocurrencia, remitiendo copia del nuevo poder conferido.

 

c) Comunicar dentro de un plazo de TREINTA (30) días de sucedida, cualquier variación que experimente la entidad con relación a los antecedentes acompañados a la inscripción.

 

d) Comunicar a este Organismo cualquier modificación introducida al estatuto social acompañando copia auténtica y legalizada de los documentos en que ésta conste, dentro de los TREINTA (30) días siguientes de la fecha en que hubiese sido aprobada la modificación.

 

e) Comunicar a este Organismo cualquier sanción que le hubiere sido impuesta por la autoridad competente en el país de origen o en otros países en los cuales opera, dentro del mes siguiente a la fecha en que ésta se le hubiere aplicado.

 

f) Informar a este Organismo las anulaciones o rescisiones de los Contratos de Reaseguro celebrados, siempre que esta situación se produzca durante su vigencia, dentro de los TREINTA (30) días de producida, mediante la remisión del formulario 1.3.c) “Rescisiones de Cobertura”. Asimismo, deberá informar a este Organismo, dentro del mismo plazo, los siniestros superiores a DÓLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000) rechazados por la Reaseguradora.

 

g) Informar a este Organismo todo acuerdo de cortes de responsabilidad —de primas, de siniestros o de ambos— pactado con sus reaseguradas, efectuado durante la vigencia contractual o una vez terminada ésta, dentro de los TREINTA (30) días de producido, mediante la remisión del formulario 1.3.d) I) “Cortes de Responsabilidad”.

 

h) Remitir cualquier información que la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN le requiera sobre los Contratos de Reaseguro suscriptos.

 

i) Entregar a sus cedentes dentro de un plazo máximo de TREINTA (30) días contados a partir del inicio de vigencia, los Contratos de Reaseguro o, en su defecto, las notas de cobertura que documenten tales operaciones. En este último caso el contrato respectivo deberá ser entregado dentro de un plazo máximo de TRES (3) meses de iniciada su vigencia, con la aceptación de todas las Reaseguradoras participantes.

 

j) Informar cualquier variación en la Política de Suscripción y Retención de Riesgos y/o toda otra decisión que reduzca las condiciones de cobertura del seguro directo y/o afecte el normal cumplimiento de los contratos celebrados con entidades aseguradoras del mercado argentino, dentro de un plazo de TREINTA (30) días.

 

5.4. Esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, por Resolución fundada, podrá suspender la inscripción en el Registro del Reaseguradoras Admitidas hasta tanto no cumpla con los requisitos exigidos por el Punto 5.3.

 

5.5. Esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, por Resolución fundada, procederá a la cancelación de la inscripción en el Registro del Reaseguradoras Admitidas, en aquellos casos donde la entidad realice operaciones contrarias a la normativa vigente o bien en los casos que, habiendo transcurrido SEIS (6) meses desde la suspensión prevista en el punto 5.4, la entidad no haya regularizado su situación.

 

5.6. Las Reaseguradoras Admitidas podrán solicitar la baja del Registrado respectivo, debiendo acreditar la decisión mediante instrumento emanado de su casa matriz.”.

 

ARTÍCULO 5°.- Deróguense el punto 4 del Anexo del punto 2.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, los Artículos 1° y 2° de la Resolución SSN N° 40.163 de fecha 11 de noviembre de 2016 y SSN N° 40.308 de fecha 17 de febrero de 2017.

 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Juan Alberto Pazo.

 

Ciudad de Buenos Aires, 02/05/2017

 

VISTO el Expediente Electrónico N° EX -2017-07538047- -APN-SECMA#MM, la Ley N° 25.506, los Decretos Nros. 434 del 1° de marzo de 2016 y 561 del 6 de abril de 2016, las Resoluciones Nros. 65 del 21 de abril de 2016 y 355 -E del 14 de septiembre de 2016 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, la Resolución Nro. 3 del 21 de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital, reconoce la eficacia jurídica del documento electrónico, la firma electrónica y la firma digital, y en su artículo 48 establece que el Estado Nacional, dentro de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156, promoverá el uso masivo de la firma digital de tal forma que posibilite el trámite de los expedientes por vías simultáneas, búsquedas automáticas de la información y seguimiento y control por parte del interesado, propendiendo a la progresiva despapelización.

 

Que el Decreto N° 434 del 1° de marzo de 2016 por el cual se aprueba el PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, contempla el PLAN DE TECNOLOGÍA Y GOBIERNO DIGITAL que propone implementar una plataforma horizontal informática de generación de documentos y expedientes electrónicos, registros y otros contenedores que sea utilizada por toda la administración a los fines de facilitar la gestión documental, el acceso y la perdurabilidad de la información, la reducción de los plazos en las tramitaciones y el seguimiento público de cada expediente.

 

Que el Decreto N° 561 del 6 de abril de 2016, aprueba la implementación del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) como sistema integrado de caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público Nacional, actuando como plataforma para la implementación de gestión de expedientes electrónicos.

 

Que el mencionado Decreto, ordena a las entidades y jurisdicciones enumeradas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 que componen el Sector Público Nacional la utilización del sistema de Gestión Documental Electrónica – GDE para la totalidad de las actuaciones administrativas, de acuerdo al cronograma que fije el MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

 

Que el artículo 6 del Decreto N° 561/16, faculta a la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN a dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la implementación del sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE) y el funcionamiento de los sistemas informáticos de gestión documental.

 

Que la Resolución N° 3 del 21 de abril de 2016 de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN aprueba la implementación de los módulos “Comunicaciones Oficiales”, “Generador de Documentos Electrónicos Oficiales” (GEDO) y “Expediente Electrónico” (EE) todos del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Que las Resoluciones Nros. 65 del 21 de abril de 2016 y 355 -E del 14 de septiembre de 2016 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN establecen los cronogramas de implementación del módulo “Expediente Electrónico” (EE) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) en los MINISTERIOS DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS y de TRANSPORTE, respectivamente.

 

Que, en consecuencia, dado que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL – ANAC dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, y la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, dependiente del MINISTERIO DE FINANZAS, se encuentran alcanzados por las normas mencionadas en los considerandos precedentes, corresponde establecer que a partir del 12 de mayo de 2017 la totalidad de sus actos administrativos deberán confeccionarse y firmarse mediante el módulo “Generador Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

 

Que en virtud de lo precedentemente expuesto, resulta necesario establecer el procedimiento de cierre de registros y comunicación a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

 

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la intervención que le compete.

 

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 561/16.

Por ello,

 

EL SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- Establécese que a partir del 12 de mayo de 2017 la totalidad de los actos administrativos de los siguientes organismos deberán confeccionarse y firmarse mediante el módulo “Generador Electrónico de Documentos Oficiales” (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE):

 

a) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL – ANAC, dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE.

 

b) SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, dependiente del MINISTERIO DE FINANZAS.

 

ARTÍCULO 2°.- Establécese que los funcionarios responsables de las unidades de Despacho y Mesa de Entradas de los organismos citados en el Artículo 1° deberán cerrar los registros de los actos administrativos instrumentados en soporte papel y/o en cualquier otro soporte, y deberán informar, mediante el módulo de COMUNICACIONES OFICIALES (CCOO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), a la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, el último número asignado a dichos actos administrativos obrante en sus respectivos registros, a fin de proceder a la continuación de la numeración correspondiente en el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese la presente medida a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN – SIGEN.

 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Eduardo Nicolás Martelli.

 

Buenos Aires, 20/04/2017

VISTO el Expediente N° 166.729/16 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), la Ley N° 24.557, los Decretos N° 658 de fecha 24 de junio de 1996, N° 1.167 de fecha 01 de diciembre de 2003, N° 49 de fecha 14 de enero de 2014, las Resoluciones S.R.T. N° 840 de fecha 22 de abril de 2005, S.R.T. N° 3.327 de fecha 09 de diciembre de 2014, N° 01 de fecha 05 de enero de 2016 y sus modificatorias, la Disposición de la Gerencia General (G.G.) N° 69 de fecha 09 de septiembre de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto N° 658 de fecha 24 de junio de 1996 se aprobó el Listado de Enfermedades Profesionales previsto en el artículo 6°, inciso 2°, apartado a) de la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo.

Que a través del artículo 1° de la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 840 de fecha 22 de abril de 2005 se estableció la creación del Registro de Enfermedades Profesionales, al cual las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.) deben remitir la información correspondiente a las Enfermedades Profesionales detectadas.

Que la Resolución S.R.T. N° 3.327 de fecha 09 de diciembre de 2014 determinó el procedimiento para la denuncia de Enfermedades Profesionales en el ámbito del registro creado mediante la Resolución S.R.T. N° 840/05.

Que a los efectos de informar los diagnósticos de las referidas enfermedades, se dispuso como herramienta la utilización de los códigos de Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud, Décima Revisión de la Organización Mundial de la Salud (C.I.E.-10).

Que ante las disparidades en la información brindada por parte de los distintos actores del sistema, la Gerencia General de esta S.R.T. mediante la Disposición N° 69 de fecha 09 de septiembre de 2002, estableció la creación del Manual de Codificación de Enfermedades Profesionales, a fin de unificar los criterios de aplicación del C.I.E.-10 en la codificación de las enfermedades profesionales, tomando como consigna la utilización de los códigos con relación a las patologías mencionadas en el Listado de Enfermedades Profesionales y los agentes de riesgo y sus elementos o sustancias que los componen.

Que por otra parte, los Decretos N° 1.167 de fecha 01 de diciembre de 2003 y N° 49 de fecha 14 de enero de 2014 incorporaron nuevas enfermedades al Listado de Enfermedades Profesionales aprobado por el Anexo I del Decreto 658/96.

Que en razón de las consideraciones expuestas, resulta necesario actualizar el Manual de Codificación de Enfermedades Profesionales y en consecuencia, derogar la Disposición G.G. N° 69/02.

Que las A.R.T. y los EA. deberán aplicar el Manual de Codificación de Enfermedades Profesionales que se aprueba mediante la presente, en los diferentes procesos de información y las Comisiones Médicas deberán utilizarlo en los dictámenes médicos que emitieren.

Que asimismo, corresponde establecer criterios mínimos para la remisión de la información relativa a las enfermedades no incluidas en el Listado de Enfermedades Profesionales.

Que de conformidad con las misiones y funciones asignadas por la Resolución S.R.T. N° 01 de fecha 05 de enero de 2016 y sus modificatorias, corresponde facultar a la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas para que pueda actualizar y/o modificar el manual aprobado por la presente.

Que la Gerencia de Control Prestacional y la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas, expresaron su conformidad con la medida que se impulsa.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha tomado la intervención que le corresponde.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el MANUAL DE CODIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES que como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los Empleadores Autoasegurados (E.A.) deberán aplicar el MANUAL DE CODIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES en los distintos procesos de información sobre Enfermedades Profesionales.

ARTÍCULO 3°.- Establécese que las Comisiones Médicas deberán aplicar el MANUAL DE CODIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES en los dictámenes médicos que emitieran.

ARTÍCULO 4°.- Establécese que todas aquellas Enfermedades Profesionales no incluidas en el listado aprobado por el Anexo I del Decreto N° 658 de fecha 24 de junio de 1996 y sus modificatorios, deberán informarse consignando el agente de riesgo causante exclusivamente mediante los siguientes códigos:

– 40218 – OTROS AGENTES QUÍMICOS

– 42019 – OTROS AGENTES QUÍMICOS FARMACOLÓGICOS

– 60030 – OTROS AGENTES BIOLÓGICOS BACTERIANOS

– 60040 – OTROS AGENTES BIOLÓGICOS VIRALES

– 60050 – OTROS AGENTES BIOLÓGICOS MICOLOGICOS

– 60060 – OTROS AGENTES BIOLÓGICOS PARASITARIOS

– 80020 – OTROS AGENTES ERGONÓMICOS

– 90009 – OTROS AGENTES FÍSICOS

Asimismo, se deberá consignar apropiadamente el diagnóstico de la contingencia informada, aplicando subsidiariamente los códigos C.I.E.-10 no contemplados en el manual aprobado mediante la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- Facúltase a la Gerencia de Administración de las Comisiones Médicas, a actualizar e introducir modificaciones en el Manual aprobado en la presente resolución.

ARTÍCULO 6°.- Deróguese la Disposición de la Gerencia General (G.G.) N° 69 de fecha 09 de septiembre de 2002.

ARTÍCULO 7°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día 03 de abril de 2017.

ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Gustavo D. Morón.

 

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Buenos Aires, 19/04/2017

 

VISTO el Expediente N° 15.697/09 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 24.241, N° 24.557, N° 26.417, los Decretos N° 833 de fecha 25 de agosto de 1997, N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) N° 34-E de fecha 02 de marzo de 2017, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 32, apartado 1 de la Ley N° 24.557 establece que el incumplimiento por parte de los empleadores autoasegurados, de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y de compañías de seguros de retiro de las obligaciones a su cargo, será sancionado con una multa de 20 a 2.000 AMPOs (Aporte Medio Previsional Obligatorio), si no resultare un delito más severamente penado.

 

Que el artículo 3° del Decreto N° 833 de fecha 25 de agosto de 1997, reemplazó al AMPO considerando como unidad de referencia al Módulo Previsional (MOPRE).

 

Que el artículo 13 del Capítulo II —Disposiciones Complementarias— de la Ley N° 26.417, estableció la sustitución de todas las referencias concernientes al Módulo Previsional (MOPRE) existentes en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, por una determinada proporción del haber mínimo garantizado, según el caso que se trate.

 

Que asimismo, el citado artículo 13 estableció que la reglamentación dispondrá la autoridad de aplicación responsable para determinar la equivalencia entre el valor del MOPRE y el del haber mínimo garantizado a la fecha de vigencia de la citada ley.

 

Que el artículo 15 del Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009 previó que, a los efectos del artículo 32 de la Ley N° 24.557, y sus modificatorias, la equivalencia del valor MOPRE será de un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del monto del haber mínimo garantizado, conforme lo previsto en el artículo 13 de la Ley N° 26.417.

 

Que, asimismo, el Decreto N° 1.694/09 determinó que la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) será la encargada de publicar el importe actualizado que surja de aplicar la equivalencia prevista en el artículo 15 del referido decreto, en cada oportunidad en que la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) proceda a actualizar el monto del haber mínimo garantizado, de conformidad con lo que prevé en el artículo 8° de la Ley N° 26.417.

 

Que el artículo 5° de la Resolución de la A.N.S.E.S. N° 34-E de fecha 02 de marzo de 2017, actualizó el valor del haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de marzo de 2017, fijándolo en la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 85/100 ($ 6.394,85).

 

Que corresponde que la S.R.T. publique el importe actualizado que surge de aplicar la equivalencia prevista en el primer párrafo del artículo 15 del Decreto N° 1.694/09, respecto de la Resolución A.N.S.E.S. N° 34-E/17.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos ha tomado la intervención que le corresponde.

 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.557 y el artículo 15 del Decreto N° 1.694/09.

 

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.- Establécese en PESOS DOS MIL CIENTO DIEZ CON 30/100 ($ 2.110,30) el importe que surge de aplicar la equivalencia contenida en el primer párrafo del artículo 15 del Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (A.N.S.E.S.) N° 34-E de fecha 02 de marzo de 2017.

 

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Gustavo D. Morón.

 

Síntesis:

31/03/2017

VISTO…Y CONSIDERANDO…

EL SUPERINTENDENTE

DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el punto 23.2 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 06 de noviembre de 2014 y sus modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:

“23.2. Aprobaciones de carácter particular.

Los elementos Técnico-Contractuales de carácter particular, solamente pueden ser utilizados por las Aseguradoras mediando previa aprobación expresa de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN).

A tal fin, la SSN debe evaluar si tales elementos Técnico-Contractuales se ajustan a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Especialmente debe considerarse la adecuación de tales elementos Técnico-Contractuales con las disposiciones de las Leyes N° 17.418, N° 20.091 y demás legislación general aplicable; normas concordantes, modificatorias y reglamentarias. La SSN debe disponer la aprobación particular de nuevos elementos Técnicos-Contractuales dentro de los NOVENTA (90) días corridos de formalizada la presentación pertinente. Si pasado ese término, la SSN no hubiese formulado observación alguna, se entiende que los nuevos elementos Técnico-Contractuales han sido tácitamente aprobados y pueden ser utilizados válidamente, a partir de ese momento, sin perjuicio de que la SSN fundadamente pueda requerir con posterioridad rectificaciones y/o adecuaciones. Este procedimiento no resulta aplicable cuando sea necesaria la previa conformidad o autorización de otro Organismo de la Administración Pública Nacional.

Al solicitar una aprobación de Condiciones Contractuales particular la entidad Aseguradora deberá presentar:

a) Nota de presentación, firmada por persona autorizada debidamente conforme lo establecido en el punto 7.5, donde solicita la aprobación de las mencionadas Condiciones Contractuales, debiendo informar en caso de corresponder, el Acto Administrativo por el cual se le confirió autorización para operar en el Ramo en cuestión.

b) Copia certificada del Acta de Directorio o del Acta del Consejo de Administración o decisión del representante legal inscripto en caso de sucursales extranjeras.

c) Nota Técnica.

d) Condiciones Contractuales.

e) Opinión Actuarial que avale la suficiencia de primas y que las mismas no sean ni abusivas ni discriminatorias. La misma deberá ser elaborada por un profesional que no posea relación de dependencia con la Aseguradora.

f) Opinión Letrada de la cual surja que las Condiciones Contractuales del Seguro propuesto se ajustan a las disposiciones de las leyes vigentes en materia de Seguro. La misma deberá ser elaborada por un profesional que no posea relación de dependencia con la Aseguradora.

g) Frente de Póliza, Denuncia de siniestro, Solicitud del seguro, y demás formularios.

h) La Política de Suscripción y Retención de Riesgos contemplada en el punto 24.1.

i) Cualquier otra documentación que esta SSN considere oportuna.”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el punto 23.3 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 06 de noviembre de 2014 y sus modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:

“23.3. Adhesión a aprobaciones de carácter particular.

Transcurridos NOVENTA (90) días corridos de la aprobación por esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (SSN) de elementos Técnico-Contractuales de carácter particular, cualquier Asegurador autorizado a operar, en la rama de que se trate, puede utilizarlos solicitando previamente autorización a esta SSN.

A tales fines, a pedido del interesado, esta SSN debe dar vista, exclusivamente, de los elementos Técnico-Contractuales aprobados con carácter particular y en vigencia.

Al solicitar una aprobación de adhesión de Condiciones Contractuales, la entidad Aseguradora deberá presentar:

a) Copia certificada del Acta de Directorio o del Acta del Consejo de Administración o decisión del representante legal inscripto en caso de sucursales extranjeras.

b) La Política de Suscripción y Retención de Riesgos contemplada en el punto 24.1.

c) El formulario que obra como “Anexo del punto 23.3. inc. c)”.

El presente procedimiento no se hace extensivo a las Condiciones Tarifarias, las cuales deben adecuarse a lo establecido en el punto 26.

De no mediar observación por parte de la SSN, dentro de los TREINTA (30) días corridos desde el momento de la referida presentación, los Aseguradores quedan automáticamente autorizados para utilizar tales elementos, sin perjuicio de que la SSN fundadamente pueda requerir con posterioridad rectificaciones y/o adecuaciones. Este procedimiento no es aplicable cuando sea necesaria la previa conformidad o autorización de otro Organismo de la Administración Pública Nacional.”.

ARTÍCULO 3°.- Establécese como medida transitoria que, para los Expedientes en trámite que a la fecha se encontraren pendientes de respuesta por parte de esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los plazos para que procedan las aprobaciones tácitas previstas en los puntos 23.2 y 23.3 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, comenzarán a computarse desde la fecha de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Derógase la Resolución SSN N° 39.677 de fecha 01 de marzo de 2016; las Comunicaciones SSN N° 4.550 de fecha 03 de junio de 2015 y N° 5.376 de fecha 05 de septiembre de 2016.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Juan A. Pazo.

Buenos Aires, 28/03/2017

VISTO el Expediente N° 118.885/15 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), y el Expediente N° 0016738/15 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (S.S.N.), las Leyes N° 20.091, N° 24.557, el Decreto N° 1.720 de fecha 19 de septiembre de 2012, la Resolución del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (I.N.A.E.S.) N° 213 de fecha 11 de marzo de 2015, la Resolución S.S.N. N° 38.708 de fecha 06 de noviembre de 2014, la Resolución S.R.T. N° 1.810 de fecha 24 de julio de 2015, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el artículo 26 de la Ley N° 24.557 estableció que la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo estarán a cargo de las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.), entidades de derecho privado cuyo funcionamiento deberá ser autorizado por la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (S.S.N.), tras el cumplimiento de requisitos de solvencia financiera, capacidad de gestión y demás recaudos previstos en esa ley, en la Ley N° 20.091 y en sus reglamentos.

 

Que por su parte, el artículo 42, inciso a) de la Ley de Riesgos del Trabajo establece que la negociación colectiva laboral podrá crear Aseguradoras de Riesgos de Trabajo sin fines de lucro, preservando el principio de libre afiliación de los empleadores comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo.

 

Que en ese contexto, el Decreto N° 1.694 de fecha 05 de noviembre de 2009, instruyó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (S.S.N.) a fin de que adopten las medidas necesarias, en los ámbitos de sus respectivas competencias, para impulsar la creación de entidades sin fines de lucro, de seguros mutuos, que tengan a su cargo la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas en la Ley sobre Riesgos de Trabajo, en los términos del artículo 2° y concordantes de la Ley de Entidades de Seguros y su Control N° 20.091 y sus modificatorias y el artículo 42, inciso a) de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones.

 

Que posteriormente, con el dictado del Decreto N° 1.720 de fecha 19 de septiembre de 2012, se facultó a que las asociaciones profesionales de empleadores o grupos de empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial —que celebren negociaciones colectivas al amparo de las Leyes Nros. 14.250 (t.o. 2004), 23.929 y 24.185— puedan constituir entidades Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) sin fines de lucro, en los términos del artículo 2° y concordantes de la Ley N° 20.091 y sus modificatorias, la Ley N° 20.321, el artículo 42, inciso a) de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, las que deberán utilizar la denominación “ART-MUTUAL”, para diferenciarse de otras entidades gestoras del sistema.

 

Que en tal sentido, el citado decreto establece que dichas entidades se constituirán como entidades asociativas de seguros mutuos y tendrán como objeto exclusivo la gestión de las prestaciones y demás acciones previstas según la Ley N° 20.091 y sus modificaciones y la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, normas reglamentarias y complementarias, en los ámbitos territoriales y personales correspondientes a la negociación colectiva que les dio origen, debiendo inscribirse en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (I.N.A.E.S.) y luego solicitar las autorizaciones a la S.R.T. y a la S.S.N., en los términos del artículo 26 y concordantes de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones, disposiciones reglamentarias y complementarias, y del artículo 2° y concordantes de la Ley N° 20.091 y sus modificatorias.

 

Que en ese contexto, la MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART MUTUAL (C.U.I.T. N° 30-71500295-3) promovió ante el referido Instituto la solicitud de inscripción y otorgamiento de personería jurídica, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto N° 1.720/12.

 

Que así, mediante la Resolución del I.N.A.E.S. N° 213 de fecha 11 de marzo de 2015, se resolvió aprobar el estatuto de la entidad y autorizarla a funcionar como mutual, haciéndosele saber a la solicitante que dicho reconocimiento como sujeto de derecho no la habilitaría para operar en seguros, debiendo en tal caso recabar las autorizaciones de la S.S.N. y de la S.R.T.

 

Que por tal motivo, la MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART MUTUAL presentó la documentación correspondiente a efectos de obtener la autorización para funcionar como ART-MUTUAL, en los términos del artículo 13 del Decreto N° 1.720/12.

 

Que se dio intervención a la SECRETARÍA DE TRABAJO perteneciente a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo dependiente del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, quien informó que la MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART MUTUAL se constituyó como tal en los términos del artículo 13 del Decreto N° 1.720/12, el cual establece: “Las asociaciones profesionales de empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial también podrán impulsar, por razones de solidaridad sectorial, de manera independiente y cualquiera sea su grado de agrupación, la constitución de una ART-MUTUAL como entidad de derecho privado sin fines de lucro, en los términos del artículo 26, inciso 1, de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones y del artículo 2°, inciso a), de la Ley N° 20.091 y sus modificatorias. Para ello, deberán realizar ante la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL una presentación fundada en las actividades económicas alcanzadas por la iniciativa y el universo de empleadores y trabajadores comprendidos en el ámbito de la cobertura que se pretende (…)”.

 

Que agregó además dicha Secretaría, que tuvo oportunidad de tomar intervención en el ámbito de su competencia, debido a la presentación efectuada por el SINDICATO DE PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE RÍO NEGRO, NEUQUÉN Y LA PAMPA y que según surge del Dictamen de la Dirección General de Servicios Jurídicos N° 941 de fecha 10 de septiembre de 2014, no se formularon observaciones legales al respecto.

 

Que asimismo, a fin de determinar si las actividades económicas informadas por la MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART MUTUAL —alcanzadas según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (C.I.I.U.) revisión 2° y 3° en su máxima desagregación— se encuentran dentro del ámbito de aplicación personal establecido en el objeto del testimonio del Estatuto de la referida entidad, la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES informó que comparte la opinión de la S.R.T. expresada mediante Nota S.C.E. N° 35.070/16, en el sentido de que dichas actividades encuadran dentro del objeto de su estatuto social, que en su artículo 4° expresa: “(…) La ART-MUTUAL, de solidaridad sectorial, tendrá trabajadores, empleados y obreros que directa o indirectamente estén vinculados con la prospección, investigación, exploración, perforación, extracción, servicios especiales, procesamientos, refinados, transporte por cualquier medio, expedición logística y comercialización de petróleo y sus derivados, sea que dichas tareas se desarrollen en el ámbito de la empresa petrolífera o fuera de ella, como así también en el ámbito de las empresas constructoras en cuanto su actividad se vincule con las descriptas precedentemente…”.

 

Que seguidamente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 20.091, en el artículo 26 de la Ley N° 24.557 y en el artículo 6° del Decreto N° 1.720/12, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN (S.S.N.) y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), tienen a su cargo el control de la acreditación de los requisitos establecidos en la normativa vigente, a los fines de otorgar la autorización para funcionar.

 

Que en tal sentido, mediante la Resolución S.R.T. N° 1.810 de fecha 24 de julio de 2015, se establecieron los aspectos a requerir por parte del citado Organismo para que las entidades que aspiren a incorporarse al Sistema de Riesgos del Trabajo como ART-MUTUAL acrediten suficiente capacidad de gestión para el otorgamiento de las prestaciones previstas en el sistema como así también, los requisitos que avalen la capacidad de controlar el cumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad en el trabajo.

 

Que a su vez, en el marco de las competencias asignadas mediante la Resolución S.R.T. N° 01 de fecha 05 de enero de 2016 y sus modificatorias, la Subgerencia de Control de Entidades, dependiente de la Gerencia de Control Prestacional; la Subgerencia de Control de Prestaciones Médicas y Gestión de Trámites ante las Comisiones Médicas, también dependiente de la Gerencia de Control Prestacional y el entonces Departamento de Inspecciones, actual Departamento de Monitoreo de Aplicación sobre A.R.T., perteneciente a la Subgerencia de Monitoreo y Control, dependiente de la Gerencia de Prevención, tomaron intervención —mediante Notas D.C.G.E. N° 26.826/16 y N° 35.404/16—, propiciando así que el Departamento de Control de Gestión de Entidades, con la anuencia de la Subgerencia de Control de Entidades de la S.R.T., se expidan favorablemente para otorgar la autorización para funcionar como ART-MUTUAL a la MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART MUTUAL.

 

Que independientemente de la opinión vertida por las áreas mencionadas en el párrafo precedente, se aclara que las mismas podrán llevar a cabo acciones de fiscalización en el marco de sus competencias sobre la referida entidad, a fin de verificar que la misma dé cumplimiento a las obligaciones asumidas, al iniciar sus actividades.

 

Que en el marco de la competencia prevista en el artículo 1° de la Ley 20.091 ha tomado intervención la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

 

Que en ese contexto, se expidieron la Gerencia de Inspección, la Gerencia de Evaluación, la Gerencia de Autorizaciones y Registros, la Gerencia de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Gerencia Técnica y Normativa de dicho Organismo, concluyendo que no existen observaciones que formular a la autorización solicitada.

 

Que los Servicios Jurídicos de ambos Organismos de supervisión tomaron la intervención en el ámbito de sus competencias.

 

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° de la Ley N° 20.091, los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557 y el artículo 14 del Decreto N° 1.720 de fecha 19 de septiembre de 2012.

 

Por ello,

 

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Y

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART MUTUAL (C.U.I.T. N° 30-71500295-3) a operar y afiliar en seguros de riesgos del trabajo como entidad de derecho privado sin fines de lucro, en los términos del artículo 26, inciso 1° de la ley N° 24.557 y sus modificaciones y del artículo 2°, inciso a) de la Ley N° 20.091 y sus modificatorias, conforme la descripción del ámbito territorial y personal que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- Establécese que la MUTUAL DE EMPLEADOS Y OBREROS PETROLEROS PRIVADOS ART-MUTUAL tendrá la obligación de informar sobre cualquier cambio que se produzca, planificado o no, tanto en el Plan de Crecimiento Operativo como en la estructura técnico funcional que se exponen como Anexo II de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber a la aseguradora que, una vez producida la inscripción en el Registro de Entidades Aseguradoras, deberá comunicar la fecha de inicio de las operaciones.

ARTÍCULO 4°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan A. Pazo. — Gustavo D. Morón.

NOTA:  

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e. 30/03/2017 N° 19560/17 v. 30/03/2017

 

Fecha de publicación 30/03/2017

Buenos Aires, 21/03/2017

 

VISTO el Expediente N° 42.763/17 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), la Ley N° 27.348, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 18 de la ley citada en el VISTO prevé que estarán a cargo de la respectiva Aseguradora de Riesgos del Trabajo, o del empleador autoasegurado, los gastos de atención médica en que incurra la Obra Social del trabajador y que resulten cubiertos por la Ley N° 24.557 y sus modificatorias.

Que asimismo establece que las prestaciones en especie que sean brindadas por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, motivadas en accidentes o enfermedades inculpables no alcanzadas por la Ley N° 24.557 y sus modificatorias, serán reintegradas por la respectiva Obra Social del trabajador.

Que a tales fines, encomienda a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), conjuntamente con la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (S.S.S.), la creación de una Comisión Especial la cual deberá dictar las normas reglamentarias para instrumentar los reintegros allí definidos, y establecer un procedimiento administrativo obligatorio en caso de conflicto.

Que por último, el tercer párrafo del precitado artículo establece además, que los prestadores médicos asistenciales contratados por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo deberán estar inscriptos en el Registro de la S.S.S., encomendando a esa Superintendencia y a la S.R.T., establecer las modalidades y condiciones para formalizar dicha inscripción.

Que en función de lo expuesto, resulta pertinente la creación de la Comisión Especial prevista en el artículo 18 de la Ley N° 27.348, fijando un plazo para el cumplimiento de su cometido.

Que los servicios jurídicos de la A.F.I.P., la S.R.T. y la S.S.S., han tomado la intervención que les corresponde en el marco de sus competencias.

Que la presente se dicta en cumplimiento a lo previsto en el artículo 18 de la Ley N° 27.348.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL

DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

y

EL SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS DE SALUD

RESUELVEN:

ARTÍCULO 1° — Créase la Comisión Especial prevista en el artículo 18 de la Ley N° 27.348, la cual estará conformada por TRES (3) miembros en representación de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), TRES (3) miembros en representación de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y TRES (3) miembros en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (S.S.S.).

ARTÍCULO 2° — Desígnanse como miembros integrantes de la Comisión Especial, en representación de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.) a los Directores de las Direcciones de: Operaciones con Instituciones de la Seguridad Social, de Asesoría y Coordinación Técnica y de Presupuesto y Finanzas.

ARTÍCULO 3° — Desígnanse como miembros integrantes de la Comisión Especial, en representación SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), al Gerente Técnico, Licenciado Diego Gustavo DEQUINO (M.I. N° 22.191.529); al Asesor Doctor Luís Jorge Cesar LEFEVRE (M.I. N° 10.520.311); y al Doctor Alberto José CURCI CASTRO (M.I. N° 10.401.359).

ARTÍCULO 4° — Desígnanse como miembros integrantes de la Comisión Especial, en representación de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD (S.S.S.), al Gerente de Gestión Estratégica, Doctor Alberto Eduardo FLORES (M.I. N° 4.444.699); al Gerente de Asuntos Jurídicos, Doctor Alejandro COOKE (M.I. N° 16.891.344) y al Gerente de Control Prestacional, Doctor Silvio DESSY (M.I. N° 20.012.175).

ARTÍCULO 5° — Encomiéndase a la Comisión Especial la redacción de las normas reglamentarias para la instrumentación del procedimiento de reintegro de gastos entre las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T.) y las Obras Sociales. Asimismo, dicha comisión tendrá a su cargo la elaboración de un procedimiento administrativo obligatorio para las partes en caso de conflictos. Dichas propuestas, deberán ser elevadas a la consideración de las máximas autoridades de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, para el dictado de los pertinentes actos dispositivos, en el marco de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 6° — Otórgase a la Comisión Especial, el plazo de SESENTA (60) días contados desde su conformación, para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la presente.

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Alberto Abad. — Gustavo D. Morón. — Luis Scervino.

Buenos Aires, 14/03/2017

 

VISTO el Expediente N° 45.055/17 del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes N° 24.557, N° 26.773, N° 27.348, la Resolución S.R.T. N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Ley N° 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo determinó en su artículo 3° la creación del Servicio de Homologación en el ámbito de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, el cual tendrá las funciones y operará según el procedimiento establecido en el Anexo I de la mentada Ley.

 

Que el referido Anexo en su artículo 1° establece: “…El Servicio de Homologación, en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales, será el encargado de sustanciar y homologar los acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas y fallecimiento, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, mediante las actuaciones y con intervención de los funcionarios que a tal efecto determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.

 

Que seguidamente, en su artículo 3°, el mentado Anexo determina: “…Para el caso en que las partes, en forma previa a la intervención de la comisión médica jurisdiccional, hubieren convenido el monto de la indemnización correspondiente al daño derivado del accidente laboral o enfermedad profesional, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo deberá solicitar la intervención de la Comisión Médica Jurisdiccional, a fin de someter la propuesta de convenio ante el Servicio de Homologación. El Servicio de Homologación citará a las partes y al empleador, con el objeto de que los profesionales médicos que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo designe al efecto, verifiquen el grado de incapacidad contenido en la propuesta. Cumplido tal extremo y contando con el respectivo informe del profesional médico, el Servicio de Homologación constatará que el grado de incapacidad y el importe de la indemnización acordada se corresponden con la normativa de la ley 24.557 y sus modificatorias. En tal caso, el Servicio de Homologación, luego de constatar la libre emisión del consentimiento por parte del trabajador o de sus derechohabientes, homologará la propuesta de convenio mediante el acto pertinente, dejando expresa constancia del ejercicio por parte del trabajador o de sus derechohabientes de la opción prevista en el artículo 4° de la ley 26.773.

 

Que por su parte, la Resolución S.R.T. N° 298 de fecha 23 de febrero de 2017 —reglamentaria de la Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo— instauró el “Procedimiento para la homologación de la propuesta de convenio por incapacidades definitivas y fallecimiento”.

 

Que la referida resolución, mediante su artículo 20 prevé como requisito necesario para el inicio de las actuaciones, la existencia de un formulario de propuesta de convenio, el cual deberá ser suscripto por las partes y respetar las exigencias mínimas para garantizar un trato equitativo de los damnificados cubiertos por el régimen del Sistema de Riesgos del Trabajo.

 

Que atento a lo expuesto, resulta necesario establecer un formulario de propuesta de convenio estándar de uso obligatorio, con el objeto de que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), Empleadores Autoasegurados (EA.) y Empleadores No Asegurados (E.N.A.) ofrezcan un acuerdo a los trabajadores damnificados respecto de la incapacidad laboral derivada de la contingencia y el importe de las prestaciones dinerarias, respetando en todo caso lo dispuesto por la Ley de Riesgos del Trabajo y sus normas complementarias.

 

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Normativos de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le corresponde.

 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los artículos 36 y 38 de la Ley N° 24.557 y el artículo 3° de la Ley N° 27.348.

 

Por ello,

 

EL SUPERINTENDENTE

DE RIESGOS DEL TRABAJO

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Formulario de Propuesta de Convenio de uso obligatorio para las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), Empleadores Autoasegurados (EA.) y Empleadores No Asegurados (E.N.A.), que como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

 

ARTÍCULO 2° — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Gustavo D. Morón.

 

ANEXO

 

FORMULARIO PROPUESTA DE CONVENIO

332-1332-2332-3332-4

 

En este acto, las partes convienen:

 

Ejercer la opción prevista en el artículo 4° de la Ley N° 26.773, en favor del sistema de reparación previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo y normas complementarias.

 

Elevar el presente proyecto de Convenio a consideración del Servicio de Homologación de la Comisiones Médicas, consintiendo que lo aquí acordado se encuentra condicionado a la decisión homologatoria dictada por la autoridad competente. A tales fines, el trabajador ejerce la opción por la competencia de la Comisión Médica N°__________________________, correspondiente al domicilio real / donde presta tareas / donde habitualmente se reporta, de conformidad con la documentación que lo acredita.

 

La A.R.T./E.A./E.N.A., dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada del acto de homologación, deberá poner a disposición del trabajador el importe de la indemnización correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Anexo I de la Ley N° 27.348, depositando el monto total en la Cuenta Sueldo N°________________________________, C.B.U. ________________________________a nombre del trabajador.*

 

Lo convenido no alcanza en forma alguna al otorgamiento de las prestaciones en especie previstas en el artículo 20 de la Ley N° 24.557, que pudieran requerirse con relación a la contingencia objeto del presente.

 

Previa lectura, las partes firman de conformidad TRES (3) ejemplares de un mismo tenor.

332-5

 

* En caso de que el trabajador no posea una cuenta a sueldo al momento de hacer el depósito, se deberá informar la Localidad y Provincia en la cual se procederá al pago, a través de los bancos habilitados.