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En el 2021 fue el 25º aniversario de un sistema que se consolidó como una necesidad de cobertura y un aspiracional para los trabajadores que aún no cuentan con ella.

Es que, evidentemente, no pasan inadvertidos para la población trabajadora y empleadora los beneficios de una cobertura especializada en prevención y atención de patologías y accidentes laborales activa 24 x 7, inmediata, integral, sin copagos y de por vida.

Pandemia, esta versatilidad se vio claramente en el contexto pandémico, cuando las ART sumaron a sus funciones y responsabilidades habituales el requerimiento de brindar cobertura a una enfermedad nueva y desconocida, no prevista, imposible de mensurar y ajena al sistema de los riesgos laborales.
Así fueron atendidas, hasta el 28 de enero de 2022, 501.785 personas afectadas con esa patología, en paralelo con las enfermedades y los accidentes de origen laboral.
Además, se confeccionaron protocolos sectoriales y se asesoró a empresas en prevención.

De hecho, en el citado período se brindaron más 30 millones de atenciones, asesoramientos y capacitaciones virtuales. Financiamiento y precisamente en esta línea, 2022 presenta enormes desafíos a superar vinculados con una doble mochila:
a) la resolución del financiamiento de la cobertura de casos de covid-19; y b) una litigiosidad que, luego de la reforma de 2017 y la caída de demandas observada en 2018 y 2019, vuelve a mostrar desde 2020 una curva ascendente.
En relación con el primer punto, la cobertura de casos de COVID- 19 adquirió una dimensión que agotó el Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales (FFEP), del cual estaba previsto que las ART recuperaran los adelantos de los pagos que implicó el servicio. Los fondos destinados a cubrir los costos de la pandemia fueron muy insuficientes dada la dimensión y duración de la cobertura. Los paliativos que se fueron estableciendo para recapitalizar el FFEP implican un largo plazo para su recomposición con un gran impacto económico y financiero para las ART que operan en el mercado.
Se estima, al cierre de diciembre de 2021, que la afectación a pagos por el covid-19 estuvo en el orden del 15 % del total recaudado y puede resultar que ese valor se duplique en los próximos meses dado el contexto de incertidumbre imperante. Por esta razón, el decreto 79/2022, publicado el viernes 18 de febrero, habilitó al FFEP a realizar un contrato de fideicomiso o a tomar un préstamo para hacer frente a la cobertura del covid-19. Se motiva en que el FFEP resultó ampliamente deficitario y, además, quedan importantes compromisos por cubrir, para los cuales se prevé la contratación de un agente fiduciario debido a que el FFEP tendrá un mayor volumen y complejidad en su operatoria y requiere un agente profesional para su manejo.
Naturalmente, la respuesta a las necesidades sanitarias de los trabajadores contagiados se brindó atendiendo la cobertura de las contingencias laborales que habitualmente se da a la población trabajadora en general. Esta compleja situación derivó en que las ART estén afrontando el exceso que demandó la cobertura con fondos propios.
El segundo punto atañe a la litigiosidad que retoma su curva ascendente. Después del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), dispuesto en 2020 y que funcionó como una suerte de dique para el ingreso de nuevas demandas, con el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y el retorno a la nueva normalidad las causas delinearon una curva en expansión. Comparado con 2020, en 2021, los juicios crecieron un 78%. Esta problemática está estrechamente vinculada con la asignatura aún pendiente de conformación de los Cuerpos Médicos Forenses, prevista por la ley 27.348/2017, en el ámbito de la Justicia de las provincias adheridas y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los desvíos del baremo y las disparatadas sentencias, luego corregidas muchas veces por el más alto tribunal, ratifican la necesidad de avanzar en su constitución para jerarquizar la labor de los peritos a través del concurso de antecedentes y la carrera profesional dentro de la Justicia con honorarios establecidos por acto médico y no como porcentaje del monto de la sentencia como hoy sucede, alentando así la litigiosidad y el fraude

Mientras estos dos grandes factores, stock judicial y financiamiento del covid-19 no se encuentren despejados, el sistema de riesgos de trabajo se encuentra expuesto a una pesada carga que pone en riesgo su sustentabilidad. Allí están sus mayores desafíos. Por ello, el sector interpreta que la Superintendencia de Seguros de la Nación, a través de la resolución 30/2022, hizo una correcta lectura del escenario en que hoy opera el sistema.
La suspensión por 180 días de las autorizaciones a nuevas entidades que soliciten operar en el ramo riesgos del trabajo por parte del organismo regulador del sector es una medida congruente con la excepcionalidad y el impacto que generó la irrupción del covid-19 en el sistema de riesgos del trabajo. Nuevas empresas, sin ese gran peso a cuestas, obtendrían ventajas competitivas determinantes en perjuicio del sistema en general, distorsionando aun más el frágil equilibrio.

Para finalizar, no puede eludirse la caída en términos reales de la facturación de las ART debido, en parte, al marco económico general del país. En el período abril de 2021 versus abril de 2020, el aumento nominal no llega al 30 % ya que su importe y devengamiento dependen de tres factores: La cantidad de trabajadores registrados en relación de dependencia hoy con cierto grado de recuperación, pero a ritmo lento de la mano de la actividad económica.

Los salarios declarados que, si bien en estos últimos meses evidenciaron un recupero en paritarias, vienen con rezago. La alícuota que fijan las ART sobre la masa salarial, cuya disminución dentro de un mercado marcadamente competitivo es un proceso ya constante (de un 3,46 % promedio sobre la masa salarial en 2015,pasando a un 2,63 % en abril de 2020, a un 2,51 % en abril de 2021 y a un 2,47 % a diciembre de 2021). En suma, el camino parece plagado de importantes cuestiones a debatir y resolver, pero resguardando y conservando lo conseguido. Una vez más, la búsqueda de consensos será determinante para avanzar por otros 25 años más.

(* ) Presidenta de la UART.

TAMBIÉN PREOCUPA LA RENTABILIDAD Y SOLVENCIA DE LAS ASEGURADORAS
Las autoridades de las cámaras empresarias del sector asegurador muestran una seria preocupación por el complejo entorno económico. El impacto llega hasta la rentabilidad y la solvencia de las compañías. El resultado de las inversiones no mejora y no hay margen para profundizar la guerra de tarifas. Se pondera el buen diálogo con la Superintendencia de Seguros y la secretaría de Finanzas. Un 2022 incierto que esperan sobrellevar con mesura y concentrando los esfuerzos en eficientizar el negocio con transformación digital.

El avance de la vacunación debería ir llevándonos paulatinamente a una normalización y, por ende, a una reactivación de la economía. Sin embargo, para las autoridades de las cámaras empresarlas del sector asegurador, aún hay demasiados obstáculos que nos separan de un horizonte despejado.
REGLAS DE JUEGO. Para Gonzalo Santos Mendiola, presidente de AACS, Asociación Argentina de Compañías de Seguros, “la perspectiva no es buena porque el contexto macroeconómlco es malo”. En sus palabras, “hace falta un cambio rotundo de reglas de juego, un plan económico apuntado a la generación de inversiones y, en consecuencia, a la generación de empleo, que vaya hacia la productividad”. En la misma línea se pronuncia Juan Carlos Mosquera, presidente de ADIRA, Aseguradoras del Interior de la República Argentina: “Me estoy imaginando un 2022 complicado desde lo económico, político y social. Es un escenario complejo de mucha fricción. Va a ser difícil atraer inversiones, algo que sería fundamental”.
Alfredo González Moledo, presidente de AACMS, Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros, se suma con una “profunda preocupación” sobre el escenario actual: “La cantidad de empresas que están cerrando y las muchas anulaciones de cartera que hay por falta de pago hacen prever un panorama poco alentador”. Desde ADEAA, Asociación de Aseguradores Argentinos, Eduardo Felizia también considera que “la situación económica es muy difícil, con tendencia a agravarse”. El presidente de esta cámara señala que, “superada en parte la cuestión sanitaria, los daños producidos en la economía se ven con claridad”.
Es cierto: la crisis sanitaria ha generado desequilibrios y desafíos a nivel local y mundial. Pero también es cierto que muchos países ven en la búsqueda de consensos y el trabajo de equipo la llave para superar más rápidamente la devastación que dejó la pandemia. “Hacemos votos para que nuestro país también avance en ese sentido. El equilibro de las variables macroeconómicas es clave”, subraya Mara Bettiol, presidenta de UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

MESURA. Para María Inés Guzzi, presidenta de AVIRA, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina, “2022 es pura incertidumbre”. La realidad es que los seguros voluntarios pierden terreno en épocas de crisis, especialmente frente a los seguros obligatorios. Sin embargo, la estimación de la producción de seguros que publica la Superintendencia de Seguros mes a mes, indica que en septiembre de 2021 los seguros de Personas crecieron más que los ramos Patrimoniales: un 3,7% respecto de agosto y 4,4% respecto de septiembre de 2020, a valores constantes (es decir, por encima de la inflación). “Esos mismos informes muestran que Vida Individual en general viene creciendo todos los meses un poquito también, siempre hablando de valores constantes, aunque por ejemplo septiembre tuvo números negativos. Es significativo mostrar crecimiento real, aunque sea con márgenes chicos, especialmente este segundo año de crisis que viene siendo muy duro”, señala Guzzi.
Con la macro tan complicada, la pregunta es qué partido van a jugar las compañías de seguros, el de la mesura o el de quemar las naves. “La situación es tan delicada que todo el mercado debe estar atento a las decisiones que se toman. Estrategias que en otro momento pudieron ser exitosas hoy son inviables, por ejemplo, la competencia agresiva de tarifas. Se requiere de madurez como industria para enfrentar esta situación con calma. La competencia debe existir, pero con una cuota de racionalidad”, indica Mosquera, y repasa: “Si frente a la inflación, los mayores costos, las faltantes de repuestos, de unidades 0 Km, y el aumento de los gastos fijos, nuestra respuesta es bajar las tarifas, estamos yendo a contramano. Es momento para tener calma y ser prolijos, de buscar la eficiencia mejorando proceso e incorporando tecnología”.
Esta mesura se impone en todos los ramos, sobre todo en Automotores porque la gracia de la baja en la siniestralidad que se notó en pandemia ya es historia. La frecuencia en Automotores está casi en el mismo nivel que antes de la pandemia: en Daños, por el natural movimiento que trajo la reapertura de las actividades; en RC, por la fuerza con que vienen los nuevos litigios en manos de estudios de abogados. “También hay mayor intensidad siniestral como consecuencia del claimsinflation. En daños parciales la falta de repuestos -por la imposibilidad de importarlos-y de precios de referencia, genera una inflación de los siniestros”, explica el titular de AACS y redondea: “Al mismo tiempo, los gastos aumentan siguiendo a la inflación y la venta está complicada.Todo esto nos pega en el resultado técnico”.

El golpe se siente igual de fuerte en el resultado financiero. Hace años el mercado tiene un problema para calzar activos y pasivos: en Riesgos del Trabajo y en Automotores los juicios evolucionan a tasas más altas que el rendimiento que las compañías pueden lograr en el mercado financiero. El headgeo entre activos y pasivos sigue siendo un problema.
PUNTO MUERTO. “Los instrumentos hoy tienen tasas negativas o están en breakeven respecto de la inflación”, señala Santos. Este punto muerto financiero es todos los meses un poquito más profundo. “El año que viene el problema va ser de rentabilidad. El golpe, además, se sentirá sobre la solvencia del mercado que ya hoy tiene su problemática”, cierra el titular de la AACS.
Mosquera entiende que será difícil superar la inflación con los rendimientos de cartera: “En el mejor de los casos estaremos cinco puntos por debajo. Faltan instrumentos de mediano y largo plazo, en dólares… y esto está sobre la mesa de diálogo con Finanzas, organismo con el que tenemos muy buen acercamiento. Están interesados en entender, pero hay mucho camino por recorrer”.
“La rentabilidad financiera que venía sosteniendo al sistema disminuyó. El resultado técnico tampoco lo veo mejorando, teniendo en cuenta la complejidad judicial y sus dictámenes locos. Al mismo tiempo, siguen tratando de imponer impuestos de todo tipo a nuestra industria. El panorama está muy comprometido. Hay pérdida de capital en muchas compañías y, aunque no es extremo como para el cierre de operadores, es preocupante”, aporta González Moledo. Según considera, en materia de impuestos hay un abuso: “Cada sector trata de llevar agua para su molino, pero el agua del pozo del sector asegurador no da abasto para regar a todos”.
Bettiol se suma en la misma línea: “La exacerbada litigiosidad genera una brecha entre la actualización de pasivos judiciales y el rendimiento de las inversiones en cartera de las aseguradoras”.
Santos describe que, en general, las reservas por juicios están infravaluadas. Es muy común el encarecimiento de siniestros conocidos que sobrepasan la reserva originalmente constituida para ellos. Esto genera pérdidas al momento de la liquidación de siniestros y, sobre todo, al momento de cerrar juicios. “En Automotores y en Caución el IBNER (N. de la R.: Incurred But Not Enough Reserved, por sus siglas en inglés, ocurridos y conocidos, pero no suficientemente reservados en español) está infravaluado. En algún momento van a tener que empezar a subir; las compañías van a tener que reservar más para cubrir la insuficiencia de las reservas. Eso, obviamente, va a pegar en los balances; en la siniestralidad en primer lugar y, como consecuencia, en la solvencia”, anticipa.
EXTRAÑO. La pandemia y la cobertura de una patología nueva y extraña al entorno laboral puso una dura prueba a todos los actores del sistema de Riesgos del Trabajo. “Logramos estar a la altura de las circunstancias, pero el COVID-19 no es un tema cerrado aún, en cobertura y también en financiamiento. Es un tema de política aseguradora para el sector y lo será aún en 2022”, señala Bettiol desde la UART.

Por su parte, al cierre de esta edición AVIRA estaba preparando un informe entre las aseguradoras asociadas sobre siniestralidad. “Estamos estimando entre un 15 y un 30 por ciento de incremento de siniestralidad que las compañías pagamos por tema Covid. Sin embargo, no hubo ruido. Las aseguradoras cubrimos este riesgo -en muchos casos no previsto-y lo hicimos bien, de forma tal que no se generó ningún ruido judicial ni discusión alrededor de este tema”, destaca el mérito, Guzzi.
Dicho esto, Bettiol vuelve para ir al hueso de la problemática de Riesgos del Trabajo: urge la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) por parte de los máximos tribunales judiciales de las provincias que adhirieron a la reforma. “Seguiremos resaltando la centralidad de este aspecto inusitadamente demorado de la ley 27.348, porque es el eslabón que cierra y da certeza al procedimiento establecido”, insiste la referente. Recordemos que los CMF existen para que, si alguna discrepancia por porcentaje de incapacidad remanente no se resuelve por vía administrativa y llega a la vía judicial, la misma sea determinada por peritos elegidos por concurso de antecedentes, que cobren honorarios por acto médico y no acoplado al monto de la sentencia y que utilicen como referencia obligatoria para parametrizar daños el Baremo de Incapacidades que forma parte de la citada ley. “Se desalentaría la instancia judicial porque en ella se obtendría un resultado semejante al dictaminado en comisiones médicas, en tiempo perentorio y sin costos de intermediación para el damnificado”, concluye la titular de UART. Mientras tanto, la masa litigiosa a agosto de 2021 resulta igual a la total de 2020. “La proyección nos lleva a unos 83.500 juicios”, estima Bettiol.

También analiza con preocupación la infratarifación crónica del sistema. “Si bien en alguna medida esto está relacionado con la libre competencia comercial entre las compañías -reconoce-, también resulta imperioso encontrar una eficiente correlación entre los servicios que el sistema brinda y su financiamiento.” En otro orden, por su parte, AVIRA sigue motorizando el proyecto de seguros inclusivos. En este momento el foco del trabajo con la Superintendencia de Seguros es la necesidad de generar un marco normativo especificó. “Si eso no se da, no vamos a tener un mercado, de seguros inclusivos en la Argentina. Porque no se trata de un seguro tradicional chiquito -por eso no les digo microseguros-, sino de un seguro distinto. El aspecto inclusivo no es sólo el monto de las sumas aseguradas sino el tipo de necesidades cubiertas y la accesibilidad de los medios de compra. Es necesario generar marco normativo específico para que esto se pueda desarrollar. Respecto de la cobertura, sería relevante incluir una pata prestacional para darle mayor tangibilidad y frecuencia de uso. Respecto del canal, proponemos una nueva categoría, la de agentes institorios de seguros inclusivos, que serían organizaciones (ONGs y cooperativas, por ejemplo) que ya están en el terreno, que conocen la problemática y que tiene la confianza de esa comunidad”, explica Guzzi y completa que, además, necesariamente los contratos deberían ser más amigables.

BUEN DIÁLOGO. En materia de política aseguradora, hay varios aspectos que están en pleno desarrollo: “La industria se encuentra focalizada en varios temas gravitantes para la marcha de la actividad, entre ellos el desarrollo tecnológico, el mejoramiento de procesos, la profesionalización de sus planteles, el contacto con los PAS, las tarifas, inversiones e impuestos”, enumera Felizia.
Estos y otros aspectos son motorizados desde las cámaras empresarias y trabajados en conjunto con los organismos del Estado. Las autoridades de todas las cámaras coinciden en señalar que la dinámica entre ellas y la SSN está en un muy buen momento. “Hay mucha coordinación con la Superintendencia de Seguros y con la Secretaría de Finanzas. La mayoría de los temas se trabajan en una mesa tripartita, en conjunto”, dice Guzzi y puntualiza: “El diálogo con Finanzas viene muy bien. En materia de inversiones -matcheo para que los pasivos tengan buen respaldo con activos adecuados-, venimos permanentemente comunicados”. Otro tema que trabaja AVIRA con Finanzas es el de los incentivos fiscales para Vida, Vida con Ahorro y Retiro: “En 2021 vence el tercer monto fijo previsto por decreto para la deducción -que quedó en 24 mil pesos-, Llegamos a fin de año sin tener el mecanismo de actualización automática que debe funcionar a partirde2022. Estamos trabajando en resolver eso y, por otro lado, para establecer deducciones para los tomadores de pólizas colectivas”, completa la titular de la cámara.
“Hoy la relación con la Súper es muy buena -se suma Santos-, Hay un trabajo conjunto por hacer en materia de transformación digital y control de fraude, que son temas muy relevantes.” El titular de la AACS subraya que también el diálogo entre las asociaciones es muy bueno: “Hay un frente común fuerte para avanzaren lostemas que están en agenda”.
En palabras de González Moledo, “la administración actual de la Superintendencia está tratando de ayudar al mercado”. Dice: “El organismo de control el último año y medio viene intentando compatibilizar las necesidades del sector con la línea que le marca el Ministerio de Economía. Viene bien. Pudo evitar o diferir temas que no eran oportunos para nuestra industria en este contexto. Esto nos permite ir capeando el temporal a la espera de tiempos mejores”. El titular de la AACMS alienta a “apoyara la SSN”, a “darle la derecha para que siga trabajando como hasta ahora, sin volantazos, dando el tiempo necesario para que los operadores se adapten a cada novedad normativa”.
Mosquera también pondera el entendimiento con la SSN: “Hay un diálogo abierto para llevar propuestas para construir. Hay predisposición, voluntad y también hay límites. Cada uno sabe el rol que cumple. Debemos seguir cerca del regulador para, entre todos, lograr que esta actividad tan linda llegue a jugar en las grandes ligas. Hablo de un salto de calidad del mercado que le permita ser relevante en el futuro, con legislación apropiada y ágil para dar respuestas certeras y rápidas”.
Desde UART, Bettiol recuerda que el desafío de una enfermedad inédita como el COVID-19 exigió a lo largo de 2020 una cantidad enorme de adaptaciones normativas: “El ida y vuelta y el buen diálogo con la SSN y la SRT facilItaron esa operatoria. Necesitamos seguir trabajando mancomunada, profesional e institucionalmente, tal como en los últimos dos años”.
Según la visión de Felizia para hacer posible un real crecimiento y desarrollo del sector, deberán realizarse las necesarias modificaciones en materia fiscal, aplicarse un esquema tarifario suficiente y comprender los tribunales el funcionamiento del mercado de seguros, aplicar la ley y seguir los lineamientos impuestos por la Corte Suprema. “Caso contrario -señala- el sector asegurador no podrá dar el salto de calidad y progreso que todos anhelamos.”

Prioridades en la agenda de las Cámaras Empresarias

AACS. “La prioridad es acompañar al mercado en la transformación digital. Tiene que haber una reconversión de la capacitación que propone la Asociación a las compañías, para que el foco no sea ya técnico sino de gestión. Ayudar a las aseguradoras con, por ejemplo, capacitación en metodologías ágiles. Son competencias y habilidades no técnicas de seguros que habilitan la transformación digital. El objetivo final es generar mayor eficiencia en la industria y mejores experiencias para los clientes.” Gonzalo Santos Men- diola, presidente de AACS, Asociación Argentina de Compañías de Seguros.
ADIRA. “ADIRA tiene su silla en las Mesas Participativas que convoca la Superintendencia y siempre vamos con un aporte, con una mirada que sume, para contribuir al objetivo que se está persiguiendo. Al mismo tiempo, formamos parte de la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF) donde el tema de la sustentabilidad está en todas las mesas de trabajo. Sabemos que el seguro puede contribuir fuertemente para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone Naciones Unidas. Aspiro a que pronto se pueda empezar a ver el cambio tangible en las compañías”. Juan Carlos Mosquera, presidente de ADIRA, Aseguradoras del Interior de la República Argentina.

AACMS. “Trabajamos en un proyecto de simplificación de las Condiciones Generales, la letra chica de los contratos, para hacerlas más claras y transparentes. Queremos pólizas accesibles para los asegurados.” Alfredo González Moledo, presidente de AACMS, Asociación Argentina de Cooperativas y Mutualidades de Seguros.
ADEAA. “Nuestra cámara trabaja incansablemente en defensa del seguro privado argentino, de las empresas medianas y pequeñas que la integran, visualizando un mercado profesional, con la participación imprescindiblede los PAS, respetando las reglas técnicas de la industria y las buenas prácticas aseguradoras.” Eduardo Felizia, presidente de ADEAA, Asociación de Aseguradores Argentinos.
AVIRA. “Llevamos el proyecto de seguros inclusivos desarticulado a cada Mesa de Trabajo de la SSAÍ. Hay que preparar un terreno nuevo para que esto crezca. Seguimos avanzando en este sentido. Por otro lado, además de sostener nuestro Concurso de Creatividad, el Seminario Internacional y el Programa Ejecutivo de Seguros de Personas que hacemos con la UCA, empezamos a avanzar en temas de diversidad e inclusión con FEMS, Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros.” María Inés Guzzi, presidenta de AVIRA, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina.
UART. “UART seguirá trabajando incansablemente en el perfeccionamiento del sistema, pero ello tiene sentido si logramos contener una litigiosidad que se desboca al amparo de una justicia que no respeta lo dispuesto por la ley 27.348. Esto está directamente ligado a la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses. Adicionalmente, tenemos planes de sumar nuevos colectivos a nuestro sistema. Son muchos los trabajadores independientes que reclaman una cobertura como la que ofrecemos. Haremos nuestros mejores esfuerzos para concretarlo.” Mara Bettiol, presidenta de UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

Charlamos con Mara Bettiol, Presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo sobre la realidad del Sistema en el año de su 25º aniversario.

25 años han trascurrido desde que Argentina tomó el desafío de crear un sistema de cobertura y reparación integral de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En aquel momento inicial, se analizaron con detenimiento diferentes modelos vigentes en otras partes del mundo, tomando de todos ellos lo mejor para generar un sistema superador aprovechando el aprendizaje de otras experiencias. “Hoy nos enorgullece la capacidad de respuesta que tiene nuestro sistema. No sólo en cuanto a los beneficios o indemnizaciones, ya que se trata de un sistema más generoso que los vigentes en varios países, sino en cuanto al tiempo récord en que fue poniéndose a tono con los estándares internacionales en materias tales como la prevención en la que llevábamos décadas de atraso.”, afirma Mara Bettiol, Presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, UART.

A la par del desarrollo del sistema, fue el de nuestra entrevistada en su área laboral. Así lo comparte, “Llevar adelante la gestión de una cámara empresarial es una tarea ardua que exige una enorme dedicación y un justo equilibrio entre la diplomacia y la gestión con resultados, especialmente cuando, como en mi caso, se trata de una Presidencia Ejecutiva.
Exige un compromiso 24/7 y un ejercicio permanente de la capacidad de escuchar y hallar puntos de coincidencia sobre los cuales construir ante miradas disímiles, aspectos para los cuales las mujeres solemos estar más preparadas.
Si bien en mi experiencia, considero que el género no fue una cuestión de particular atención en el desarrollo de mi carrera profesional, reconozco que en múltiples actividades laborales y de la vida en general, la desigualdad existe, como así también los preconceptos con los que hay que lidiar, los desajustes salariales y la poca posibilidad de las mujeres en términos generales de acceder a determinadas posiciones.
Destaco el proceso de transición pero de acelerado y firme avance en nuestro país en esta materia, en el que hay una clara dirección hacia la equiparación de oportunidades de desarrollo, en el más amplio sentido de la palabra.

Pandemia mediante.
La pandemia no fue indiferente al Sistema de Riesgos de Trabajo de nuestro país, muy al contrario, lo puso a prueba diferenciándose positivamente de experiencias de otras latitudes.
Según una encuesta realizada por la Uni Global Union, federación sindical radicada en Suiza que representa a más de 20 millones de trabajadores en 150 países del mundo, Argentina ocupó la primera posición en cuanto a respuestas que se dieron en el mundo laboral para la cobertura de COVID-19. El apoyo a los trabajadores en esta problemática fue total; Argentina se destacó como el primer país, seguido de Austria, Suecia, Francia y España.

Consultada sobre el rol del prevencionista dentro del sistema, Mara afirma: “es una figura esencial en el marco de un enorme engranaje cuyo foco claramente es la prevención. El staff de prevencionistas de las ART realizó en 2019, 700 mil visitas y 1,6 millón de recomendaciones. En 2020, a pesar de todas las dificultades planteadas por el ASPO y luego el DISPO, se llevaron a cabo alrededor de 450 mil visitas a empresas, de las cuales derivaron más de 700 mil recomendaciones en cuestiones de seguridad y salud ocupacional. Sin embargo, hay que resaltar que entre abril 2020 y octubre 2021, por la pandemia, estas acciones fueron principalmente virtuales y superaron las 30 millones incluyendo asesoramientos, capacitaciones, instructivos y material didáctico. Obviamente, la puesta en práctica de las recomendaciones conlleva una responsabilidad compartida entre empleadores activándolas, trabajadores respetándolas, y el Estado fiscalizando. Cada uno desde su rol, actuando para evitar accidentes y muertes. En esta cadena de responsabilidades el aporte del prevencionista es crucial.

No puedo dejar de ver este logro como el resultado de la acción conjunta y del trabajo de equipo. Y también destacando herramientas clave de esa acción, como lo son: las mesas cuatripartitas, el programa de empresas testigo, los seminarios, los cursos virtuales y el congreso anual en el marco del Programa Prevenir. 2020 nos llevó a la transformación digital de estas herramientas y a incrementar así la federalización de los programas, logrando la participación de 6948 personas con el trabajo en red simultáneo de 28 instituciones.

Pensamos que nunca habrá un punto de llegada en el camino de la prevención, básicamente por la realidad del trabajo y los entornos laborales que cambian y evolucionan, planteando nuevos desafíos. Por eso las estrategias de prevención se modifican y perfeccionan con esa mutación y así se va adecuando la respuesta por parte de todos los actores responsables de su asesoramiento, implementación y control.”

Balance y perspectiva

Con la satisfacción de un camino recorrido en el aprendizaje y la mejora permanente, para Mara el balance de estos 25 años del Sistema de Riesgos del Trabajo es altamente positivo.

“Este camino de superación permanente fue el fruto del trabajo conjunto entre trabajadores, empresas, aseguradoras y el Estado. Esto fue lo que nos permitió ir ampliando nuestro alcance, sumando más beneficios y más personas protegidas por  la cobertura. Aún en momentos tan críticos como los enfrentados en 2020/21 con la pandemia, fue decisivo el buen diálogo con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la de Seguros y el Ministerio de Trabajo.  

De cara al porvenir, las expectativas son de que el Sistema pueda seguir creciendo, conquistando lo pendiente y perfeccionando lo hasta ahora conseguido. “El mayor desafío para el sistema es lograr que se conformen los Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito de cada una de las provincias adheridas y en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en CABA. Este es un pendiente inexplicable, que tiene una demora ya de casi 5 años. Su ausencia determina una litigiosidad que le genera sobrecostos al sistema judicial y al laboral. Y más allá de contar con más de 24 fallos de la Corte Suprema que avalan aspectos clave del Sistema, la ausencia de un cuerpo de peritos profesionales cuyos honorarios no estén atados al monto de la sentencia sino que cobren por acto médico y sean llamados por concurso, deja una grieta abierta que exacerba la litigiosidad. Debemos lograr su constitución para terminar con dislates periciales que no se atienen al Baremo y derivan en sentencias mal fundamentadas y arbitrarias. Contar con esta pieza clave para el sistema implica eliminar una gigantesca amenaza constituida por un stock de 270 mil demandas.

Otro desafío fundamental es equilibrar prestaciones con financiamiento. Si esta ecuación se desvirtúa, la prestación y los beneficios del sistema se resienten. Hay un pendiente en esta materia tanto sea para la cobertura COVID que se previó con cargo al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales y cobertura No COVID con cargo a primas.”

29/10/2021 Revista Informe Operadores de Mercado

25 años de Trabajo y Resultados

Entrevista a Mara Bettiol
Presidente de la UART

Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), reflexiona sobre la actualidad y evolución del sistema.

– A 25 años de la creación del Sistema de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557), ¿cuál es su balance en cuanto a prevención, resultados, logros y asignaturas pendientes? – En estos 25 años el Sistema de Riesgos del Trabajo ha experimentado un proceso de mejora continua que se evidencia en números concretos. Casi 10 millones de trabajadores y 1 millón de empleadores protegidos, para una cobertura que hoy es un aspiracional para los trabajadores que no cuentan con ella. Encuestas anuales evidencian un nivel de satisfacción creciente para aquellos que cuentan con la cobertura y que debieron recibir atención por algún accidente o enfermedad profesional. Asimismo, un esfuerzo en prevención, capacitación y asesoramiento permanente que evoluciona de acuerdo con las características del mercado laboral, los avances tecnológicos, y las situaciones que se van planteando. Todo este esfuerzo conjunto de trabajadores, empleadores, ARTs y el Estado, nos permite destacar hoy que desde el sistema salvamos 14 mil vidas sólo por el descenso logrado en los índices de fallecidos.

Pero sin lugar a dudas, la pandemia fue un punto de inflexión que gracias al nivel de informatización existente, la atención en las diversas plataformas, la elaboración de nuevos protocolos y la tecnología disponible, permitió no sólo sostener la cobertura de las contingencias vinculados al trabajo sino además sumar respuestas, contención y atención del COVID como nueva patología extraña y ajena al sistema. Una vez más, el sistema respondió a la altura de las circunstancias.
Definidos los logros y las complejidades que el sistema supo superar, la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) sigue siendo una asignatura pendiente.
Ya más de cuatro años desde que, con la reforma L.27.348, se definió la importancia de su constitución para ordenar y contener desvíos y dislates periciales. Un pendiente, cuya responsabilidad está en cabeza de las máximas autoridades judiciales de cada provincia y en el caso de CABA de la CSJN, que amenaza la sustentabilidad misma del sistema y deja espacio al crecimiento de la litigiosidad.

– Tras el Decreto 367/20 que declaró al Covid-19 como enfermedad profesional no listada, ¿cómo evalúa el impacto y la respuesta del Sistema en general y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en particular durante 2020 y 2021? – La crisis pandémica fue un evento súbito vinculado a una patología desconocida. La colaboración permanente, el trabajo conjunto sobre la base de consensos que se activó de modo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la Superintendencia de Seguros de la Nación y las ART fueron la clave para lidiar con esta circunstancia excepcional que puso en seria tensión a toda la ciudadanía y a los actores económicos del país con la reconfiguración de rutinas para trabajadores esenciales y el advenimiento del teletrabajo masivamente mientras duró el ASPO y DISPO.

Precisamente, durante 2020 y gracias a una revolución cuanticualitativa en todas las áreas de atención se brindaron 5 millones de prestaciones asistenciales y se produjeron en paralelo 26 millones de acciones virtuales en prevención más múltiples programas de prevención y capacitaciones con enfoque federal.

Para responder médicamente, se incorporaron módulos de aislamiento en sanatorios, clínicas y unidades no hospitalarias medicalizadas en hoteles, más seguimiento domiciliario de pacientes que cursaban la infección en sus casas. Se desarrolló un protocolo operativo de gestión interna para la atención médica integral, desde la recepción de la denuncia hasta el alta, se entregaron kits de protección profesional para distintas especialidades (odontología, serología, etc.), se reforzaron los planteles médicos con clínicos, infectólogos inumunólogos, psicólogos, etc. La logística de atención se modificó radicalmente y la telemedicina asumió protagonismo.
Múltiples canales de atención 24×7 y ampliación de red de prestadores. Todo lo cual, fue concretado en tiempos récord para la atención, contando al 08/10/21 de más de 436 mil casos COVID positivos.

– ¿Cómo analiza los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia que han vuelto a respaldar la aplicación del Baremo de Ley como única herramienta para determinar la incapacidad surgida de un accidente de trabajo? – Sin lugar a dudas, son destacables las más de dos docenas de fallos de CSJN que han validado aspectos clave de la reforma de 2017.

El aval a instrumentos consagrados por la Ley 27.348 como el Baremo (Fallo Seva) como única tabla de objetivación del daño y las Comisiones Médicas como la instancia previa obligatoria a la causa judicial (Fallo Pogonza), sin por ello vulnerar el derecho del trabajador de litigar, vienen a poner orden y a guiar el accionar de la justicia en instancias inferiores corrigiendo criterios que se hubieran apartado de la norma.

No obstante, es también de mencionar el sobrecosto que los dislates periciales, las sentencias mal fundamentadas y los porcentajes exorbitantes de incapacidad otorgados generan en todo el sistema de trabajo argentino, más allá de la seria amenaza que provocan a la sustentabilidad misma del sistema de Riesgos del Trabajo – ¿Cuál es hoy la situación del Sistema en materia de litigiosidad y siniestralidad? ¿Cuál es actualmente la adhesión de las provincias a la Ley Complementaria 27.348? – Tenemos una buena adhesión a la L.27.348 con 15 provincias más CABA, lo que en conjunto representa el 94% de la masa judicial. No obstante, la demora en la constitución del CMF abre una grieta para que, con honorarios periciales atados al monto de la sentencia, se generen incentivos para la litigiosidad acompañado por un aumento injustificable de las incapacidades que no guardan relación con el Baremo.

Luego de la reforma, la litigiosidad recorrió un camino descendente con 39% menos juicios en 2018 respecto de 2017.
En 2019, la baja fue del 15%. En 2020, año muy atípico por cierto dado que el ASPO generó una suerte de tapón, la baja fue del 34%. Pero ya para 2021 proyectamos una suba del 87% con 50.788 juicios a Agosto 2021 contra 44.667 para todo el año 2020.

– En julio 2021 ha sido reelegida y ha iniciado su noveno ciclo como Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), ¿cuáles son los principales desafíos y objetivos que plantea para su actual gestión? – Hay mucha tarea para realizar. Nuestro principal objetivo como entidad es velar por el cumplimiento dela ley y, en este sentido, seguiremos peticionando ante la Justicia a fin de que se conformen lo CMF como cuerpo especializado de peritos convocados por concurso y remunerados por acto médico. Entendemos que cada año que pasa sin su constitución se generan enormes perjuicios en el sistema de riesgos de trabajo. También queremos echar luz sobre el problema de la infra tarifación crónica del sistema, agravada por la litigiosidad, y sobre la brecha entre la tasa de actualización de pasivos judiciales y el rendimiento de las inversiones en cartera de las aseguradoras.

Insistimos en que debe haber una correlación eficiente entre servicios a brindar y financiamiento de los mismos.
Lo ideal además sería que no exista esa fuga de recursos permanente por la exacerbada e injustificada litigiosidad en un sistema que da respuestas en especie y dinerarias. Las primas deben guardar relación con los riesgos a cubrir, los costos deben ser predecibles.

– ¿En qué consiste el Programa Prevenir, de Seguridad y Salud Ocupacional, y cuáles fueron sus resultados y repercusiones? – El Programa Prevenir, realizado por UART y coordinado por FISO, despliega múltiples acciones focalizadas en seguridad ocupacional, gratuitas, con criterio amplio abordando estrategias de prevención de riesgos para múltiples áreas de la economía y enfocadas con visión federal. Las mismas toman forma de seminarios, cursos virtuales, benchmarking y el congreso anual que se encuentra ya en su 11° Edición y por segundo año consecutivo llevamos adelante en modo virtual.

Con nuevos temas y contenidos y el apoyo hoy de más de 38 instituciones nacionales, el programa se caracteriza por una fuerte impronta federal y la participación de 32.000 personas en todo el país.

Concebido para los profesionales de Higiene y Seguridad, aborda temáticas tan variadas como el COVID, la seguridad vial, la seguridad con maquinarias agrícolas, el uso responsable de los fitosanitarios, la ergonomía en la actividad frutihortícola, entre otras.

– ¿Cuál es su mirada en relación a la prevención de riesgos laborales desde el inicio del sistema a la actualidad y cuál es el enfoque que se le da desde la UART? – Respecto de prevención de riesgos, hemos recorrido un largo y productivo sendero, en el que la comunidad de objetivos entre trabajadores respetando las medidas de seguridad, empleadores implementando las mejoras, aseguradoras asesorando y atendiendo y el Estado regulando y fiscalizando, ha dado frutos. Las políticas y estrategias de prevención fueron evolucionando también en estos25 años con los cambios en los trabajos y los avances en las tecnologías. Esta focalización conjunta del tema permitió una baja sensible en los accidentes en ocasión del trabajo y -como ya dijimos previamente- una reducción de 80% en los fallecimientos, lo que significa 14 mil vidas salvadas. La pandemia también implicó un enfoque específico de la prevención para evitar contagios, tanto dentro de las propias aseguradoras, en nuestros proveedores y en las empresas clientes. Por eso se desarrollaron protocolos específicos cuya implementación permitió acotar los riesgos del trabajo presencial. – ¿Cuál es la agenda futura de UART en el corto y mediano plazo? ¿Cómo es la relación con la SRT y SSN? – Ya hablamos de la centralidad que tiene para nosotros la constitución de los CMF. Es un punto crucial. Resuelto esto, comenzará a despejarse el universo litigioso y podremos entonces pensar en la incorporación de más colectivos al sistema.

La relación con la SRT y con SSN es de colaboración permanente y de trabajo conjunto para abordar todos los desafíos que en 25 años de vida del sistema se han presentado.
– ¿Cuál es la posición de UART sobre el proyecto de ley para la creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo? – Es una herramienta que bien regulada e instrumentada es valorable porque todo lo que involucra la participación de las empresas y trabajadores en materia de prevención es esencial. En este sentido, es clave la opinión de las cámaras empresarias y sindicatos respecto de la iniciativa que promueve el PEN. Si bien no disponemos de números, se sabe que a hoy una buena proporción de trabajadores que desempeñan su tarea en empresas disponen de algún esquema de participación bipartita (empleador- trabajador). La base del sistema de riesgos del trabajo es la prevención, para ello la ley le provee diferentes herramientas, como el registro de siniestralidad, la posibilidad de establecer precios en función del riesgo, normas claras y cumplibles, roles definidos para empleadores, trabajadores, ART y para el Estado, todo ello hoy sitúa al sistema en un lugar privilegiado para seguir trabajando en prevención de accidentes y enfermedades laborales.

– A modo de conclusión, ¿qué aspecto clave desea poner en relieve? – Una super-síntesis de nuestro sistema. Es clave el cuidado de la solvencia y escindir de una vez la litigiosidad del sistema para que pueda seguir brindando cobertura y los servicios en tiempo y forma. En este sentido, el cumplimiento de la ley 27.348 por parte de las cortes provinciales es crítico, el esfuerzo que hemos hecho desde las ART, el Estado, las legislaturas provinciales y el Congreso Nacional, los empleadores, los trabajadores, merece que el Poder Judicial esté a la altura y cumpla de una vez con la previsión legal que prevé la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses

Bettiol. “Es clave el cuidado de la solvencia y escindir de una vez la litigiosidad del sistema para que pueda seguir brindando cobertura y los servicios en tiempo y forma. En este sentido, el cumplimiento de la Ley 27.348 por parte de las cortes provinciales es crítico“.

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