La edición septiembre-octubre 2018 de la Revista de IDEA, incluye una extensa nota con el balance de lo sucedido en los 20 meses post reforma de la Ley ART
En la Revista distribuida en el Coloquio de IDEA, destacados referentes de Riesgos del Trabajo expusieron sus comentarios sobre los avances y pendientes de la Reforma que impacta de modo directo sobre la competitividad y el empleo en la Argentina. Se refirieron sobre el particular, el Superintendente de Riesgos de Trabajo Cr. Gustavo Morón; la Lic. Mara Bettiol Presidente de la UART, el Lic. Jorge Colina, Director de IDESA; el Dr. Walter Andreozzi, Asesor Legal de la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE); el Dr. Enrique Pereira, Médico Laboral y el Dr. Gonzalo Dabini, Abogado del Estudio Bulló. A continuación se plasman y sintetizan los aspectos más salientes de los comentarios referidos.
Frente a una exacerbada litigiosidad, en febrero de 2017 se lograron importantes consensos para la aprobación de la Reforma de la Ley de ART. Tal como venimos señalando, la Ley 27.348 introdujo varios cambios, entre los que se destacan: un procedimiento administrativo ágil, previo y obligatorio a un planteo judicial; la conformación de Cuerpos Médicos Forenses en cada Provincia, un sistema de honorarios fijo para los peritos, la utilización obligatoria del Baremo y la modificación de la base de cálculo de las indemnizaciones.
Si bien a casi dos años de la aprobación de la ley se observan resultados positivos, también se advierten importantes asignaturas todavía pendientes.
El Cr. Gustavo Morón destacó que a partir de la modificación hubo una significativa reducción de los juicios. Además, introdujo en el balance general “la agilización del cobro de las prestaciones a los trabajadores: de 5 años promedio en la justicia, a 3 meses en las Comisiones Médicas de los distritos adheridos a la Ley N° 27.348 y el incremento en un 44% del número de Comisiones Médicas, estableciéndolas en lugares donde antes no existían”.
Por su parte, Mara Bettiol coincidió con la significativa baja de juicios pero también resaltó como asignatura pendiente la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses en el ámbito del Poder Judicial. En este sentido, los máximos tribunales judiciales de cada provincia, no han procedido aún en la creación y puesta en marcha de los Cuerpos Médicos Forenses o Cuerpos Médicos Periciales conformados por médicos especializados, seleccionados por concurso, que devenguen honorarios en función de la tarea realizada (ya no más atados al monto de la sentencia) y apliquen de manera adecuada el Baremo único o Tabla de Evaluación de Incapacidades que forma parte de la nueva ley en sus dictámenes. En consecuencia, remarcó que, o se constituyen los Cuerpos Médicos Periciales en el ámbito de la Justicia Laboral en forma inmediata para que las pericias se ajusten a los valores de ley, o habrá que prever el financiamiento adecuado para cubrir el desfasaje judicial que hoy se presenta, el cual profundiza el desequilibrio entre las primas cobradas por las aseguradoras y los pasivos a afrontar.
Jorge Colina, Director de IDESA, instituto dedicado al estudio de cuestiones sociales y laborales, definió la reforma como “un hito dentro del Sistema de Riesgos del Trabajo, porque es la primera vez, desde 1995, que se logra un consenso en que el exceso de judicialización es muy pernicioso para el sector productivo”. Además, destacó que “la calidad de la pericia médica implica ajustarse a las reglas, la cual en este caso es el Baremo”.
El Dr. Walter Andreozzi, asesor legal de FISFE, la Federación de industriales de Santa Fe, reclamó la adhesión de su provincia, que explica el 12% de la litigiosidad total del país, aún pendiente por parte del gobierno provincial.
En tanto, el Médico Laboral Enrique Pereira señaló que “hoy la cuestión pericial es la parte del problema no resuelto, derivada de la poca rigurosidad en la elección de estos profesionales y el hecho distorsivo de que los honorarios periciales se establezcan como porcentaje de la sentencia”.
Al respecto, el Dr. Gonzalo Dabini, abogado socio del Estudio Bulló, resaltó que el sistema vigente de valoración del daño en sede judicial, en la gran mayoría de las jurisdicciones del país, se encuentra agotado, ya que tiene un efecto sumamente pernicioso sobre la litigiosidad imperante. “A esta altura de las circunstancias, es inadmisible que quien defina el alcance del daño sufrido por el trabajador, sea un perito médico o psicólogo, sorteado de un listado, al cual se accede por el sólo hecho de anotarse, sin concurso de antecedentes alguno, y muchas veces sin la necesaria capacitación o experiencia para actuar en el ámbito forense”.
En un marco como el prestigioso Coloquio de IDEA, cuyo leit motiv 2018 fue el cambio cultural y la urgencia de repensar a la Argentina en un nuevo paradigma, la inclusión de esta problemática en el órgano de difusión de la entidad es una contribución y un valioso aporte al cambio que se propugna.
EL SISTEMA DE ART EN CIFRAS
Desde UART, además, se precisó que a 22 años de su entrada en vigencia, el sistema cubre a 10 millones de trabajadores y a 1,2 millón de empleadores; redujo 46% los accidentes laborales y 73% los fallecimientos, lo cual significa casi 11.000 vidas salvadas en el ámbito del trabajo. Paralelamente, se incrementaron la atención médica integral; la recalificación y reinserción laboral y las visitas y recomendaciones de prevención en las empresas. “Estos resultados tienen una significativa importancia social y económica, ya que propician la generación de más y mejores empleos, logro obtenido del trabajo coordinado de empresas, sindicatos, Estado y ART”, sintetizó Bettiol. Agregó además que la reforma de 2017 permitió un incremento significativo de indemnizaciones, en un marco de baja de las alícuotas que en promedio se ubicaron en torno al 3% de la nómina salarial. Según estimó la UART en diciembre de 2016 (antes de la sanción de la ley 27.348), para que ese valor técnico de mercado resultara sostenible y suficiente para brindar la cobertura prevista, debían darse dos supuestos. Uno, que el ingreso de nuevos juicios fuera de 13.000 y no de 80.000 como se estima para 2018 y dos, que le valor de los juicios y de las incapacidades bajara 35%. O sea que al poner en riesgo la ecuación económico-financiera de las ART, las cuestiones clave aún pendientes conspiran contra la consolidación de la reforma y también las perspectivas de crecimiento del sistema, a través del aumento del empleo formal y de la posible incorporación en un futuro de 4,5 millones de autónomos y monotributistas que carecen de la cobertura de Riesgos del Trabajo.
