30/11/2001 – Sentencia de la CNTrab. – Sala VIII.
Reclamo de indemnización por la Vía Civil, arts. 1113, 1119, 1068 y ccs. del CC. Constitucionalidad de los arts. 1° y 39 de la LRT.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2001, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:
EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:
I.- La sentencia de primera instancia declaró la inconstitucio-nalidad de los arts. 1º y 39 de la Ley 24557 y condenó a Tarsa Construcciones S.A.C. y a Provincia A.R.T. en forma solidaria a resarcir al actor, en los términos de los arts. 1113, 1119. 1068 y c.c. del Código Civil, las secuelas derivadas del accidente de trabajo sufrido. Vienen en apelación la parte actora, la demandada Tarsa S.A. y la aseguradora Provincia A.R.T. y, respecto de la regulación de honorarios, las representaciones letradas de estas últimas.
II.- El actor se queja porque considera insuficiente el monto indemnizatorio. La demandada Tarsa Construcciones S.A. se agravia por la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1º y 39 de la Ley 24557;; por el monto de condena establecido, por haber omitido el sentenciante evaluar las impugnaciones que formuló al informe médico; por entender que la máquina que manipuló el actor no constituye una cosa riesgosa y por la forma en que fueron impuestas las costas del proceso. La aseguradora Provincia A.R.T. se queja por haber decretado el “a quo” la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1º y 39 de la L.R.T., por la condena solidaria que recayó en ella y por las regulaciones de honorarios de su propia representación letrada y de la totalidad de los peritos actuantes.
III.- Razones de buen método aconsejan analizar en primer término el agravio relacionado con la declaración de inconstitucionalidad de los artículos ya citados de la Ley 24557.
Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión al sentenciar en los autos “Avalo, Gregoria c. Bagley S.A.”, causa 8991/98; “Vallejos, Carlos c. Rigesin Labs S.A., causa 28330, “Lazarte, Patricia y otros c. A.F.I.P., causa 26888/98 y “Villalba, Alberto c. Guillermo Decker S.A. y Otros”. En adelante me he de referir a lo que considero es una síntesis comprensiva de lo allí dicho.
En nuestro ordenamiento jurídico el control de constitucionalidad de las leyes es difuso y circunscripto a cada caso concreto. Ello significa que no existe un tribunal competente para conocer de impugnaciones generales, con base constitucional, de las normas de rango inferior, y para dejarlas sin efecto, con ese carácter, cuando resultan violatorias de la Constitución, sino que esa atribución es ejercida por todos los jueces -y en última instancia, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, y que ellos no emiten declaraciones genéricas, sino pronunciamientos específicos con efectos para la causa, y en la medida en la que la descalificación de las normas cuestionadas resulte necesaria para asegurar el goce de una garantía reconocida por el texto constitucional. En otras palabras, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es instrumental al reconocimiento de un derecho constitucionalmente garantizado, por constituir un obstáculo cuya remoción es necesaria a ese fin.
Como todas las obras humanas, la Ley de Riesgos de Trabajo (L.R.T.) contiene aciertos y errores y muchas de sus disposiciones merecen ser revisadas a la luz de la experiencia de su aplicación y de las objeciones – aún de las puramente dogmáticas- emanadas de sus críticos. Ello no significa que las normas objetables sean inconstitucionales, ni, por cierto, que lo sea globalmente el sistema escogido. No sólo porque, como inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo afirma, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del ordenamiento jurídico – ésto es, el único recurso del juez para evitar el desconocimiento del ordenamiento institucional o de las garantías que la Carta Magna reconoce a los particulares -, sino porque los juicios relacionados con la oportunidad y conveniencia de las normas regulatorias de parcelas de la realidad social, son del resorte exclusivo del Poder Legislativo. Los jueces no son censores del acierto o error de la legislación. Ejercen una función correctiva, caso por caso y a requerimiento de los afectados, de aquéllas que avanzan sobre los derechos que, por encontrarse protegidos por garantías constitucionales, sólo pueden ser objeto de reglamentación legislativa en cuanto no se los desconozca o desnaturalice.
Preside el razonamiento crítico que se ha generalizado, una descalificación doctrinaria: se deplora que el sistema de la Ley de Riesgos de Trabajo, globalmente, contraríe las tendencias actuales de los sistemas de responsabilidad civil, lo que soslaya que el régimen de la L.R.T., a diferencia de las leyes 9688 y 24028, no se propone reglamentar un supuesto específico de responsabilidad civil, sino avanzar hacia la inclusión en el marco protectorio de la seguridad social de la atención de una contingencia social típica, como lo son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Este enfoque oscurece la circunstancia esencial de que lo que ofrece a los afectados no es el derecho a la reparación de ciertos siniestros conforme a las técnicas de la responsabilidad civil individual, sino prestaciones propias de la seguridad social como respuestas a las citadas contingencias.
Como ha dicho VAZQUEZ VIALARD: ” …Por nuestra parte, estimamos que la L.R.T. (salvo en algunos de sus aspectos en que cabe formular una crítica), no discrimina en perjuicio del trabajador; sí fija un régimen de reparación especial, lo que, en principio, no está prohibido, ni constituye un desconocimiento del derecho de aquéllos. El legislador puede establecer distintas categorías legales, las que no afectan el principio de igualdad ante la ley, en la medida que las mismas no tengan un propósito persecutorio, situación que entendemos no se da, en la medida que el trabajador tiene derecho a percibir la reparación del daño sufrido de acuerdo con parámetros razonables”. “Consideramos, con especial referencia a la cuestión que analizamos, que es importante distinguir (a fin de evitar confusiones) entre la “conveniencia” de la norma desde el punto de vista del interés común y de cada uno de los sectores involucrados (aún en el caso que la misma establezca un nuevo régimen menos favorable para el trabajador que el anterior sustituido), de su inconstitucionalidad (sea por violar un precepto de esa índole o por su irrazonabilidad). Obviamente, el primer tema, cuyo análisis le está vedado hacer al juez, corresponde al ámbito de la competencia del legislador que, al efecto, debe valorar los intereses de la comunidad global por encima de los de los distintos sectores involucrados. Por lo tanto, no toda crítica que pueda formularse al esquema legal (que pudo ser mejor y, que es deseable que lo sea en un futuro inmediato), puede hacer referencia a su incompatibilidad con los principios receptados por la Constitución Nacional”. “A fin de comparar dos regímenes legales, condición indispensable para determinar si la exclusión en uno de ellos de un aspecto determinado, constituye una discriminación arbitraria, en cuanto es menos favorable para una de las partes a la que se le impide acceder a lo que concede el otro, se requiere tomar en cuenta la totalidad de los mismos y no sólo parcialidades. Si bien la ley 24557 – salvo el caso de que el daño hubiera sido producido por una actitud dolosa del empleador- le cierra al trabajador el acceso al reclamo por la vía civil, le ofrece una serie de ventajas comparativas que deben tenerse en cuenta a fin de formular un análisis de la situación planteada para determinar si realmente se da un trato arbitrario. La vía del Código Civil, de acuerdo con las anteriores leyes en vigencia (art. 16, 9688 y 16, 24028), le significaban al trabajador renunciar a la acción especial. Esta última, en forma inmediata, le brinda una prestación tanto en especie, como en dinero, que no lo obliga a desembolsar importe alguno de su peculio, situación distinta a la que se encuentra quien acciona por la vía civil que debe adelantar los gastos respectivos y, vencidos los plazos a que se refiere el art. 208 L.C.T., no percibe ninguna compensación por la falta del pago de salario (ante su imposibilidad para cumplir con su prestación), por lo que los respectivos importes (en realidad, el derecho a percibirlos), están sujetos al dictado de una sentencia (por lo común, luego de un plazo de dos años que suele insumir la promoción de un juicio de esa índole), cuyo cumplimiento efectivo depende de la solvencia del deudor”. (ver Revista “Trabajo y Seguridad Social”, año 1997, pág. 710)
El legislador, que no estaba obligado a proceder de otra manera, consideró conveniente, tal como lo hizo, a partir de la sanción en 1915 de la Ley 9688 y, en el ínterin, con la de leyes modificatorias y, en 1992, con la de la Ley 24028, que la sustituyó, regular en especial un supuesto perfectamente individualizable en el universo de los posibles damnificados por eventos dañosos: el de los trabajadores víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sustrayéndolos, en principio, y en beneficio de los propios interesados, del régimen común de responsabilidad civil. En la medida en que, hasta la aparición de la Ley 24557, contra la opinión de calificada doctrina, nacional e internacional, mantuvo esa regulación como un capítulo de la responsabilidad civil, decidió, sin que para ello lo constriñera principio constitucional alguno, permitir la subsistencia residual de las reglas generales, para los supuestos de daños derivados de dolo o negligencia del empleador -Ley 9688-, o acumular a ellos los causados por el riesgo o vicio de cosas de las que aquél fuera dueño o guardián. La Ley 24557 no establece un subsistema de responsabilidad civil, sino un fragmentario esbozo de seguridad social, e impuesto a los empleadores públicos o privados, la carga de asegurarse, trasladando a las agencias privadas gestoras del sistema la de hacerse cargo de las prestaciones. El trabajador tiene asegurada, desde la producción misma de las contingencias cubiertas, la percepción de una prestación sustitutiva del salario, la asistencia médica curativa, la provisión de medicamentos, la rehabilitación. Producido un daño permanente, las indemnizaciones tarifadas. Todo ello, sin la incertidumbre, propia de las acciones fundadas en el Código Civil, de insolvencia de los responsables. No me parece que se trate de una regulación que, con propósitos persecutorios, sustrae a los trabajadores y otros beneficiarios de lo que ofrece a la generalidad de los ciudadanos, que no gozan de los beneficios del sistema que crea. Se trata de una aplicación práctica de la regla de la igualdad, tal como ha sido diseñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: trato igual a los iguales en iguales circunstancias. Frente a sujetos ubicados en circunstancias diferentes, con necesidades urgentes, que la propia Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, ha diferenciado como dignos de especial protección, el trato igual, que por imperativo lógico no debería incluir las prestaciones de la Ley 24557, implicaría privarlos de bienes que deben llegarles oportunamente, con lo que, en los hechos, se violaría el espíritu del art. 16 de la Constitución Nacional. La regla alterum non laedere, interpretada con el alcance que se le atribuye en el ilustrado voto precedente, proscribe la impunidad, pero no limita al legislador en la elección, para diversas categorías de sujetos, de sistemas especiales de protección.
Por ello, propongo en este voto: a) se rechace la demanda entablada. 2) se deje sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios (art 279 del CPCCN) 3) se impongan las costas del proceso en el orden causado en atención a que el actor pudo considerarse con mejor derecho para litigar (art. 68 CPCCN) . 4) Se regulen los honorarios …. 5) Se regulen los honorarios de los profesionales que actuaron en la Alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda a la representación y patrocinio letrado de la parte respectiva, por su intervención en la instancia anterior.
El DR. HORACIO V. BILLOCH DIJO:
Que por análogos fundamentos adhiere al voto precedente.
Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:
Rechazar la demanda entablada;
Dejar sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios;;
Imponer las costas del proceso en el orden causado .-
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-
FDO.: MORANDO – BILLOCH
