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2002. Ponencia para la X Jornada Nacional de Derecho de Seguros, III Jornada Latinoamericana de Derecho de Seguros y VIII Conferencia Internacional. Comisión N° 4 – Seguro de riesgos del trabajo -. La Plata, 12, 13 y 14 de Septiembre. 00

I.- La ART como aseguradora de “Riesgos del Trabajo” y como “Entidad colaboradora del sistema” en materia de prevención.

1.- La Ley de “Riesgos del Trabajo Número 24.557” establece como uno de sus objetivos esenciales el de la prevención de los riesgos del trabajo a fin de reducir la siniestralidad laboral, declaración ésta de política legislativa expresada en el Artículo 1 apartado 1 de dicha normativa.-
Tal objetivo – el de la prevención- se ve confirmado, a través de otras disposiciónes de dicha ley, como el Art.4 apartado 1 ;Art. 31,;Art. 35 y. 36 (especialmente apartado 1 inc. a) y g);como el Art. 1º del Decreto 1278/2000,; los demás decretos reglamentarios de dicho cuerpo legal y resoluciones dictadas por el organismo de contralor, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) lo que constituye todo un plexo normativo encaminado a lograr concretar aquélla pólitica en materia de prevención, fijada como objetivo en .-lo concerniente a siniestros laborales.-

2.- La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.), en su carácter de ente de contralor del sistema, implantado a través de la ley 24.557 ( Arts. 35 a 38), y en ejercicio de las funciones de policía que le compete,en lo que respecta a la pólitica de prevención, dicta normas , relativo a la supervisión, fiscalización, información, y promoción de planes en materia de seguridad e higiene en el trabajo.-
Esta actuación de policía en materia de “Riesgos del Trabajo”, por parte de la S.R.T., implica en lo concerniente a prevención, la imposición de distintas obligaciones, a cargo de los protagonistas del sistema, esto es, los empleadores, trabajadores y las “Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) , obligaciones aquéllas que ,sin embargo,son de diversa y heterógenea naturaleza, por lo que su análisis resulta de interés, ya que su incumplimiento genera efectos jurídicos distintos, problemática ésta que se vió reflejada en la Jurisprudencia, a través de enfoques y resultados disímiles.-
3.- El sistema de la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, establece que la gestión de las prestaciones que prevé la ley a favor de los trabajadores siniestrados o sus derechohabientes (ya sean dinerarias Art. 11 y sgtes; como en especie Art. 20), estarán a cargo de las A.R.T. (cuyos recaudos y requisitos de creación y funcionamiento están previstos por la misma normativa (Art.26 y demás normas concordantes).- Resulta esencial señalar que las ART, tienen como único objeto el otorgamiento de dichas prestaciones (Art. 26 apartado 3 Ley 24.557),para ello fueron creadas, esa es la razón específica de su existencia, constituyendo dichas prestaciones el riesgo cubierto emergente de la relación asegurativa conformada con los empleadores a través del acto de afiliación (Art. 27).-
En consecuencia, las obligaciones que derivan del otorgamiento de dichas prestaciones, emergentes de la mencionada vinculación de seguro, son las específicas y propias, de las ART dado la exclusividad de su objeto.

4.- La SRT en ejercicio de sus funciones de policía del “Sistema de Riesgos del trabajo”,que le son inherentes , propios e indelegables y en su carácter de ente generador de la pólitica de prevención que se fijó dicho sistema, asignó a las ART , -independientemente de su función específica asegurativa- y como entidad colaboradora del sistema, tareas de control, información, capacitación,asesoramiento y de diagramación operativa en materia de seguridad, respecto de sus empresas aseguradas, con obligación de informar y denunciar incumplimientos ante la SRT , relativo a la mencionada materia.-
Las obligaciones de las ART (en su carácter de entidad colaboradora del sistema)que genera tal “asignación de tareas” por parte de la SRT, en materia de prevención, no participan de la misma naturaleza jurídica, que las obligaciones emergentes de su actividad aseguradora, que le son propias, específicas y exclusivas, y que derivan del aseguramiento establecido y regulado por la ley 24.557.-
Asimismo, los deberes de las ART, en materia de prevención (que le son asignadas como “colaboradoras del sistema”, por la misma ley), tampoco responden a la misma naturaleza jurídica que las obligaciones del empleador emergentes del “deber de previsión”, que reconoce como causa-fuente el contrato de trabajo, a pesar de que todas ellas responden a una misma finalidad, tutelar la salud y seguridad de los trabajadores.-

II.- La actividad de policía de la SRT ; las funciones asignadas a las ART en materia de prevención.- Sanciones por su incumplimiento.-

1.- Ante todo, a los efectos de una debida conceptualización jurídica, debe diferenciarse el concepto de “Policía” del de “Poder de policía”.
Conforme generalizada Doctrina, “Policía”, es la función o actividad “administrativa”, que tiene por objeto la protección de la seguridad, moralidad o salubridad públicas, y de la economía pública, en cuanto afecte directamente a la primera; mientras que “poder de policía”, es una potestad atribuída por la Constitución al “poder legislativo”, a fin de que éste reglamente el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales de los habitantes, limitándolos , dado el carácter relativo de las prerrogativas del individuo, conforme el Art. 14 de la Constitución Nacional, en cuanto dispone que los los habitantes gozarán de sus derechos, conforme a las leyes que”reglamenten” su ejercicio ..
2.- “Policía”,en cambio, es parte de la función administrativa que tiene por objeto la ejecución de las leyes de policía    dictadas por el Poder Legislativo, en función del “Poder de Policía”, antes aludido.
La “Policía” se expresa a través del dictado de normas particulares (actos administrativos) a fin de concretar la norma general abstracta,, traducidos a veces en fomento, asistencia, en tutela de bienes que merecen protección jurídica pública (por ej.salud, política de prevención en materia de riesgos del trabajo, etc) y otras veces se expresa, a través de restricciones, limitaciones, prohibiciones, utilizando la técnica de control y fiscalización (por ej. la policía que ejerce la SRT en materia de prevención), utilizando la “coacción”,mediante penas,como la multa,por violación al desobedecer deberes públicos, impuestos por la administración pública
3.- El “poder de policía”, no puede ser “transferido”, por vía de “enajenación” – por ser un atributo de la soberanía – resulta inalienable; (la facultad de “legislar” no puede ser transferido,a personas individuales o jurídicas);como tampoco por vía de “delegación”, pero puede ser objeto de una asignación de funciones    ( por ej. en el Poder Ejecutivo Nacional,o en Municipalidades).
4.- Consideramos que el ejercicio de la función de policía también resulta intransferible, pero puede haber una asignación de específicas funciones(que no incluya el poder coercitivo), como sucede en materia de Riesgos del Trabajo al asignarle dicho sistema a las ART, -independientemente de su función específica asegurativa- y como entidad colaboradora de aquél, tareas de control, información, capacitación,asesoramiento y de diagramación operativa en materia de prevención y seguridad, respecto de sus empresas aseguradas, con obligación de informar y denunciar incumplimientos ante la SRT , relativo a la mencionada materia (conforme ,entre otras normas, Art. 31 ap.1 de la ley 24.557, Decreto 1278/2000 Art. 1.-.,etc–
5.- La Administración pública, para el perfecto ejercicio de sus poderes y sus funciones en defensa de los bienes comunes que es su obligación tutelar, debe realizar una actividad represiva y sancionadora (que , , no puede ser delegada), y por ende es privativa de ella misma, y que resulta necesaria ante el incumplimiento de una norma de derecho público , que responde al principio de la irrenunciabilidad, ya que la potestad sancionadora se presenta como integrante del orden público.-
6.- Desde una perspectiva histórica, podemos señalar que el Derecho del Trabajo, se fue rápidamente independizando de sus raíces civilistas, generándose en su normativa el fenómeno moderno de la publicización, custodiado por el poder administrador .Es así que la Administración Pública comenzó a intervenir, en la acción individual y colectiva de los sujetos actuantes en la relación laboral,obreros, empleadores, sindicatos, cámara de empresarios, imponiendo normas de regulación y contralor, ya sea en lo que respecta a condiciones específicas contractuales de trabajo, como relativa a la salud y seguridad de los trabajadores, cuyo incumplimiento trajo aparejado la actividad represiva o sancionadora, a través dede la policía administrativa del trabajo o policía laboral
7.- Resulta de la esencia de la policía del trabajo tener la potestad sancionadora que resulta es indelegable, sin tener que recurrir al procedimiento instructorio judicial.-
Y tal potestad sancionadora la tiene y retiene, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, a pesar de haberle asignado la ley 24.557 a las ART   distintas funciones, de control, información, y elaboración de planes en materia de seguridad, etc, respecto de sus empresas aseguradas, funciones o gestiones que le fueron asignadas a dichas aseguradoras, como colaboradoras de la administración pública de policía, en materia de Riesgos del Trabajo, utilizando una expresión de Fiorini
En suma, las ART no ejercen la policía del trabajo, pues carecen de la potestad sancionadora, lo que implica que los empleadores no pueden ser compelidos por aquéllas a adoptar las medidas que se le indiquen, ni impedidos de ejecutar los trabajos propios de sus emprendimientos, ,a pesar de que dichos trabajos contraríen las normas de seguridad.
8.- En caso de incumplimiento de las medidas de seguridad impartidas, por parte de los empleadores, las ART , están obligadas a informar y denunciar incumplimientos de sus empresas afiliadas, en materia de higiene y seguridad en el trabajo (conforme Art. 31 y concordantes de la ley 24.557).-,ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo., quien , reitero tiene el poder sancionador, en su carácter de organismo de policía en materia de siniestros laborales.-
Esta relación obligatoria (cuya causa fuente son normas de derecho público de policía ), está conformada por:
a) El Estado (SRT-organismo de policía), en su carácter de
acreedor de exigir frente a la ART el cumplimiento de las obligaciones a su cargo,en su carácter de “colaboradora del sistema”,de la LRT en materia de prevención.-
b) La ART, ,en su carácter de deudora del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo,en su carácter de “colaboradora del sistema”,de la LRT en materia de prevención (conforme Art. 4 ap. 1,Art. 31 y demás normas concordantes de la ley 24.557; Art. 1º del Decreto 1278/2000,;Resolución SRT Nº 700 del 28-12-2000;y demás decretos reglamentarios de dicha normativa y demás resoluciones dictadas por la S.R.T.)
9.- El incumplimiento de las ART,, a sus obligaciones como “entidades colaboradoras delsistema de LRT,, trae aparejado la imposición de las sanciones previstas por la LRT (Art. 32 ap. 1) ý conforme los términos del Art. 17 de la Resolución SRT Nº700 del 28-12-2000, y demás normas concordantes.-

III.- El deber de prevision del empleador.

1.- El deber de previsión, siguiendo a Krotoschin es la obligación del empleador de tomar las medidas adecuadas, conforme a las condiciones especiales del trabajo, para evitar que el trabajador sufra daños en su persona o en sus bienes.
El deber de previsión en cuanto ésta tiene por finalidad evitar que el trabajador sufra daños en su persona (tutela psicofísica), configura el deber de seguridad personal . Consideramos que, aunque la LRT, (en su Art. 49 Disposición adicional primera)reformó el Art. 75 LCT (referido al deber de seguridad), eliminando la mención de la obligación de tutelar la integridad psicofísica de los trabajadores, al hacer remisión a la obligación de respetar las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, está reconociendo el deber de seguridad en cabeza del empleador, que, además emerge de la misma relación contractual del trabajo ,siendo aquél, producto de una larga elaboración doctrinaria y jurisprudencial, nacional y en el derecho comparado .-.
2.- El fundamento del deber de previsión, es el carácter protectorio del trabajador, a través del contrato de trabajo y del derecho del trabajo en general
3.- En cuanto a la naturaleza jurídica y contenido del deber de previsión, si bien emerge del contrato de trabajo ,debe señalarse que tal deber reconoce dos fuentes obligacionales:
A) De derecho público, en ejercicio de la policía del trabajo,y que
en el sistema de la Ley 24.557 está ejercido por la SRT, y que asigna funciones en materia de prevención a las ART, en su carácter de colaboradoras del sistema de Riesgos del trabajo.-
La relaciónl obligacional está conformada por::
a) El Estado ,en su carácter de acreedor del deber previsión (que
incluye el de seguridad)frente al empleador(quien ejerce la policía del trabajo, en materia de seguridad e higiene en el trabajo, a través de la SRT (quien absorbió las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo- Art.35 LRT);
b)El empleador, en su carácter de deudor de tal deber de previsión frente al Estado (SRT), quien ,como vimos ejerce la policía en esta materia.-
c)Si bien el deber de previsión surge a raíz del contrato de
trabajo la causa-fuente de tal relación obligacional es la normativa de policía del trabajo, Ley 24.557, sus decretos reglamentarios y resoluciones de la SRT; Ley l9587 y sus decretos reglamentarios, Resoluciones, etc).siendo que los derechos que contiene la normativa en la materia que nos ocupa, encuentra sustento en la tutela constitucional (Art. 14 (bis) de la Constitución Argentina, y los tratados internacionales correspondientes con jerarquía constitucional.-).-
d) En caso de que el empleador incumpliera con la normativa en materia de higiene y seguridad en el trabajo, y como consecuencia de tal incumplimiento ocurriera un siniestro laboral, aquél deberá pagar a título de sanción al Fondo de Garantía la multa prevista , en los términos del Art. 5º Ap.1 de la LRT, sin pèrjuicio de deberá afrontar el pago de las prestaciones previstas en dicha normativa (conforme Art. 49- Disposición adicional Primera ap. 2, que reformó el Art. 75 de la LCT.-
B) De Derecho privado
La relación obligacional está conformada por:
a) El trabajador o sus derechohabientes:en su carácter de
acreedores del deber de previsión (que incluye el de seguridad), frente al empleador)
b) El empleador, como deudor del deber de previsión.
c) -La causa fuente de tal obligación es el contrato de trabajo.- ,por lo que su incumplimiento genera una responsabilidad contractual, en cabeza del empleador.-
d) Conforme lo antes expuesto, el empleador deberá afrontar el pago de las prestaciones previstas en dicha normativa (conforme Art. 49- Disposición adicional Primera ap. 2, que reformó el Art. 75 de la LCT.-
4.- En cuanto a la naturaleza jurídica del deber de previsión, digamos, que es una “obligación de medios” ;ya que si el empleador (deudor de tal obligación), acreditare que ha adoptado las medidas idóneas, adecuadas y necesarias para preservar y proteger la seguridad y salud del trabajador, de acuerdo con las circunstancias de lugar, tiempo y de la persona (Art. 512 del Código Civil), aquél no será responsable (interpretación “a contrario sensu” del Art. 75 LCT (reformado por el Art. 49 disposición adicional Primera de la ley 24.557.-

IV.- El reclamo de la víctima de un siniestro laboral por incumplimiento a los deberes de previsión y seguridad y la actuación de la ART.
1.- Sin entrar en la temática relativa a la constitucionalidad del Art. 39 de la LRT (que no es motivo de esta ponencia) promovida una acción en base al derecho común ,planteado el caso de ocurrencia de un infortunio laboral acaecido con motivo del incumplimiento del deber de previsión y de seguridad por parte del empleador (deudor de tal obligación), se demandó también a la ART, por haber incumplido con sus obligaciones en materia de prevención, puestas a su cargo por la la ley 24.557.-
2.- Cierta Jurisprudencia al resolver casos de tales características, condena en forma conjunta y solidariamente al empleador y a la ART a la que estaba afiliado aquél, con sustento legal en lo dispuesto por el Art. 1074 del Código Civil.,y sosteniendo que las obligaciones incumplidas,a cargo de cada una de dichas partes son concurrentes.-
3.- Ante todo cabe aclarar, que la ART no cubre asegurativamente el deber de previsión y de seguridad, del empleador.,ya que como lo sostuvimos en una ponencia anterior mencionada en la nota (2) la LRT, no tiene por objeto normar respecto de la responsabilidad del empleador, con motivo de un siniestro laboral.En dicho cuerpo legal se encuentra ausente toda idea jurídica de reproche del ordenamiento jurídico, respecto de conducta alguna del dador de trabajo, ni en en base a un factor de atribución subjetivo ,ni objetivo
La ley 24557, tan sólo describe, lo que denomina contingencias y situaciones cubiertas (Art. 6) (definiendo, el concepto de “Accidente de trabajo y de “Enfermedades profesionales”), y si el infortunio laboral se encuadra dentro del marco de dichas contingencias, la ART, otorgará las prestaciones dinerarias y /o en especie, establecidas en la ley; dichas prestaciones constituyen el riesgo cubierto del seguro que instituye dicha normativa -.-
4.– Como dijimos, La SRT en ejercicio de sus funciones de policía del “Sistema de Riesgos del trabajo”,que le son inherentes , propios e indelegables y en su carácter de ente generador de la pólitica de prevención que se fijó dicho sistema, asignó a las ART , -independientemente de su función específica asegurativa- y como entidad colaboradora del sistema, tareas de control, información, capacitación,asesoramiento y de diagramación operativa en materia de seguridad, respecto de sus empresas aseguradas, sin poder sancionatorio (que lo retiene la SRT) y con obligación de informar y denunciar incumplimientos ante la SRT , relativo a la mencionada materia.-y cuyo incumplimiento trae aparejado las sanciones previstas en el Art. 32 ap.1 de la LRT.- Esta relación entre la SRT y la ART (como colaboradora del sistema en materia de prevención,) es regida por normas de derecho público, ya que dicha relación se desenvuelve en el marco del ejercicio de policía, a cargo de la autoridad de control.
Ser colaboradora de la autoridad de policía,, como lo es la ART, para cumplimentar medidas en materia de prevención impartidas por el ente administrativo, no implica garantizar las consecuencias dañosas,derivadas del incumplimiento de los deberes de previsión y seguridad, cuyo único y exclusivo obligado y deudor es el empleador ,
5.- Si bien la acción de responsabilidad derivada de hechos o actos omisivos (sobre los que norma el Art. 1074 del Código Civil) puede proceder contra cualquier ente público estatal ,y contra cualquier entidad que ,aunque de derecho privado ,como lo es la ART (Art.26 de la LRT), ejerce funciones de Derecho Público (cuando la ART actúa como colaboradora del sistema, en materia de prevención), le son aplicables todos los principios y normas del derecho privado
6.- En primer lugar debe observarse y ello es esencial,que en los casos que contempla el Art. 1074 del Código Civil (casos de pura “omisión”), el omitente (ART) de ninguna manera es autor del infortunio , el incumplidor del deber de previsión y de seguridad es el empleador, y es por dicho incumplimiento que acaeció el siniestro.
7.- Conforme lo expuesto, para imputar responsabilidad a la ART, por una conducta omisiva (Art. 1074 del Código Civil)debe necesariamente
reunirse los siguientes requisitos:
a)Que a la ART se le pueda imputar culpa o negligencia.-
b)Que exista un daño a un tercero.
c) Que exista relación de causalidad adecuada entre la conducta omisiva con el daño,a punto tal, que dicho obrar omisivo, haya sido por sí mismo capaz de ocasionar ese daño.- Lo que equivale decir que de haberse cumplimentado el acto omitido, se hubiera interrumpido el proceso causal evitándose así el siniestro
8.- El Tribunal de Córdoba mencionado en la nota (18) (voto del Dr. Costamagna) condena al empleador y a la ART en forma conjunta, pues dice el Magistrado que “estamos frente a obligaciones concurrentes,
Llambías , denomina “obligaciones concurrentes , a aquéllas que tienen, un mismo acreedor e identidad de objeto, aunque diversidad de causa y de deudor.
En el caso que nos ocupa, no hay”obligaciones concurrentes,pues la prestación del empleador (incumplidor de una norma de seguridad), no es debida por la ART, pues, como hemos visto ni la ART ha incumplido con norma de seguridad, ,por ende el damnificado no es “acreedor” de la ART por tal concepto; ni fue autor del siniestro (en el caso del ejemplo la”Aseguradora de Riesgos del Trabajo” habría incumplido con una tarea de control, a su cargo, en su carácter “colaboradora de la autoridad de policía, en ejercicio de funciones propias de Policía del Trabajo.
V.- A modo de conclusión:
1.- La SRT en ejercicio de sus funciones de policía del “Sistema de Riesgos del trabajo”,que le son inherentes , propios e indelegables y en su carácter de ente generador de la pólitica de prevención que se fijó dicho sistema, asignó a las ART , -independientemente de su función específica asegurativa- y como entidad colaboradora del sistema, tareas de control, información, capacitación,asesoramiento y de diagramación operativa en materia de seguridad, respecto de sus empresas aseguradas, con obligación de informar y denunciar incumplimientos ante la SRT , relativo a la mencionada materia.-
2.- Las obligaciones de las ART (en su carácter de entidad colaboradora del sistema)que genera tal “asignación de tareas” por parte de la SRT, en materia de prevención, no participan de la misma naturaleza jurídica, que las obligaciones emergentes de su actividad aseguradora, que le son propias, específicas y exclusivas, y que derivan del aseguramiento establecido y regulado por la ley 24.557.-
3.- Los deberes de las ART, en materia de prevención (que le son asignadas como “colaboradoras del sistema”, por la misma ley, que se rigen por normas de Derecho Público de policía), tampoco responden de la misma naturaleza jurídica que las obligaciones del empleador emergentes del “deber de previsión”, que reconoce como causa-fuente el contrato de trabajo, a pesar de que todas ellas van en dirección a una misma finalidad, tutelar la salud y seguridad de los trabajadores.-
4.- Las ART, carecen de potestad sancionatoria y represiva para imponer el cumplimiento de las medidas de seguridad.-
5.- El único deudor del deber de previsión y seguridad en el trabajo es el empleador.-
6.- La ART no cubre asegurativamente el deber de previsión y de seguridad,, ni ampara ni garantiza, las consecuencias dañosas del incumplimiento de los deberes de previsión y seguridad, cuyo único deudor es el empleador.-
7.– La LRT, no tiene por objeto normar respecto de la responsabilidad del empleador, con motivo de un siniestro laboral.En dicho cuerpo legal se encuentra ausente toda idea jurídica de reproche del ordenamiento jurídico, respecto de conducta alguna del dador de trabajo, ni en en base a un factor de atribución subjetivo ,ni objetivo
8.- Las prestaciones dinerarias y /o en especie, establecidas en la LRT; constituyen el riesgo cubierto del seguro que instituye dicha normativa -.-
9.- En los casos que contempla el Art. 1074 del Código Civil (casos de pura “omisión”), el omitente de ninguna manera es autor del infortunio.
10.- Para imputar responsabilidad ,por una conducta omisiva (Art. 1074 del Código Civil)deben necesariamente reunirse los siguientes requisitos:
a)Que a la ART se le pueda imputar culpa o negligencia.-
b)Que exista un daño a un tercero.
c) Que exista relación de causalidad adecuada entre la conducta omisiva con el daño,a punto tal, que dicho obrar omisivo, haya sido por sí mismo capaz de ocasionarlo;esto es que, de haberse cumplimentado el acto omitido, se hubiera interrumpido el proceso causal, evitándose así el siniestro
11.- En el caso que nos ocupa, no hay “obligaciones concurrentes”,pues la prestación del empleador (incumplidor de una norma de seguridad), no es debida por la ART, ya que ni la ART ha incum`plido con norma de seguridad, ni fue autora de siniestro.,por ende, la víctima no es “acreedora” de aquélla.

FORMA Y PROCEDIMIENTO PARA REMITIR A ESTA S.R.T. LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL ANEXO I – AVISO DE OBRA DEL GRUPO CONSTRUCCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN S.R.T. 552/01.

Por medio de la presente se establece la forma y el procedimiento a seguir por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) para remitir la información relevada a través del Formulario de Información General sobre el Aviso de Obra de las empresas comprendidas en el Grupo Construcción, aprobado por el Anexo I de la Resolución S.R.T. Nº 552/01.

La información que se declare conforme la presente Circular, deberá ser consistente con la declarada oportunamente según lo establecido en la Resolución SRT N° 700/00, reglamentada por las Circulares GPyC N° 01/01 y GCyA N° 01/01.

Al respecto, se indica lo siguiente:
Archivo

1.1. Se define UN (1) archivo de Aviso de Obra, que deberá ser remitido en soporte magnético, con formato ASCII, siendo cada registro del archivo una línea de información.

1.2. El archivo se denominará ARTcartv.AOn, en donde:

1.2.1. ART Valor constante “ART”.

1.2.2. cartv Código de ART incluido el dígito verificador.

1.2.3. AO Constante “AO” que identifica el contenido del archivo.

1.2.4. n Número de archivo con valores de 1 a 9.

1.3. El archivo contendrá registros con la información requerida, que serán de longitud fija. Los
registros deben finalizar con Carriage Return + Line Feed (CR+LF).

Medio magnético

El archivo deberá ser remitido mediante la Extranet de la S.R.T. (www.arts.gov.ar); en aquellos casos en que se detecten dificultades operativas, podrá ser enviado en disquete.

Cuando el archivo solicitado sea remitido en disquete, éste último deberá reunir los siguientes requisitos:

2.1. Identificado debidamente con una etiqueta externa, en la que figure la razón social y el
nombre del archivo que contiene.

2.2. De 3.5 pulgadas formateado en DOS a 1.44 Mb.

2.3. No compartido con otro archivo.

2.4. Con un tope de 3.000 registros por disquete. Cuando se supere esta cantidad, se utilizará otro disquete y se le otorgará otra denominación para el archivo.

Descripción del archivo

N° Campo	Posiciones			Tipo Dato	Campo	Descripción del Formato
	Desde	Hasta	Long.
1	1	5	5	AN	CÓDIGO DE ASEGURADORA	Igual formato que el presentado en Registro de contratos.
2 (*)	6	16	11	N	CUIT	Sin guiones.
3	17	66	50	A	RAZÓN SOCIAL
4 (*)	67	70	4	N	NRO DE OBRA	9999 Nro. secuencial que identifica a la Obra.
5	71	95	25	A	CALLE o RUTA
6	96	105	10	A	NRO o KM
7	106	145	40	A	LOCALIDAD
8	146	185	40	A	DEPARTAMENTO o PARTIDO
9	186	187	2	AN	CODIGO DE PROVINCIA SEGÚN AFIP	99
10	188	195	8	AN	CODIGO POSTAL ARGENTINO	Según el nuevo CPA, en caso de zona rural la anterior codificación del código postal, (9999) alineada a izquierda.
11	196	203	8	N	FECHA DE RECEPCIÓN DEL AVISO DE OBRA.	AAAAMMDD
12	204	211	8	N	FECHA DECLARADA DE INICIO DE ACTIVIDAD.	AAAAMMDD
13	212	218	7	N	SUPERFICIE A CONSTRUIR	Número entero.
14	219	220	2	N	NUMERO DE PLANTAS	Número entero.
15	221	221	1	A	ING. CIVIL – CAMINOS	S=SI , N=NO
16	222	222	1	A	ING. CIVIL – CALLES	S=SI , N=NO
17	223	223	1	A	ING. CIVIL – AUTOPISTAS	S=SI , N=NO
18	224	224	1	A	ING. CIVIL – PUENTES	S=SI , N=NO
19	225	225	1	A	ING. CIVIL – TÚNELES	S=SI , N=NO
20	226	226	1	A	ING. CIVIL – OBRAS FERROVIARIAS	S=SI , N=NO
21	227	227	1	A	ING. CIVIL – OBRAS HIDRÁULICAS	S=SI , N=NO
22	228	228	1	A	ING. CIVIL – ALCANTARILLAS / TRATAM. DE AGUAS Y EFLUENTES	S=SI , N=NO
23	229	229	1	A	ING. CIVIL – PUERTOS	S=SI , N=NO
24	230	230	1	A	ING. CIVIL – AEROPUERTOS	S=SI , N=NO
25	231	231	1	A	ING. CIVIL – OTRAS	S=SI , N=NO
26	232	232	1	A	M.INDUST. – DESTILERÍA / REFINERÍAS / PETROQUÍMICAS	S=SI , N=NO
27	233	233	1	A	M.INDUST. – GENERACIÓN ELÉCTRICA	S=SI , N=NO
28	234	234	1	A	M.INDUST. – OBRAS PARA LA MINERÍA	S=SI , N=NO
29	235	235	1	A	M.INDUST. – INDUSTRIA MANUFACTURERA URBANA	S=SI , N=NO
30	236	236	1	A	M.INDUST. – DEMÁS MONTAJES INDUSTRIALES	S=SI , N=NO
31	237	237	1	A	DUCTOS – TUBERÍAS	S=SI , N=NO
32	238	238	1	A	DUCTOS – ESTACIONES	S=SI , N=NO
33	239	239	1	A	DUCTOS – OTRAS OBRAS DE DUCTOS	S=SI , N=NO
34	240	240	1	A	REDES – TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN ALTO VOLTAJE	S=SI , N=NO
35	241	241	1	A	REDES – TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN BAJO VOLTAJE / SUBESTACIONES	S=SI , N=NO
36	242	242	1	A	REDES – COMUNICACIONES	S=SI , N=NO
37	243	243	1	A	REDES – OTRAS OBRAS DE REDES	S=SI , N=NO
38	244	244	1	A	OTRAS C. – EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS	S=SI , N=NO
39	245	245	1	A	OTRAS C. – INSTALACIONES HIDRÁULICAS / SANITARIAS Y DE GAS	S=SI , N=NO
40	246	246	1	A	OTRAS C. – INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS	S=SI , N=NO
41	247	247	1	A	OTRAS C. – INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO	S=SI , N=NO
42	248	248	1	A	OTRAS C. – REPARACIONES / REFACCIONES	S=SI , N=NO
43	249	249	1	A	OTRAS C. – OTRAS OBRAS NO ESPECIFICADAS	S=SI , N=NO
44	250	250	1	A	ARQ. – VIVIENDAS UNIFAMILIARES	S=SI , N=NO
45	251	251	1	A	ARQ. – EDIF. DE PISOS MULTIPLES	S=SI , N=NO
46	252	252	1	A	ARQ. – OBRAS URBANIZACIÓN	S=SI , N=NO
47	253	253	1	A	ARQ. – EDIFICIOS COMERCIALES	S=SI , N=NO
48	254	254	1	A	ARQ. – EDIFICIOS DE OFICINAS	S=SI , N=NO
49	255	255	1	A	ARQ. – ESCUELAS	S=SI , N=NO
50	256	256	1	A	ARQ. – HOSPITALES	S=SI , N=NO
51	257	257	1	A	ARQ. – OTRAS EDIFICACIONES URBANAS DEFINITIVAS	S=SI , N=NO
52	258	258	1	A	ACTIVIDAD – EXCAVACIÓN	S=SI , N=NO
53	259	259	1	A	ACTIVIDAD – DEMOLICIÓN	S=SI , N=NO
54	260	260	1	A	ACTIVIDAD – ALBAÑILERÍA	S=SI , N=NO
55	261	261	1	A	ACTIVIDAD – H° A°	S=SI , N=NO
56	262	262	1	A	ACTIVIDAD – MONTAJES ELECTROMECANICOS	S=SI , N=NO
57	263	263	1	A	ACTIVIDAD – INSTALACIONES	S=SI , N=NO
58	264	264	1	A	ACTIVIDAD – ESTRUCTURAS METÁLICAS	S=SI , N=NO
59	265	265	1	A	ACTIVIDAD – ELECTRCIDAD	S=SI , N=NO
60	266	266	1	A	ACTIVIDAD – ASCENSORES	S=SI , N=NO
61	267	267	1	A	ACTIVIDAD – PINTURA	S=SI , N=NO
62	270	270	1	A	ACTIVIDAD – MAYOR A 1000 m² SUP.CUBIERTA O 4 M DE ALTURA	S=SI , N=NO
63	271	271	1	A	ACTIVIDAD – SILLETAS O ANDAMIOS COLGANTES	S=SI , N=NO
64	272	272	1	A	ACTIVIDAD – ALTA Y MEDIA TENSIÓN	S=SI , N=NO
65	273	372	100	A	ACTIVIDAD – OTROS
66	373	380	8	N	FECHA DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD EN OBRA	AAAAMMDD
67	381	388	8	N	FECHA DE SUSPENSION DE OBRA	AAAAMMDD
68	389	396	8	N	FECHA DE REINICIO DE OBRA SUSPENDIDA	AAAAMMDD
69	397	397	1	A	TIPO DE OPERACIÓN	A=Alta, B=Baja, M=Modificación

3. Forma de completar los registros

3.1. Todos los campos son de presentación obligatoria.

Cuando algún campo no corresponda, podrá ser enviado en blanco (carácter ASCII 32), por ejemplo: PARTIDO / ACTIVIDAD – OTROS.

3.2. Los campos numéricos deben estar alineados a la derecha.

4. Administración de los registros

Los tipos de operaciones disponibles para el manejo de los registros se detallan a continuación:

Operación	Descripción
A	Alta, primera presentación del registro
B	Baja, por corrección de errores en campos clave
M	Modificación, por corrección de errores en campos no clave.

4.1. Los campos indicados con asterisco (*) conforman la clave del registro.

4.2. Para los tipos de operaciones “A” y “M”, se deberán completar la totalidad de los campos
para los que existan valores.

4.3. Para el tipo de operación “B”, sólo son necesarios completar los campos que conforman la
clave del registro.

5. Corrección de errores

En caso de detectarse un error en la información enviada, se lo deberá corregir efectuando una nueva presentación en forma inmediata posterior, teniendo en cuenta lo siguiente:

5.1. Si el campo en donde se produjo el error forma parte de la clave del archivo, se deberá
enviar el registro con un tipo de operación “B” (Baja), y el registro de reemplazo con una
“A” (Alta).

5.2. Si, por el contrario, el error no forma parte de la clave, se lo modificará enviando el registro
con el campo corregido y una “M” (Modificación) en el tipo de operación.

5.3. En ambos casos, todos los campos que no conforman la clave serán reemplazados por los de
la nueva presentación.

6. Envío de información

Cuando el archivo no se remita mediante la Extranet de la S.R.T., y se envíe en uno o más disquetes, éstos deberán acompañarse con una constancia de envío, por duplicado, conteniendo la fecha, el código y la razón social de la Aseguradora, la cantidad de registros y de disquetes.

7. Constancia de recepción

7.1. Cumplimentados los pasos precedentes, se procesará la información y se
realizarán las rutinas de validación correspondientes.

7.2. Se mantendrán las modalidades actuales de generación de “Constancia de Recepción” y
detalle de respuesta en medios magnéticos, donde se devolverá la información presentada,
acompañada de los Códigos de Motivo de Rechazo cuando el registro no haya sido
aceptado.

8. Causales de rechazo de registros

8.1. Ausencia de datos para los campos de presentación obligatoria.

8.2. Inconsistencias en la información presentada.

8.3. Cualquier otro motivo que impida el procesamiento de los datos.

BUENOS AIRES, 28 de diciembre del 2001

BUENOS AIRES, 26 DE DICIEMBRE DE 2001

VISTO el Expediente del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 0317/01, la Ley sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.) N° 24.557, los Decretos N° 334 de fecha 1º de abril de 1996, N° 491 de fecha 29 de mayo de 1997, las Resoluciones S.R.T. Nº 260 de fecha 4 de agosto de 1999, N° 490 de fecha 7 de diciembre de 1999, Nº 649 de fecha 19 de setiembre de 2000, Nº 520 de fecha 16 de noviembre de 2001, y

CONSIDERANDO:
Que el punto 3 del artículo 28 de la Ley N° 24.557, establece que el empleador no incluido en el régimen de autoseguro que omitiera afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo deberá depositar las cuotas omitidas en la cuenta del Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557.
Que el artículo 17 del Decreto N° 334/96, modificado por el artículo 19 del Decreto N° 491/97, dispone que son cuotas omitidas a los fines de la Ley Nº 24.557 las que hubiera debido pagar el empleador a una Aseguradora desde que estuviera obligado a afiliarse.
Que el artículo citado precedentemente determina que el valor de la cuota omitida, por el empleador que se encuentre fuera del régimen de autoseguro, será equivalente al CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150%) del valor de la cuota que acuerde con la correspondiente Aseguradora en el momento de su afiliación.
Que mediante Resolución S.R.T. N° 490/99 se estableció que el valor de la cuota omitida para el empleador que se autoasegure o para el empleador que no se encuentra afiliado ni autoasegurado será equivalente al CIENTO CINCUENTA POR CIENTO (150%) del valor de la cuota promedio que abonan los empleadores que declaren una categoría equivalente de riesgo.
Que el artículo 2º de la aludida Resolución determinó que se utilizará la alícuota que surja de promediar separadamente la componente fija por trabajador y el porcentaje sobre las remuneraciones informados al Registro de Contratos de esta S.R.T..
Que en razón de ello, resulta necesario aprobar el procedimiento a seguir para la detección de empleadores privados deudores de cuotas omitidas al Fondo de Garantía y las acciones para obtener el ingreso de los recursos a dicho fondo.
Que es conveniente determinar montos mínimos para ejecutar acciones de reclamo de deuda en sede administrativa y judicial, así como también el curso de acción a seguir para la declaración de deudores incobrables.
Que asimismo, corresponde fijar la metodología para el cálculo de la deuda en función de los datos existentes en los registros de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO.
Que en tal sentido, cabe agregar que el procedimiento a aprobar deberá complementar las disposiciones establecidas, al respecto, en las Resoluciones S.R.T. Nº 260/99, Nº 490/99 y Nº 520/01.
Que a estos fines, resulta conveniente adaptar el modelo de Certificado de Deuda aprobado por la Resolución N° 260/99, modificada por su similar Nº 649/00.
Que la Subgerencia de Asuntos Legales ha intervenido en el área de su competencia.
Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.557.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1°.– Apruébase el procedimiento para la detección de empleadores privados deudores de cuotas omitidas al Fondo de Garantía de la L.R.T. e ingreso de dichas cuotas al aludido Fondo, que como ANEXO I forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.– Apruébase el modelo de intimación por deuda de cuota omitida al Fondo de Garantía de la L.R.T. a empleadores afiliados, que como ANEXO II forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 3º.– Apruébase el modelo de intimación por deuda de cuota omitida al Fondo de Garantía de la L.R.T. a empleadores no asegurados, que como ANEXO III forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 4º.– Modifícase el ANEXO I de la Resolución S.R.T. Nº 260/99 que se reemplaza por el modelo de formulario tipo denominado “Certificado de Deuda con el Fondo de Garantía artículo 33 Ley Nº 24.557”, que como ANEXO IV forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 5°.– Apruébase la metodología de cálculo de la deuda de cuota omitida al Fondo de Garantía de la L.R.T., que como ANEXO V forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 6°.– Deléguese en la Subgerencia de Procesos e Información la facultad de modificar el procedimiento aprobado en el ANEXO I, como así también, los ANEXOS II y III de la presente Resolución, previa conformidad de la Gerencia de Control y Auditoría y dictamen favorable emitido por el Servicio Jurídico de este Organismo.

ARTICULO 7°.– La presente Resolución entrará en vigencia a los TREINTA (30) días hábiles a partir de su publicación.

ARTICULO 8º.– Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, y archívese

RESOLUCION S.R.T. N°: 559/01
DR. DANIEL MAGIN ANGLADA
A/C SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

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BUENOS AIRES, 26 DE DICIEMBRE DE 2001

VISTO el Expediente del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 2641/01, la Ley N° 24.557 sobre Riesgos del Trabajo, las Resoluciones S.R.T. N° 010 de fecha 13 de febrero de 1997, N° 025 de fecha 26 de marzo de 1997, la Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 58 de fecha 9 de octubre de 1990, y

CONSIDERANDO:
Que la Resolución S.R.T. N° 010/97, aprobó el procedimiento para la comprobación y juzgamiento de los incumplimientos por parte de las Aseguradoras y empleadores autoasegurados a la Ley N° 24.557 y sus normas reglamentarias.
Que asimismo, por Resolución S.R.T. N° 025/97, se aprobó el procedimiento para la comprobación y juzgamiento de los incumplimientos de los empleadores y empleadores autoasegurados a la Ley Nº 24.557 y a las Normas de Higiene y Seguridad.
Que ambos procedimientos especiales emergentes de las Resoluciones mencionadas, culminan con frecuencia en la instancia judicial a los fines de la tramitación del Recurso de Apelación correspondiente.
Que el artículo 2° del Reglamento para la Justicia Nacional -t.o. según acordada 58/90, de fecha 9 de octubre de 1990- dispone que los Tribunales Nacionales no funcionarán durante la feria de enero.
Que atento a la conveniencia de unificar los términos de ambos procedimientos, administrativo y judicial, corresponde, en coincidencia con la feria judicial, suspender los plazos administrativos en los sumarios en trámite por ante este Organismo de Control.
Que obra en estos actuados Dictamen de legalidad emitido por la Subgerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T., confeccionado en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7°, inciso d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 36 de la Ley N° 24.557.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.– SUSPENDER los plazos administrativos para los sumarios que, en el marco de las Resoluciones S.R.T. N° 010/97 y N° 025/97, se encuentren en trámite por ante esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), por el período comprendido entre el 1° y el 31 de enero de 2002.

ARTICULO 2º.– Notifíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, y oportunamente archívese
RESOLUCION S.R.T. N°: 560/01

DR. DANIEL MAGIN ANGLADA
A/C SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

BUENOS AIRES, 26 DE DICIEMBRE DE 2001

VISTO los Expedientes del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nros. 3612/00 y 2546/00; las Leyes Nros. 19.983, 24.557, los Decretos N° 2481 de fecha 9 de diciembre de 1993, Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997, y Nº 719 de fecha 28 de junio de 1996, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley sobre Riesgos del Trabajo (L.R.T.), introduce en el sistema jurídico de nuestro país, una modificación estructural en lo atinente a la prevención y reparación de los infortunios laborales generados por los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Que la materialización y eficiencia del Sistema de Riesgos del Trabajo reconoce, como uno de sus pilares fundamentales, la obligatoriedad del aseguramiento que la Ley 24.557 expresamente establece, y involucra a todos aquellos que contraten trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación, dentro del cual se encuentran expresamente previstos los funcionarios y empleados del Sector Publico Nacional, de las Provincias y sus Municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (conforme los artículos 2º, apartado 1. inciso a) y 3º apartado 1. de la Ley Nº 24.557).

Que a los fines de posibilitar un integral y ordenado ingreso de la administración centralizada y descentralizada del Estado Nacional, sus entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado al Sistema de Riesgos del Trabajo, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dictó el Decreto Nº 719/96, estableciendo en su articulo 2º que a partir del 1º de enero de 1997 tanto la Administración Publica Nacional, centralizada y descentralizada, como las entidades autárquicas, empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas especiales, obras sociales del sector público, bancos y entidades financieras oficiales nacionales o municipales y todo otro ente en que el Estado Nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones societarias, debían afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

Que el cumplimiento de la obligación referida, además de hacer responsable en forma directa al empleador ante el trabajador por el otorgamiento de las prestaciones establecidas por la L.R.T., lo constriñe a depositar las cuotas omitidas a la orden del Fondo de Garantía creado por el articulo 33 de la Ley Nº 24.557 (conforme el articulo 28, apartados 1. y 3. de la Ley Nº 24.557).

Que el articulo 19 del Decreto Nº 491/97, caracteriza con precisión lo que en la Ley Nº 24.557 se ha dado en denominar cuotas omitidas, teniendo por tales a aquellas que hubiera debido pagar el empleador a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo desde que estuviera obligado a afiliarse.

Que de los registros obrantes en esta S.R.T. y de los expedientes individualizados en el VISTO, surge que la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS debía obligatoriamente afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su libre elección a partir del 1º de enero de 1997, de acuerdo a la expresa directiva que en tal sentido plasmo el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el Decreto Nº 719/96 antes citado, no habiendo cumplido con tal exigencia.

Que la mora en cumplimentar tal obligación, ha generado el devengamiento, desde la fecha indicada, de las cuotas omitidas cuyo cobro se procuró infructuosamente; tal como surge de las constancias documentales glosadas en las actuaciones administrativas aludidas.

Que de acuerdo a lo previsto en el articulo 33 de la Ley Nº 24.557 y el artículo 10 de su Decreto Reglamentario Nº 491/97, compete a esta SUPERINTENDENCIA la administración del Fondo de Garantía, teniendo en consecuencia el deber liminar de implementar los cursos de acción necesario para preservar los bienes que lo integran o que deban ingresar a él, en tanto la afectación de tales bienes tiene asignado un fin especifico de relevante interés social, como es el de financiar el otorgamiento de las prestaciones previstas en la Ley Nº 24.557 ante el supuesto de ser declarada judicialmente la insuficiencia patrimonial del empleador no asegurado.

Que ante el resultado negativo obtenido tras las gestiones de cobro de las cuotas omitidas adeudadas, ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, se encuentran configurados los presupuestos previstos por la Ley Nº 19.983 y su Decreto Reglamentario Nº 2481/93 a fin de perseguir la cancelación de los créditos insatisfechos a través del procedimiento establecido por el plexo legal indicado.

Que la Subgerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que le confiere el articulo 33, apartado 3. y el articulo 36, apartado 1., inciso c) de la Ley Nº 24.557.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.– Promover contra la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS el reclamo de pago por las cuotas omitidas adeudadas al Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, encomendando a la Subgerencia de Asuntos Legales de esta SUPERINTENDENCIA a que, a través del Departamento de Asuntos Contenciosos y Judiciales, entable por ante la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION el correspondiente reclamo conforme el procedimiento establecido por la Ley Nº 19.983 y su Decreto Reglamentario Nº 2481/93, por la suma de PESOS UN MILLON NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ( $ 1.099.067.50) según surge del certificado de deuda obrante en las presentes actuaciones.

ARTICULO 2º.– Regístrese, comuníquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION S.R.T. Nº: 561/01
DR. DANIEL MAGIN ANGLADA
A/C SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

BUENOS AIRES, 26 DE DICIEMBRE DE 2001

VISTO el Expediente del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 2627/00; las Leyes Nº 19.983 y Nº 24.557, los Decretos N° 2481 de fecha 9 de diciembre de 1993, Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997, y Nº 719 de fecha 28 de junio de 1996, y

Que de los registros obrantes en esta S.R.T. y del expediente individualizado en el VISTO, surge que la DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION debía obligatoriamente afiliarse a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo de su libre elección a partir del 1º de enero de 1997, de acuerdo a la expresa directiva que en tal sentido plasmó el PODER EJECUTIVO NACIONAL en el Decreto Nº 719/96 antes citado, no habiendo cumplido con tal exigencia.

Que ante el resultado negativo obtenido tras las gestiones de cobro de las cuotas omitidas adeudadas, ante la DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION, se encuentran configurados los presupuestos previstos por la Ley Nº 19.983 y su Decreto Reglamentario Nº 2481/93 a fin de perseguir la cancelación de los créditos insatisfechos a través del procedimiento establecido por el plexo legal indicado.

Que la Subgerencia de Asuntos Legales de esta S.R.T. ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones que le confiere el articulo 33, apartado 3. y el articulo 36, apartado 1., inciso c) de la Ley Nº 24.557.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º.– Promover contra la DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION el reclamo de pago por las cuotas omitidas adeudadas al Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, encomendando a la Subgerencia de Asuntos Legales de esta SUPERINTENDENCIA a que, a través del Departamento de Asuntos Contenciosos y Judiciales, entable por ante la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION el correspondiente reclamo conforme el procedimiento establecido por la Ley Nº 19.983 y su Decreto Reglamentario Nº 2481/93, por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 76.858,38) según surge del certificado de deuda obrante en las presentes actuaciones.

ARTICULO 2º.– Regístrese, comuníquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCION S.R.T. Nº: 562/01

DR. DANIEL MAGIN ANGLADA
A/C SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

BUENOS AIRES, 20 DE DICIEMBRE DE 2001

VISTO el Expediente del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T) N° 2171/01, la Ley N° 24.557, el Decreto N° 491 de fecha 29 de mayo de 1997, el Decreto N° 2662 de fecha 29 de diciembre de 1992, la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 215 de fecha 21 de julio de 1999, las Resoluciones S.R.T. N° N° 318 de fecha 29 de junio de 2001, y N° 375 de fecha 15 de agosto de 2001, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 35 de la LRT estableció que esta SUPERINTENDENCIA reviste el carácter de entidad autárquica en jurisdicción del entonces MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL de la Nación, actualmente MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Que el Decreto N° 2662/92 estableció un régimen de aplicación por parte de la Administración Pública Nacional, a los efectos de homogeneizar los procesos de autorización para la adquisición de bienes y servicios; y de aprobación de los actos a través de los cuales se contrate o adquiera tales bienes y servicios.
Que la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 215/99 modificó el Decreto N° 2662/92, introduciendo cambios en lo que respecta a las facultades jerárquicas y los respectivos montos de autorizaciones y aprobaciones establecidos para cada nivel.
Que en virtud del artículo 10 del Decreto N° 2662/92 corresponde a las Entidades Descentralizadas establecer su régimen particular de autorizaciones y aprobaciones, adecuándolo a las pautas generales contenidas en dicho decreto y a la normativa legal o estatutaria aplicable en cada caso.
Que el apartado 3 del artículo 33 de la LRT dispone que corresponde a esta SUPERINTENDENCIA la administración del Fondo de Garantía creado por la misma norma.
Que el apartado 4 del citado artículo 33 de la LRT dispone que los excedentes de este fondo serán administrados y utilizados en las condiciones que prevea la reglamentación.
Que en tal sentido el inciso a) del artículo 10 del Decreto N° 491/97 dispone también que la administración del Fondo de Garantía y sus excedentes será gestionada por esta SUPERINTENDENCIA, estableciendo en su artículo 11 la forma en que se determinarán los excedentes, y la forma de aplicarlos a los destinos indicados por la Ley.
Que a tales fines resulta procedente que los niveles de autorización guarden relación con los determinados por la Resolución SRT N° 375/01 para la adquisición de los bienes y servicios que requiera esta SUPERINTENDENCIA, con aplicación de fondos presupuestarios.
Que atendiendo al mencionado encuadramiento normativo, corresponde a esta SUPERINTENDENCIA establecer el régimen que debe aplicarse para la autorización y aprobación de las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios a realizarse con la afectación de los excedentes del Fondo de Garantía, el cual debe adecuarse a las prescripciones genéricas que resultan de las normas precedentemente mencionadas.
Que resulta menester destacar que el objeto de todas las contrataciones de servicios y adquisición de bienes que se lleven a cabo con afectación a los mencionados recursos excedentes del Fondo de Garantía, deberá encuadrar rigurosamente dentro de los destinos taxativamente previstos para los mismos, tanto por el artículo 33 de la Ley N° 24.557 como por el artículo 11 del Decreto N° 491/97.
Que resulta necesario que el nuevo régimen a adoptarse en materia de autorización y aprobación de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, se halle en consonancia con la organización funcional de esta SUPERINTENDENCIA, previendo asimismo y a tal efecto, los diferentes niveles de responsabilidad de los funcionarios que ocupan los principales cargos de su planta.
Que la Resolución S.R.T. N° 318/01 que aprobó la estructura orgánica funcional de esta SUPERINTENDENCIA, dispone que compete a la Subgerencia de Administración administrar los recursos físicos, patrimoniales y financieros de la entidad, incluyendo el Fondo de Garantía.
Que la norma proyectada recepta tales requisitos y condiciones, orientándose a favorecer una mayor eficiencia en los procesos de autorización y aprobación de las adquisiciones y contrataciones que se lleven a cabo en este Organismo con los excedentes del Fondo de Garantía.
Que la Subgerencia de Asuntos Legales de este Organismo ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente resolución se dicta en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto N° 2662/92 y del apartado 3 del artículo 33 de la LRT.

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1°– Apruébase los niveles determinados para autorizar los procesos de adquisición de bienes y servicios requeridos por esta SUPERINTENDENCIA; así como para aprobar los actos a través de los cuales se contraten o adquieran tales bienes y servicios, con aplicación de fondos provenientes de los excedentes del Fondo de Garantía, de conformidad con lo que resulta del Cuadro del Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución. Los mencionados niveles regirán a partir de la fecha de la presente. Las adquisiciones o contrataciones cuyos importes superasen los montos de aprobación y autorización consignados en el Anexo I, se regirán por las estipulaciones previstas en la Decisión Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros N° 215/99, mediando en todos los casos la intervención de la Subgerencia de Administración de esta SUPERINTENDENCIA, en su carácter de administradora de los recursos físicos, patrimoniales y financieros del Fondo de Garantía.

ARTICULO 2°– Dispónese que los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios que realice esta SUPERINTENDENCIA con aplicación de fondos provenientes de los excedentes del Fondo de Garantía, se adecuarán a los principios de la normativa general aplicable a los Organismos Descentralizados del Sector Público Nacional, y se ajustarán a las disposiciones reglamentarias y procedimientos que establezca este Organismo, en función de asegurar la transparencia, economía, eficiencia y eficacia de la gestión que a tal efecto se cumpla, debiéndo encuadrarse rigurosamente dentro de los destinos taxativamente previstos para el uso de los aludidos excedentes, tanto por el artículo 33 de la Ley Nº 24.557 como por el artículo 11 del Decreto Nº 491/97.

ARTICULO 3°– Determínase que respecto a lo previsto en artículo 3° del Decreto N° 2662/92 resultará de aplicación el artículo 1° de la presente Resolución.

ARTICULO 4°– Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archívese.

RESOLUCIÓN S.R.T. N°: 557/01

DR. DANIEL MAGIN ANGLADA
A/C SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

ANEXO I

MONTO
AUTORIZA
APRUEBAN

Hasta $ 300
Jefe de Departamento o de Unidad
Subgerente de Administración y Subgerente de área

Hasta $ 1.000
Subgerente de Area
Subgerente de Administración y Gerente de Area

Hasta $ 10.000
Gerente de Area
Subgerente de Administración y Gerente General

Hasta $ 700.000
Gerente General
Subgerente de Administración y Gerente General

Hasta $ 1.000.000
Superintendente de Riesgos del Trabajo
Subgerente de Administración y Superintendente de Riesgos del Trabajo

30/11/2001 – Sentencia de la CNTrab. – Sala VIII.

Reclamo de indemnización por la Vía Civil, arts. 1113, 1119, 1068 y ccs. del CC. Constitucionalidad de los arts. 1° y 39 de la LRT.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de noviembre de 2001, se reúnen en acuerdo los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y, de acuerdo con el resultado del sorteo realizado, proceden a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN CARLOS E. MORANDO DIJO:

I.- La sentencia de primera instancia declaró la inconstitucio-nalidad de los arts. 1º y 39 de la Ley 24557 y condenó a Tarsa Construcciones S.A.C. y a Provincia A.R.T. en forma solidaria a resarcir al actor, en los términos de los arts. 1113, 1119. 1068 y c.c. del Código Civil, las secuelas derivadas del accidente de trabajo sufrido. Vienen en apelación la parte actora, la demandada Tarsa S.A. y la aseguradora Provincia A.R.T. y, respecto de la regulación de honorarios, las representaciones letradas de estas últimas.

II.- El actor se queja porque considera insuficiente el monto indemnizatorio. La demandada Tarsa Construcciones S.A. se agravia por la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1º y 39 de la Ley 24557;; por el monto de condena establecido, por haber omitido el sentenciante evaluar las impugnaciones que formuló al informe médico; por entender que la máquina que manipuló el actor no constituye una cosa riesgosa y por la forma en que fueron impuestas las costas del proceso. La aseguradora Provincia A.R.T. se queja por haber decretado el “a quo” la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1º y 39 de la L.R.T., por la condena solidaria que recayó en ella y por las regulaciones de honorarios de su propia representación letrada y de la totalidad de los peritos actuantes.

III.- Razones de buen método aconsejan analizar en primer término el agravio relacionado con la declaración de inconstitucionalidad de los artículos ya citados de la Ley 24557.

Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la cuestión al sentenciar en los autos “Avalo, Gregoria c. Bagley S.A.”, causa 8991/98; “Vallejos, Carlos c. Rigesin Labs S.A., causa 28330, “Lazarte, Patricia y otros c. A.F.I.P., causa 26888/98 y “Villalba, Alberto c. Guillermo Decker S.A. y Otros”. En adelante me he de referir a lo que considero es una síntesis comprensiva de lo allí dicho.

En nuestro ordenamiento jurídico el control de constitucionalidad de las leyes es difuso y circunscripto a cada caso concreto. Ello significa que no existe un tribunal competente para conocer de impugnaciones generales, con base constitucional, de las normas de rango inferior, y para dejarlas sin efecto, con ese carácter, cuando resultan violatorias de la Constitución, sino que esa atribución es ejercida por todos los jueces -y en última instancia, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, y que ellos no emiten declaraciones genéricas, sino pronunciamientos específicos con efectos para la causa, y en la medida en la que la descalificación de las normas cuestionadas resulte necesaria para asegurar el goce de una garantía reconocida por el texto constitucional. En otras palabras, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es instrumental al reconocimiento de un derecho constitucionalmente garantizado, por constituir un obstáculo cuya remoción es necesaria a ese fin.

Como todas las obras humanas, la Ley de Riesgos de Trabajo (L.R.T.) contiene aciertos y errores y muchas de sus disposiciones merecen ser revisadas a la luz de la experiencia de su aplicación y de las objeciones – aún de las puramente dogmáticas- emanadas de sus críticos. Ello no significa que las normas objetables sean inconstitucionales, ni, por cierto, que lo sea globalmente el sistema escogido. No sólo porque, como inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo afirma, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del ordenamiento jurídico – ésto es, el único recurso del juez para evitar el desconocimiento del ordenamiento institucional o de las garantías que la Carta Magna reconoce a los particulares -, sino porque los juicios relacionados con la oportunidad y conveniencia de las normas regulatorias de parcelas de la realidad social, son del resorte exclusivo del Poder Legislativo. Los jueces no son censores del acierto o error de la legislación. Ejercen una función correctiva, caso por caso y a requerimiento de los afectados, de aquéllas que avanzan sobre los derechos que, por encontrarse protegidos por garantías constitucionales, sólo pueden ser objeto de reglamentación legislativa en cuanto no se los desconozca o desnaturalice.

Preside el razonamiento crítico que se ha generalizado, una descalificación doctrinaria: se deplora que el sistema de la Ley de Riesgos de Trabajo, globalmente, contraríe las tendencias actuales de los sistemas de responsabilidad civil, lo que soslaya que el régimen de la L.R.T., a diferencia de las leyes 9688 y 24028, no se propone reglamentar un supuesto específico de responsabilidad civil, sino avanzar hacia la inclusión en el marco protectorio de la seguridad social de la atención de una contingencia social típica, como lo son los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Este enfoque oscurece la circunstancia esencial de que lo que ofrece a los afectados no es el derecho a la reparación de ciertos siniestros conforme a las técnicas de la responsabilidad civil individual, sino prestaciones propias de la seguridad social como respuestas a las citadas contingencias.

Como ha dicho VAZQUEZ VIALARD: ” …Por nuestra parte, estimamos que la L.R.T. (salvo en algunos de sus aspectos en que cabe formular una crítica), no discrimina en perjuicio del trabajador; sí fija un régimen de reparación especial, lo que, en principio, no está prohibido, ni constituye un desconocimiento del derecho de aquéllos. El legislador puede establecer distintas categorías legales, las que no afectan el principio de igualdad ante la ley, en la medida que las mismas no tengan un propósito persecutorio, situación que entendemos no se da, en la medida que el trabajador tiene derecho a percibir la reparación del daño sufrido de acuerdo con parámetros razonables”. “Consideramos, con especial referencia a la cuestión que analizamos, que es importante distinguir (a fin de evitar confusiones) entre la “conveniencia” de la norma desde el punto de vista del interés común y de cada uno de los sectores involucrados (aún en el caso que la misma establezca un nuevo régimen menos favorable para el trabajador que el anterior sustituido), de su inconstitucionalidad (sea por violar un precepto de esa índole o por su irrazonabilidad). Obviamente, el primer tema, cuyo análisis le está vedado hacer al juez, corresponde al ámbito de la competencia del legislador que, al efecto, debe valorar los intereses de la comunidad global por encima de los de los distintos sectores involucrados. Por lo tanto, no toda crítica que pueda formularse al esquema legal (que pudo ser mejor y, que es deseable que lo sea en un futuro inmediato), puede hacer referencia a su incompatibilidad con los principios receptados por la Constitución Nacional”. “A fin de comparar dos regímenes legales, condición indispensable para determinar si la exclusión en uno de ellos de un aspecto determinado, constituye una discriminación arbitraria, en cuanto es menos favorable para una de las partes a la que se le impide acceder a lo que concede el otro, se requiere tomar en cuenta la totalidad de los mismos y no sólo parcialidades. Si bien la ley 24557 – salvo el caso de que el daño hubiera sido producido por una actitud dolosa del empleador- le cierra al trabajador el acceso al reclamo por la vía civil, le ofrece una serie de ventajas comparativas que deben tenerse en cuenta a fin de formular un análisis de la situación planteada para determinar si realmente se da un trato arbitrario. La vía del Código Civil, de acuerdo con las anteriores leyes en vigencia (art. 16, 9688 y 16, 24028), le significaban al trabajador renunciar a la acción especial. Esta última, en forma inmediata, le brinda una prestación tanto en especie, como en dinero, que no lo obliga a desembolsar importe alguno de su peculio, situación distinta a la que se encuentra quien acciona por la vía civil que debe adelantar los gastos respectivos y, vencidos los plazos a que se refiere el art. 208 L.C.T., no percibe ninguna compensación por la falta del pago de salario (ante su imposibilidad para cumplir con su prestación), por lo que los respectivos importes (en realidad, el derecho a percibirlos), están sujetos al dictado de una sentencia (por lo común, luego de un plazo de dos años que suele insumir la promoción de un juicio de esa índole), cuyo cumplimiento efectivo depende de la solvencia del deudor”. (ver Revista “Trabajo y Seguridad Social”, año 1997, pág. 710)

El legislador, que no estaba obligado a proceder de otra manera, consideró conveniente, tal como lo hizo, a partir de la sanción en 1915 de la Ley 9688 y, en el ínterin, con la de leyes modificatorias y, en 1992, con la de la Ley 24028, que la sustituyó, regular en especial un supuesto perfectamente individualizable en el universo de los posibles damnificados por eventos dañosos: el de los trabajadores víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, sustrayéndolos, en principio, y en beneficio de los propios interesados, del régimen común de responsabilidad civil. En la medida en que, hasta la aparición de la Ley 24557, contra la opinión de calificada doctrina, nacional e internacional, mantuvo esa regulación como un capítulo de la responsabilidad civil, decidió, sin que para ello lo constriñera principio constitucional alguno, permitir la subsistencia residual de las reglas generales, para los supuestos de daños derivados de dolo o negligencia del empleador -Ley 9688-, o acumular a ellos los causados por el riesgo o vicio de cosas de las que aquél fuera dueño o guardián. La Ley 24557 no establece un subsistema de responsabilidad civil, sino un fragmentario esbozo de seguridad social, e impuesto a los empleadores públicos o privados, la carga de asegurarse, trasladando a las agencias privadas gestoras del sistema la de hacerse cargo de las prestaciones. El trabajador tiene asegurada, desde la producción misma de las contingencias cubiertas, la percepción de una prestación sustitutiva del salario, la asistencia médica curativa, la provisión de medicamentos, la rehabilitación. Producido un daño permanente, las indemnizaciones tarifadas. Todo ello, sin la incertidumbre, propia de las acciones fundadas en el Código Civil, de insolvencia de los responsables. No me parece que se trate de una regulación que, con propósitos persecutorios, sustrae a los trabajadores y otros beneficiarios de lo que ofrece a la generalidad de los ciudadanos, que no gozan de los beneficios del sistema que crea. Se trata de una aplicación práctica de la regla de la igualdad, tal como ha sido diseñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: trato igual a los iguales en iguales circunstancias. Frente a sujetos ubicados en circunstancias diferentes, con necesidades urgentes, que la propia Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, ha diferenciado como dignos de especial protección, el trato igual, que por imperativo lógico no debería incluir las prestaciones de la Ley 24557, implicaría privarlos de bienes que deben llegarles oportunamente, con lo que, en los hechos, se violaría el espíritu del art. 16 de la Constitución Nacional. La regla alterum non laedere, interpretada con el alcance que se le atribuye en el ilustrado voto precedente, proscribe la impunidad, pero no limita al legislador en la elección, para diversas categorías de sujetos, de sistemas especiales de protección.

Por ello, propongo en este voto: a) se rechace la demanda entablada. 2) se deje sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios (art 279 del CPCCN) 3) se impongan las costas del proceso en el orden causado en atención a que el actor pudo considerarse con mejor derecho para litigar (art. 68 CPCCN) . 4) Se regulen los honorarios …. 5) Se regulen los honorarios de los profesionales que actuaron en la Alzada en el 25% de lo que en definitiva le corresponda a la representación y patrocinio letrado de la parte respectiva, por su intervención en la instancia anterior.

El DR. HORACIO V. BILLOCH DIJO:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto precedente.

Por ello, el TRIBUNAL RESUELVE:

Rechazar la demanda entablada;
Dejar sin efecto lo resuelto sobre costas y honorarios;;
Imponer las costas del proceso en el orden causado .-
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.-

FDO.: MORANDO – BILLOCH

BUENOS AIRES, 26 DE NOVIEMBRE DE 2001

VISTO el Expediente del Registro de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 0929/98, los artículos 32 y 36 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557, el artículo 58 de la Ley de Seguros N° 20.091, y la Resolución S.R.T. N° 060 de fecha 17 de junio de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que resulta facultad de esta S.R.T., conforme al apartado 1 incisos b) y d) del artículo 36 de la Ley Nº 24.557, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) y los empleadores autoasegurados, así como requerir a los mismos toda información o documentación que resulte menester a tal efecto.

Que para el ejercicio de dicha función, le corresponde a esta S.R.T. la realización de auditorías médicas dirigidas a controlar el otorgamiento integro y oportuno de las prestaciones en especie que deben brindar a los trabajadores damnificados, las A.R.T. y empleadores autoasegurados.

Que a tal efecto, esta S.R.T. debe contar indispensablemente con la información adecuada y oportuna que corresponde proporcionar a las A.R.T. y empleadores autoasegurados.

Que resulta necesario, en virtud de los hechos que son de público conocimiento, complementar el listado de patologías que resultan prioritarias para este Organismo y que son objeto de auditorias médicas por parte de esta Superintendencia en cuanto a las prestaciones en especie que deben brindar las A.R.T. y los empleadores autoasegurados, incorporando al ANEXO I de la Resolución SRT Nº 60/98 la patología “Antrax” (Bacillus Anthracis – Carbunclo).

Que el cambio propiciado, tiene como finalidad incorporar al control de dichas prestaciones en especie, los accidentes laborales que pudieran ocurrir en relación con el agente considerado.

Que a los efectos de incorporar la citada patología en el listado de patologías a denunciar, resulta necesario modificar la Resolución S.R.T. N° 060/98 que fuera dictada oportunamente por este Organismo.

Que la Subgerencia de Asuntos Legales, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 36, apartado 1 incisos b) y d) de la Ley N° 24.557.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE RIESGOS DEL TRABAJO

RESUELVE:

ARTICULO 1º.– Incorpórese al listado de patologías a denunciar descripto en el ANEXO I de la Resolución SRT Nº 60/98 la patología “Antrax” (Bacillus Anthracis – Carbunclo).

ARTICULO 2°.– Dispónese que la presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 3º.– Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y archívese.

RESOLUCION S.R.T. N°: 526/01

DR. DANIEL MAGIN ANGLADA

A/C SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

Bs. As., 22/11/2001

VISTO la Ley Nro. 25.246, y

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 8°, de la Ley N° 25.246 establece que la Unidad de Información Financiera (UIF) creada por el artículo 5° de dicho cuerpo legal, está integrada por ONCE (11) miembros seleccionados de la forma que se indica en sus artículos 8° y 9°.
Que en las actuales circunstancias, agravadas por los hechos acontecidos a nivel mundial a partir del 11 de septiembre del corriente año, resulta necesario adecuar las normas contenidas en la ley mencionada, con el objeto de combatir al crimen organizado en todos los frentes y lograr una mayor eficacia, así como la más rápida reacción, frente a las cambiantes acciones y metodologías de la delincuencia internacional.
Que, con el objeto exclusivo de dar eficiencia a su administración y de conformidad con lo previsto en el artículo 1° apartado I, inciso f) de la Ley N° 25.414, toda vez que la Unidad de Información Financiera tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información referente al lavado de activos de origen delictivo, sin reemplazar a los Organismos de control de los sujetos obligados mencionados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246. Además, al mantenerse en vigencia las restantes normas contenidas en la ley precitada, no resultan afectados los intereses legítimos y derechos subjetivos de los administrados.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el apartado I inciso f) del artículo 1° de la Ley N° 25.414.

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 25.246, por el siguiente:
“Artículo 8° – La Unidad de Información Financiera estará integrada por CINCO (5) miembros, de acuerdo a las siguientes pautas:
a) UN (1) funcionario del Banco Central de la República Argentina;
b) UN (1) funcionario de la Comisión Nacional de Valores;
c) UN (1) experto en temas relacionados con el lavado de activos de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación;
d) DOS (2) expertos financieros, penalistas, criminólogos u otros profesionales con incumbencias relativas al objeto de esta ley.
Los miembros mencionados en los incisos a), b) y c) precedentes, serán seleccionados mediante concurso interno del organismo respectivo, cuyo resultado deberá ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional, como propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente designación.
Los expertos mencionados en el inciso d), serán seleccionados, mediante concurso público de oposición y antecedentes por una Comisión ad Hoc, que será integrada de la siguiente manera: 1. Dos miembros del Consejo de la Magistratura, elegidos por sus pares, con una mayoría de dos tercios; 2. Dos funcionarios del Ministerio Público, elegidos por el Procurador General de la Nación; 3. Un miembro del Directorio del Banco Central de la República Argentina, elegido por sus pares, con una mayoría de dos tercios; 4. Un miembro designado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 5. Un miembro designado por la Comisión Nacional de Valores; 6. Un miembro designado por el Ministerio de Economía.
Realizado el concurso público de antecedentes y oposición, el resultado del mismo deberá ser elevado al Poder Ejecutivo Nacional, como propuesta vinculante, a los fines de la correspondiente designación”.

Art. 2° – Sustitúyese el inciso c) del artículo 9° de la Ley N° 25.246, por el siguiente:
“c) Los nombres de aquellos que aprueben los exámenes que evaluarán tanto la formación teórica como práctica, serán publicados durante CINCO (5) días en el Boletín Oficial y en DOS (2) diarios de alcance nacional, quedando por el término de QUINCE (15) días corridos, luego de la última publicación, sujetos a las impugnaciones que pudieran realizarle cualquier ciudadano, grupo de ciudadanos, entidades intermedias o persona jurídica.
La Comisión Ad Hoc deberá prever en su reglamento de concursos, las normas que regulen las impugnaciones.”

Art. 3° – Sustitúyese el artículo 10 de la Ley N° 25.246, por el siguiente:
“ARTICULO 10 – Los miembros de la Unidad de Información Financiera tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, alcanzándoles las incompatibilidades y/u obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los DOS (2) años posteriores a su desvinculación de la Unidad de Información Financiera, las actividades que la reglamentación precise en cada caso ni tampoco tener interés en ellas.
Los miembros de la Unidad de Información Financiera durarán CUATRO (4) años en su cargo, lapso que podrá ser renovado en forma indefinida.
Podrán ser removidos de sus cargos cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones, grave negligencia, por la comisión de delitos dolosos de cualquier especie o por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación. El procedimiento de remoción estará a cargo del Tribunal de Enjuiciamiento creado por la presente ley. Dicho Tribunal estará integrado por TRES (3) miembros, ex magistrados, destinados por sorteo por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La intervención como integrante del Tribunal, constituirá una carga pública.
El procedimiento ante el Tribunal se realizará conforme a la reglamentación que deberá respetar el debido proceso legal adjetivo y la defensa en juicio”.

Art. 4° – Sustitúyese el artículo 16 de la Ley N° 25.246, por el siguiente:
“ARTICULO 16 – El Plenario de la Unidad de Información Financiera formará quórum con TRES (3) de sus miembros y adoptará las decisiones por mayoría absoluta de los miembros presentes”.

Art. 5° – A los fines de la designación por el Poder Ejecutivo Nacional, de los miembros de la Unidad de Información Financiera mencionados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 8° de la Ley N° 25.246, se tendrá por válido todo lo actuado hasta el presente por los organismos correspondientes y la Comisión Ad Hoc, en lo referente a los respectivos concursos.

Art. 6° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. – DE LA RUA. – Chrystian G. Colombo. – Jorge E. De La Rúa. – Nicolás V. Gallo

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