Transitando el tercer año de la reforma

 

Por Mara Bettiol, Presidente de UART

En el marco de los objetivos institucionales de UART, se destaca el monitoreo estadístico de la performance del sistema, en el que hay buenas y no tan buenas noticias. Los logros e importantes avances conseguidos podrían trastabillar, si la reforma no concluye con una medida pendiente, en cabeza del Poder Judicial, inconcebiblemente demorado a 27 meses de la sanción de la norma.

Transitando ya el tercer año desde la puesta en vigencia de la Ley 27.348, los institutos creados por la misma – Baremo como tabla de medición de incapacidades y Comisiones Médicas como instancia administrativa previa al juicio – se revelaron como poderosos instrumentos para acotar la dramática litigiosidad que amenazaba la competitividad del sistema laboral argentino. El flujo de juicios disminuyó enfáticamente en las provincias y jurisdicciones adheridas (38% en 2018 vs 2017 y 38% en el 1° Trim. 2019 vs. 2018), en tanto sigue en franco aumento el ingreso de juicios en la Provincia de Santa Fe, en la que la adhesión está aún hoy pendiente.

De hecho, según los últimos datos procesados, Santa Fe encabeza el ranking en cantidad de juicios. En la comparación nacional, Santa Fe con 1723 juicios en marzo, multiplica por 4 veces la cantidad de demandas que se presentaron en Mendoza (423) y la cantidad de casos que ingresaron en Córdoba (423). Y supera a CABA y PBA en 25% y 20%, respectivamente, a pesar de los muy diferentes tamaños de las tres economías. Numerosas voces de los más variados sectores productivos y de servicios de la provincia se han levantado solicitando la adhesión a la ley de modo de contener esta avalancha que pone en evidencia la ausencia de instrumentos que, lejos de cercenar los derechos de los trabajadores, garantizan mayor celeridad en el proceso sin bloquear la potestad a recurrir judicialmente, si el trabajador siniestrado no aceptara convalidar el diagnóstico de la Comisión Médica actuante.

Otro aspecto pendiente, en este caso por parte de la Justicia, es la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses o Periciales, previstos en el art. 2 de la Ley 27.348. Integrados por profesionales convocados por concurso, con honorarios desacoplados del monto de la sentencia, que actúen guiados por el Baremo como regla de medición previsible y equitativa del daño. ¿Por qué resulta impostergable e ineludible su constitución? Porque del stock de juicios analizados por UART en febrero 2018, un tercio de ellos presentaban un adicional de 17.5 puntos porcentuales de incapacidad respecto del Baremo. Si esa discrecionalidad sin basamento se aplicara al resto de los juicios en stock, el sistema quebraría como consecuencia de un brutal desfasaje entre las primas cobradas por las aseguradoras y los pasivos a afrontar. En este sentido, y sin estos cuerpos a nivel de cada jurisdicción, la reforma está a mitad camino. Todo lo antedicho sobre el tratamiento pericial del stock de juicios, también tiene su impacto en los nuevos trámites, ya que de la pericia judicial finalmente dependerá si prosperan o no las nuevas demandas.

Todo lo anterior se agrava con el valor de las tasas de interés que aplican los diferentes juzgados o jurisdicciones. Además de la heterogeneidad e incertidumbre que esto agrega, son valores que están desfasados de cualquier variable económica. El abuso ha llegado a grado tal que la CSJN en el caso Bonet, ha mandado a la Sala III de la CNAT a dictar nueva sentencia, teniendo en cuenta las consideraciones de la tasa aplicada.

Así como se advierte sobre los pendientes de la Justicia, son de destacar aspectos virtuosos de su actuación. Numerosos son los fallos favorables de diversas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que rescatan el espíritu de la Ley 27.348 y los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aportan claridad rectora a la jurisprudencia.

En la lógica de seguir sumando al análisis aspectos que hacen al buen funcionamiento del sistema, no puede eludirse la discusión sobre una tarifa técnica sustentable. El sistema ha venido haciendo su aporte de mejora continua con el incremento de indemnizaciones y una alícuota decreciente, que se ubica en un promedio por debajo del 3% de la nómina salarial. El escenario actual de devaluación e inflación que impacta en los insumos médicos, más los costos que adiciona el tratamiento del stock de demandas y la evolución de las tasas de interés genera un descalce tal que hace infinanciable el sistema.

Para finalizar, es útil compartir algunos datos que dan cuenta del marco general en el que se propone este análisis. El sistema de ART cubre a 9.750.000 trabajadores y 1.000.000 de empleadores. En prevención, la tarea realizada evitó 10.800 fallecimientos con una caída en el índice del 74%. Fruto de una encuesta realizada a lo largo de los últimos 7 años, se confirmó la muy buena ponderación que despierta el sistema, entre empleadores y trabajadores.

Estos datos objetivos y la disminución a nivel país en la notificación de nuevas demandas alientan a seguir trabajando para la sustentabilidad y la mejora del sistema en la certeza de que los desafíos planteados son metas absolutamente alcanzables si se trabaja mancomunadamente.

(Nota publicada en Revista Todo Riesgo – Mayo 2019)