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29/10/2021 Revista Informe Operadores de Mercado

25 años de Trabajo y Resultados

Entrevista a Mara Bettiol
Presidente de la UART

Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), reflexiona sobre la actualidad y evolución del sistema.

– A 25 años de la creación del Sistema de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557), ¿cuál es su balance en cuanto a prevención, resultados, logros y asignaturas pendientes? – En estos 25 años el Sistema de Riesgos del Trabajo ha experimentado un proceso de mejora continua que se evidencia en números concretos. Casi 10 millones de trabajadores y 1 millón de empleadores protegidos, para una cobertura que hoy es un aspiracional para los trabajadores que no cuentan con ella. Encuestas anuales evidencian un nivel de satisfacción creciente para aquellos que cuentan con la cobertura y que debieron recibir atención por algún accidente o enfermedad profesional. Asimismo, un esfuerzo en prevención, capacitación y asesoramiento permanente que evoluciona de acuerdo con las características del mercado laboral, los avances tecnológicos, y las situaciones que se van planteando. Todo este esfuerzo conjunto de trabajadores, empleadores, ARTs y el Estado, nos permite destacar hoy que desde el sistema salvamos 14 mil vidas sólo por el descenso logrado en los índices de fallecidos.

Pero sin lugar a dudas, la pandemia fue un punto de inflexión que gracias al nivel de informatización existente, la atención en las diversas plataformas, la elaboración de nuevos protocolos y la tecnología disponible, permitió no sólo sostener la cobertura de las contingencias vinculados al trabajo sino además sumar respuestas, contención y atención del COVID como nueva patología extraña y ajena al sistema. Una vez más, el sistema respondió a la altura de las circunstancias.
Definidos los logros y las complejidades que el sistema supo superar, la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses (CMF) sigue siendo una asignatura pendiente.
Ya más de cuatro años desde que, con la reforma L.27.348, se definió la importancia de su constitución para ordenar y contener desvíos y dislates periciales. Un pendiente, cuya responsabilidad está en cabeza de las máximas autoridades judiciales de cada provincia y en el caso de CABA de la CSJN, que amenaza la sustentabilidad misma del sistema y deja espacio al crecimiento de la litigiosidad.

– Tras el Decreto 367/20 que declaró al Covid-19 como enfermedad profesional no listada, ¿cómo evalúa el impacto y la respuesta del Sistema en general y de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo en particular durante 2020 y 2021? – La crisis pandémica fue un evento súbito vinculado a una patología desconocida. La colaboración permanente, el trabajo conjunto sobre la base de consensos que se activó de modo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, la Superintendencia de Seguros de la Nación y las ART fueron la clave para lidiar con esta circunstancia excepcional que puso en seria tensión a toda la ciudadanía y a los actores económicos del país con la reconfiguración de rutinas para trabajadores esenciales y el advenimiento del teletrabajo masivamente mientras duró el ASPO y DISPO.

Precisamente, durante 2020 y gracias a una revolución cuanticualitativa en todas las áreas de atención se brindaron 5 millones de prestaciones asistenciales y se produjeron en paralelo 26 millones de acciones virtuales en prevención más múltiples programas de prevención y capacitaciones con enfoque federal.

Para responder médicamente, se incorporaron módulos de aislamiento en sanatorios, clínicas y unidades no hospitalarias medicalizadas en hoteles, más seguimiento domiciliario de pacientes que cursaban la infección en sus casas. Se desarrolló un protocolo operativo de gestión interna para la atención médica integral, desde la recepción de la denuncia hasta el alta, se entregaron kits de protección profesional para distintas especialidades (odontología, serología, etc.), se reforzaron los planteles médicos con clínicos, infectólogos inumunólogos, psicólogos, etc. La logística de atención se modificó radicalmente y la telemedicina asumió protagonismo.
Múltiples canales de atención 24×7 y ampliación de red de prestadores. Todo lo cual, fue concretado en tiempos récord para la atención, contando al 08/10/21 de más de 436 mil casos COVID positivos.

– ¿Cómo analiza los últimos fallos de la Corte Suprema de Justicia que han vuelto a respaldar la aplicación del Baremo de Ley como única herramienta para determinar la incapacidad surgida de un accidente de trabajo? – Sin lugar a dudas, son destacables las más de dos docenas de fallos de CSJN que han validado aspectos clave de la reforma de 2017.

El aval a instrumentos consagrados por la Ley 27.348 como el Baremo (Fallo Seva) como única tabla de objetivación del daño y las Comisiones Médicas como la instancia previa obligatoria a la causa judicial (Fallo Pogonza), sin por ello vulnerar el derecho del trabajador de litigar, vienen a poner orden y a guiar el accionar de la justicia en instancias inferiores corrigiendo criterios que se hubieran apartado de la norma.

No obstante, es también de mencionar el sobrecosto que los dislates periciales, las sentencias mal fundamentadas y los porcentajes exorbitantes de incapacidad otorgados generan en todo el sistema de trabajo argentino, más allá de la seria amenaza que provocan a la sustentabilidad misma del sistema de Riesgos del Trabajo – ¿Cuál es hoy la situación del Sistema en materia de litigiosidad y siniestralidad? ¿Cuál es actualmente la adhesión de las provincias a la Ley Complementaria 27.348? – Tenemos una buena adhesión a la L.27.348 con 15 provincias más CABA, lo que en conjunto representa el 94% de la masa judicial. No obstante, la demora en la constitución del CMF abre una grieta para que, con honorarios periciales atados al monto de la sentencia, se generen incentivos para la litigiosidad acompañado por un aumento injustificable de las incapacidades que no guardan relación con el Baremo.

Luego de la reforma, la litigiosidad recorrió un camino descendente con 39% menos juicios en 2018 respecto de 2017.
En 2019, la baja fue del 15%. En 2020, año muy atípico por cierto dado que el ASPO generó una suerte de tapón, la baja fue del 34%. Pero ya para 2021 proyectamos una suba del 87% con 50.788 juicios a Agosto 2021 contra 44.667 para todo el año 2020.

– En julio 2021 ha sido reelegida y ha iniciado su noveno ciclo como Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), ¿cuáles son los principales desafíos y objetivos que plantea para su actual gestión? – Hay mucha tarea para realizar. Nuestro principal objetivo como entidad es velar por el cumplimiento dela ley y, en este sentido, seguiremos peticionando ante la Justicia a fin de que se conformen lo CMF como cuerpo especializado de peritos convocados por concurso y remunerados por acto médico. Entendemos que cada año que pasa sin su constitución se generan enormes perjuicios en el sistema de riesgos de trabajo. También queremos echar luz sobre el problema de la infra tarifación crónica del sistema, agravada por la litigiosidad, y sobre la brecha entre la tasa de actualización de pasivos judiciales y el rendimiento de las inversiones en cartera de las aseguradoras.

Insistimos en que debe haber una correlación eficiente entre servicios a brindar y financiamiento de los mismos.
Lo ideal además sería que no exista esa fuga de recursos permanente por la exacerbada e injustificada litigiosidad en un sistema que da respuestas en especie y dinerarias. Las primas deben guardar relación con los riesgos a cubrir, los costos deben ser predecibles.

– ¿En qué consiste el Programa Prevenir, de Seguridad y Salud Ocupacional, y cuáles fueron sus resultados y repercusiones? – El Programa Prevenir, realizado por UART y coordinado por FISO, despliega múltiples acciones focalizadas en seguridad ocupacional, gratuitas, con criterio amplio abordando estrategias de prevención de riesgos para múltiples áreas de la economía y enfocadas con visión federal. Las mismas toman forma de seminarios, cursos virtuales, benchmarking y el congreso anual que se encuentra ya en su 11° Edición y por segundo año consecutivo llevamos adelante en modo virtual.

Con nuevos temas y contenidos y el apoyo hoy de más de 38 instituciones nacionales, el programa se caracteriza por una fuerte impronta federal y la participación de 32.000 personas en todo el país.

Concebido para los profesionales de Higiene y Seguridad, aborda temáticas tan variadas como el COVID, la seguridad vial, la seguridad con maquinarias agrícolas, el uso responsable de los fitosanitarios, la ergonomía en la actividad frutihortícola, entre otras.

– ¿Cuál es su mirada en relación a la prevención de riesgos laborales desde el inicio del sistema a la actualidad y cuál es el enfoque que se le da desde la UART? – Respecto de prevención de riesgos, hemos recorrido un largo y productivo sendero, en el que la comunidad de objetivos entre trabajadores respetando las medidas de seguridad, empleadores implementando las mejoras, aseguradoras asesorando y atendiendo y el Estado regulando y fiscalizando, ha dado frutos. Las políticas y estrategias de prevención fueron evolucionando también en estos25 años con los cambios en los trabajos y los avances en las tecnologías. Esta focalización conjunta del tema permitió una baja sensible en los accidentes en ocasión del trabajo y -como ya dijimos previamente- una reducción de 80% en los fallecimientos, lo que significa 14 mil vidas salvadas. La pandemia también implicó un enfoque específico de la prevención para evitar contagios, tanto dentro de las propias aseguradoras, en nuestros proveedores y en las empresas clientes. Por eso se desarrollaron protocolos específicos cuya implementación permitió acotar los riesgos del trabajo presencial. – ¿Cuál es la agenda futura de UART en el corto y mediano plazo? ¿Cómo es la relación con la SRT y SSN? – Ya hablamos de la centralidad que tiene para nosotros la constitución de los CMF. Es un punto crucial. Resuelto esto, comenzará a despejarse el universo litigioso y podremos entonces pensar en la incorporación de más colectivos al sistema.

La relación con la SRT y con SSN es de colaboración permanente y de trabajo conjunto para abordar todos los desafíos que en 25 años de vida del sistema se han presentado.
– ¿Cuál es la posición de UART sobre el proyecto de ley para la creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo? – Es una herramienta que bien regulada e instrumentada es valorable porque todo lo que involucra la participación de las empresas y trabajadores en materia de prevención es esencial. En este sentido, es clave la opinión de las cámaras empresarias y sindicatos respecto de la iniciativa que promueve el PEN. Si bien no disponemos de números, se sabe que a hoy una buena proporción de trabajadores que desempeñan su tarea en empresas disponen de algún esquema de participación bipartita (empleador- trabajador). La base del sistema de riesgos del trabajo es la prevención, para ello la ley le provee diferentes herramientas, como el registro de siniestralidad, la posibilidad de establecer precios en función del riesgo, normas claras y cumplibles, roles definidos para empleadores, trabajadores, ART y para el Estado, todo ello hoy sitúa al sistema en un lugar privilegiado para seguir trabajando en prevención de accidentes y enfermedades laborales.

– A modo de conclusión, ¿qué aspecto clave desea poner en relieve? – Una super-síntesis de nuestro sistema. Es clave el cuidado de la solvencia y escindir de una vez la litigiosidad del sistema para que pueda seguir brindando cobertura y los servicios en tiempo y forma. En este sentido, el cumplimiento de la ley 27.348 por parte de las cortes provinciales es crítico, el esfuerzo que hemos hecho desde las ART, el Estado, las legislaturas provinciales y el Congreso Nacional, los empleadores, los trabajadores, merece que el Poder Judicial esté a la altura y cumpla de una vez con la previsión legal que prevé la constitución de los Cuerpos Médicos Forenses

Bettiol. “Es clave el cuidado de la solvencia y escindir de una vez la litigiosidad del sistema para que pueda seguir brindando cobertura y los servicios en tiempo y forma. En este sentido, el cumplimiento de la Ley 27.348 por parte de las cortes provinciales es crítico“.

El Cronista | Economía ¬ Política | Pagina 6 | 19 de Agosto 2021